Bibliotecario y archivero, dos
profesiones de hoy*
El día 20 de mayo de 1935, en plena
II República, José Ortega y Gasset pronunció en Madrid un discurso, publicado
después con el título de Misión del
bibliotecario. Fue con motivo de la apertura del segundo Congreso de la IFLA y constituye un magnífico ensayo, no sólo
sobre el concepto y funciones del libro y la misión de quienes han de organizar
los procesos técnicos de acceso a la lectura sino, en general, sobre la misión del hombre, tanto desde el
punto de vista personal como
profesional.
Siempre me ha impresionado comprobar
cómo, normalmente, las personas más sabias son al mismo tiempo humildes y, en
sus contactos cotidianos, así lo hacen, respetando al otro, valorando al otro. Al contrario, hay personas que creen saberlo todo y, por
supuesto, mientras consideran su propia profesión imprescindible no sienten el
menor sonrojo en sentenciar que otras tareas laborales (no las consideran profesiones) pueden ser desempeñadas por
cualquier persona sin más requisito que su buena voluntad o su nombramiento
para tal o cual función. En este sentido son admirables las palabras del
filósofo español, que se encontró en el programa del Congreso con ese “enorme y
pavoroso” título de Misión del
Bibliotecario, dijo que ”aceptarlo sin más sería una pretensión abrumadora”
y concluyó: “No puedo intentar enseñaros nada sobre las técnicas complejísimas
que integran vuestro trabajo, las cuales vosotros conocéis tam bien y que son
para mí hermético misterio”.
Sin duda en España dos de las profesiones
menos consideradas socialmente, sobre todo en las regiones menos desarrolladas
culturalmente, son las de bibliotecario y archivero. Y digo conscientemente dos profesiones, porque son distintas y,
aunque en el pasado fueran muchos los casos donde un mismo profesional ejercía
conjuntamente ambas profesiones, hoy el grado de especialización ha llegado a
tal nivel que es preciso separarlas, como de hecho está ocurriendo. Existe un
punto de partida ineludible: No podemos hablar de biblioteca sin hablar de bibliotecario y no podemos hablar de
archivo sin considerar al archivero. Estas
sencillas formulaciones parecen una perogrullada pero creo que es poner el dedo
en la llaga: hay mucha gente que no para de destacar el papel fundamental que
las bibliotecas tienen en la formación integral de la personas o que aceptan
que el archivo es fundamental para su Institución, pero luego, en la teoría o
en la práctica, piensan:
¿bibliotecarios?, ¿archiveros?
Son caros, no podemos seguir incrementando el capítulo I de los
presupuestos... Se precisan economistas, abogados, administrativos, maestros,
médicos, asistentes sociales, animadores socioculturales,
barrenderos...pero...bibliotecarios y archiveros...Cualquiera sirve para
ello. Por encima de las dificultades
presupuestarias, que sabemos existen, creo que está el concepto, su
consideración social y profesional.
Creo que nadie con un poco de
sentido común pensaría en un Centro de salud sin médico, ATS, etc. Igual que
nadie pensaría en poner en marcha un centro docente sin los correspondientes
profesores titulados y retribuídos adecuadamente. No ha sido así en el caso de
muchas bibliotecas públicas, especialmente municipales. Históricamente, la
Corporación municipal designaba a una persona para “encargarse” de la biblioteca
por algunas horas y “gratificaba” a ese “encargado” con pequeñas cantidades,
que servían para complementar su salario de maestro u otra profesión. En 1993
todavía más de la tercera parte de los bibliotecarios municipales eran
“colaboradores”, sin contrato ni seguridad social, muy pocas horas de trabajo y
unas retribuciones sonrojantes. Pero el resto, en la mayoría de los casos con
un contrato temporal, no tenía mucho mejor situación: titulados superiores
contratados y pagados como ordenanza o auxiliar administrativo, contratos de
media jornada que imposibilitan dar un buen servicio a los ciudadanos y vivir
de esa “profesión”, etc.
Por ello cuando, en octubre de 1991
la Consejería de Educación legisló los mínimos de las bibliotecas públicas
municipales en cuanto a superficies, colecciones, personal, etc. lo hizo con un
doble planteamiento: a corto y medio plazo contar con profesionales en todas
las bibliotecas. En las de localidades con población superior a 5.000
habitantes, que según la legislación de régimen local tienen obligación de
prestar el servicio público de biblioteca, el bibliotecario debería estar
contratado y retribuído como técnico de
bibliotecas; y en las bibliotecas de poblaciones menores a 5.000 habitantes, el primer
objetivo era contar con bibliotecarios estables, con formación adecuada y
contratado al menos como Auxiliar de
Bibliotecas, del grupo C de funcionarios. Este proceso está en marcha,
impulsado por la Consejería de Educación y Cultura mediante las ayudas a la
contratación de bibliotecarios municipales que han tenido lugar en los años
1994 y 1995. Pero falta mucho camino por recorrer. Y, por supuesto, en la
medida que la biblioteca pone en marcha nuevos servicios (fonoteca, etc.) el
número de personal debe ir creciendo paralelamente.
