jueves, 27 de julio de 2006

El cuento de la Ley de Bibliotecas



El cuento de la Ley de Bibliotecas*


            Decía León Felipe: Me han contado todos los cuentos y sé todos los cuentos. Vengo insistiendo desde hace décadas en la necesidad de que nuestro país pueda contar con una Ley de Coordinación Bibliotecaria, y normalmente el silencio ha sido la respuesta. Quienes creímos y apoyamos el cambio político de 1982 escuchamos esperanzados la promesa de que el PSOE llevaría al Congreso esa Ley, pero éste fue uno de los grandes incumplimientos de aquel período ilusionante y, a la vez, decepcionante, especialmente en política cultural. Luego los responsables ministeriales,  tanto de gobiernos socialistas como populares,  empezaron a echar balones fuera y a proclamar que las competencias bibliotecarias eran de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales. Y siempre decían que la legislación bibliotecaria española estaba obsoleta y era sólo de papel, es decir de BOE, pero inadecuada a la realidad.
            Recientemente el Ministerio parecía que modificaba sus planteamientos. Se anunció una Ley del Libro y la Lectura, añadiéndose después el ámbito de las bibliotecas, y se asumió políticamente que el Ministerio tenía algo que decir no sólo en su papel de coordinación sino también en los tres niveles competenciales posibles: legislativo, desarrollo legislativo y ejecución. De forma contundente, Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, proclamó en el Senado el 29 de septiembre de 2005 que “el Estado tiene competencias sobre las bibliotecas y puede actuar en esta materia en el territorio de cualquier comunidad autónoma...”
            Siempre he dicho que la necesaria Ley de Bibliotecas, debería ser una Ley-marco y contar con el consenso entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio. Por ello me sorprendió que la plataforma de cooperación bibliotecaria, siempre alabada por el Ministerio, es decir las Jornadas que anualmente se celebran a tal fin, y que tienen trabajo permanente a través de los grupos en funcionamiento para variados temas bibliotecarios, no haya sido utilizada en este caso para realizar propuestas previas que luego reviertan en el anteproyecto de Ley y, tras las consultas y alegaciones pertinentes, en proyecto de Ley.
Pero ya sé la razón a esa negativa. La ministra de Cultura presentó al Consejo de Ministros del día 12 de mayo un informe sobre el anteproyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.  He tenido la oportunidad de leer ese documento, lleno de buenas voluntades y de generalidades propias de otro tipo de declaraciones programáticas, y no puedo más que mostrar mi decepción. Ningún elemento que garantice el derecho de acceso de los ciudadanos a servicios bibliotecarios, ninguna medida que aclare las competencias de las distintas Administraciones Públicas, ningún compromiso concreto, ningún mínimo que resulte clarificador y sirva de mandato a los responsables competentes... Además de las buenas intenciones del preámbulo e incluso de alguno de los artículos, este anteproyecto de Ley poco aporta a las bibliotecas y, lo más importante, a los ciudadanos. Late una sensación de una legislación de salón, en la línea con aquel viejo  refrán que habla de que presume de tacón y pisa con el contrafuerte.  Me consta que las asociaciones profesionales van a presentar alegaciones, pero mi sentimiento es que la ministra de Cultura quiere presumir, pasar a la historia como la política que hizo una Ley de Bibliotecas, que articuló la lectura entorno a las bibliotecas. En la realidad, será la ministra que quiso vendernos el cuento de una Ley de Bibliotecas, pero que no resuelve ninguno de los problemas que las bibliotecas tienen en el conjunto de España.
            Hay dos opciones: o modificar totalmente los capítulos relativos a bibliotecas o, simplemente, exigir una Ley específicamente de Bibliotecas, independiente de la Ley del Libro y la Lectura, que realmente se ve era la gran preocupación del Ministerio. Con este anteproyecto, las bibliotecas seguirán siendo un servicio público de segunda división, demasiadas veces voluntario y al arbitrio del interés o desinterés del político de turno. Pero, en la práctica, los servicios bibliotecarios no serán un derecho de todos los ciudadanos.


* Este artículo, es en realidad una versión del artículo anterior. Fue publicado en  Mi Biblioteca. La revista del mundo bibliotecario. Año II, nº 6 (2006), págs. 16-17.
-          Reproducido en El Digital de Castilla-La Mancha.  (27-07-2006). http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo-de-opinion-de-juan-sanchez-sanchez-4021.htm