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viernes, 8 de junio de 2018

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, DON PEDRO SÁNCHEZ, TRAS LA CELEBRACION DEL PRIMER CONSEJO DE MINISTROS (APÓCRIFO).


DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, DON PEDRO SÁNCHEZ, TRAS LA CELEBRACION DEL PRIMER CONSEJO DE MINISTROS (APÓCRIFO).

Tras el debate de los temas que acabo de citarles, hemos cerrado esta primera sesión del Consejo de Ministros con una importante iniciativa en materia cultural. Como ya conocen, decidí recuperar un Ministerio específico dedicado a la Cultura como un signo inequívoco de la importancia que mi Gobierno concederá a la actividad cultural.

Durante los primeros años de la transición democrática el Partido Socialista Obrero Español  aspiró a dotar a España de una potente y moderna red de bibliotecas públicas, para lo que estimaba necesaria la promulgación de una Ley de Coordinación Bibliotecaria. La lectura es una de las necesidades humanas más importantes para formar ciudadanos libres, críticos y participativos, y los expertos no dudan en asignar a las bibliotecas públicas buena parte de esa función, en colaboración con los centros educativos y con las familias.

Durante tres décadas, nuestro país realizó una ingente labor para dotar a los municipios de este servicio público, que fue posible fundamentalmente gracias al esfuerzo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Legalmente las bibliotecas son una competencia concurrente del conjunto de Administraciones Públicas. Ese esfuerzo, que hoy es reconocido, fue distinto y se han producido desigualdades entre los ciudadanos de las distintas regiones e incluso de localidades similares en población. Por distintas razones, hasta bien entrada la primera década del siglo XXI no se promulgó la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, largamente esperada pero que no resolvió los problemas históricos de las bibliotecas españolas, quizá porque no existió la convicción política necesaria para ello.

Aunque las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias son de las comunidades autónomas y la creación de bibliotecas en general lo es lo de los ayuntamientos, entendemos que la Administración General del Estado tiene competencias de coordinación y para asegurar que los servicios bibliotecarios lleguen a todos los españoles. La Constitución Española lo dice claramente: el artículo 149.1.1ª) resulta esencial para valorar el papel ministerial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…”

Por todo ello, y valorando como esencial el valor de las bibliotecas públicas en la actual sociedad de la información y del conocimiento y su importancia en una sociedad democrática, he dispuesto nombrar un Comisionado especial para la Biblioteca Pública, que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno de España, y que estará en estrecho contacto con los titulares de los ministerios de Cultura y Deporte y de Educación y Formación Profesional para diseñar una política de Estado en materia de acceso a la información y lectura pública que tenga como pilares las redes autonómicas de las bibliotecas públicas y los recursos existentes o que se puedan crear en el ámbito de las bibliotecas escolares en cada sistema regional educativo.

A tal efecto, establezco, inicialmente, la siguiente hoja de ruta que deberá tenerse en cuenta por los tres responsables mencionados:

1)    En la primera Conferencia de Presidentes que se celebre se incluirá un informe sobre la situación del servicio de biblioteca pública en el conjunto del país. Desde la Presidencia del Gobierno se promoverá un gran pacto de Estado en materia de bibliotecas entre el Gobierno de España y los gobiernos de las 17 comunidades autónomas.

2)    Nombramiento de un grupo de expertos para elaborar un  informe que contenga las bases sobre las que deberá redactarse la necesaria Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Lógicamente, esta Ley sólo podrá plantearse desde el Pacto de Estado que he mencionado anteriormente.

3)    Encargo a un grupo de expertos de un informe para afrontar la figura de la Biblioteca escolar en el sistema educativo en sus niveles de educación infantil, primaria y secundaria.

4)    Estrategias a seguir para resolver la carencia de servicios bibliotecarios en los más de 3.000 municipios españoles que actualmente no disponen de biblioteca o de servicio de bibliobús.

5)    Diseño de un plan que promueva los valores de la lectura y la información, fundamentalmente desde los servicios bibliotecarios, utilizando los medios de comunicación audiovisuales públicos.



Sin duda, los últimos años, de crisis económica y de recortes presupuestarios, han afectado a las políticas culturales en la mayoría de las regiones y municipios. En las localidades más pequeñas, las bibliotecas han sobrevivido a pesar de los escasos recursos gracias a unos profesionales muy comprometidos con su actividad y a la implicación de estos centros en la sociedad. Entiendo que contar con un sistema nacional de bibliotecas públicas es una necesidad para reforzar una sociedad democrática, y por ello las bibliotecas han de estabilizarse y formar parte de los servicios públicos esenciales de la sociedad española de nuestro tiempo. No pueden dependen de vaivenes políticos o económicos o del voluntarismo político o técnico. Los indicadores de las bibliotecas españolas son elocuentes y muestran que los españoles tienen mayor aprecio e interés por la lectura que los que a veces indican las encuestas. Que un tercio de la población española sea socio de una biblioteca pública es un dato esperanzador que debe hacernos reflexionar a quienes tenemos responsabilidades públicas.

Las bibliotecas son hoy mucho más que libros. Son espacios para el encuentro, la convivencia, la creatividad, el debate…y cada vez incrementan más su vertiente y responsabilidad social, trabajando en coalición con la sociedad, con todo tipo de colectivos y entidades.

Sé que hay otros muchos ámbitos de la vida cultural. Pero hoy, al iniciar mi período de gobierno, he querido apostar por unos servicios imprescindibles para  desarrollar una sociedad en libertad y comprometida con su tiempo y para educar a las personas de cualquier edad desde el compromiso con los demás y desde el respeto hacia las ideas, la religión, la situación socioeconómica y educativa…de todos los que vivimos en este gran país que es España.

Espero poder contar con el respaldo del conjunto de Administraciones Públicas y, especialmente, con los profesionales que cotidianamente trabajan desde las bibliotecas públicas y desde los centros educativos. Los bibliotecarios y los educadores serán el verdadero corazón de este proyecto que deseo llevar a cabo con la colaboración de todos.

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