Los ayuntamientos ya son conscientes
de la importancia de contar con biblioteca pública en su localidad. No están
obligados a tenerla, y por eso la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha
que en su legislación ha planteado que existan bibliotecas en todas las
localidades mayores de 2.000 habitantes, ha
invertido en esos municipios,
construyendo casas de cultura o bibliotecas públicas. Pero la vida de esas
bibliotecas depende en gran parte de la voluntad de los propios municipios. No
puede haber biblioteca si un ayuntamiento no está dispuesto a asumir la
correcta contratación de un bibliotecario y los gastos de mantenimiento de esa
biblioteca.
En el futuro, en todas las
bibliotecas, con independencia de la población de su localidad, deberán tener
un bibliotecario titulado y retribuído como técnico
de bibliotecas. Porque en la educación y, en general en cualquier servicio
público, los ciudadanos no pueden estar discriminados por el hecho de vivir en
poblaciones pequeñas: ¿se imagina alguien que en un Centro de salud sólo
hubiese enfermera? ¿o que en un colegio los maestros no tuvieran la
correspondiente titulación? ¿o que un médico hiciese de abogado o un jurista de
arquitecto?
Perdonen las simplezas anteriores,
pero les aseguro que están basadas en opiniones reales. E igual ocurre en el
caso de los archiveros: como el número es inferior se nota menos, pero también
está latente la tentación de convertir
en flamante archivero a cualquier persona, por supuesto respetable y
que, sin duda, al cabo de los años podrá convertirse en un buen profesional si
tiene interés y se forma. Pero, de nuevo las preguntas, ¿se pondría usted en
manos de un médico sin titulación y que, con buena voluntad, desea formarse en
el ejercicio de su profesión? ¿llevaría usted a sus hijos a un colegio en el
que los profesores sean amables y voluntariosas personas vecinas de esa
localidad pero que carecen de la formación y reconocimiento oficial pertinente?
En Castilla‑La Mancha deberían tener un archivero titulado, contratado al menos
como Técnico de archivos (grupo B),
los ayuntamientos de localidades mayores de 10.000 habitantes. Para el resto,
una vez realizado el inventario del archivo municipal y organizados básicamente
estos archivos con la ayuda de la Consejería de Educación y Cultura, los
ayuntamientos deberían contratar un archivero
de zona, que de forma similar a los trabajadores sociales o a los
secretarios de ayuntamiento prestarían servicio archivístico a una agrupación
de municipios (mancomunidad u otro conjunto de ayuntamientos).
Otro día especificaré la tareas que
ambos profesionales tienen que realizar. Hoy me basta con la idea de que para
organizar el acceso a la información en bibliotecas y archivos no sirve
cualquiera. Y finalizo con una nueva cita del discurso de Ortega: “Por eso
ahora encontramos el cuidado de los libros constituido impersonalmente como
carrera o profesión y, por eso, al mirar en derredor, lo vemos tan clara y
sólidamente como un monumento público. Las carreras o profesiones son tipos de
quehacer humano que, por lo visto, la sociedad necesita. Y uno de éstos es
desde hace un par de siglos el bibliotecario. Toda colectividad ha menester hoy
de cierto número de médicos, de magistrados, de militares...y de
bibliotecarios. Y ello porque, según parece, esas sociedades tienen que curar a sus miembros,
administrarles justicia, defenderles y hacerles leer”. Y de igual forma
podríamos referirnos al archivero.
Han transcurrido sesenta años desde
las palabras de Ortega y siguen plenamente vigentes. Pero las tareas de ambos
profesionales son hoy mucho más complejas y precisan incluso de mayor
cualificación. Las crecientes nuevas tecnologías, y su necesario desarrollo en
Castilla‑La Mancha; los nuevos soportes de la información (hasta hace unos años
vídeo y Compact Disc; pero ahora, el CD‑ROM, el CD‑I, etc.); el acceso a las
autopistas de la información; y la propia Constitución, que menciona como
derechos de todos los españoles la información, la educación y la cultura; todo
ello son algunas de las razones para que, en los umbrales del siglo XXI, las
bibliotecas y los archivos de nuestra Comunidad Autónoma tengan unos
profesionales con la formación y el reconocimiento laboral y social necesarios.
