miércoles, 15 de noviembre de 1995

Bibliotecario y archivero, dos profesiones de hoy



Bibliotecario y archivero, dos profesiones de hoy*

            El día 20 de mayo de 1935, en plena II República, José Ortega y Gasset pronunció en Madrid un discurso, publicado después con el título de Misión del bibliotecario. Fue con motivo de la apertura del segundo Congreso de la IFLA  y constituye un magnífico ensayo, no sólo sobre el concepto y funciones del libro y la misión de quienes han de organizar los procesos técnicos de acceso a la lectura sino, en general,  sobre la misión del hombre, tanto desde el punto de vista personal como  profesional.
            Siempre me ha impresionado comprobar cómo, normalmente, las personas más sabias son al mismo tiempo humildes y, en sus contactos cotidianos, así lo hacen, respetando  al otro, valorando al otro. Al contrario, hay  personas que creen saberlo todo y, por supuesto, mientras consideran su propia profesión imprescindible no sienten el menor sonrojo en sentenciar que otras tareas laborales (no las consideran profesiones) pueden ser desempeñadas por cualquier persona sin más requisito que su buena voluntad o su nombramiento para tal o cual función. En este sentido son admirables las palabras del filósofo español, que se encontró en el programa del Congreso con ese “enorme y pavoroso” título de Misión del Bibliotecario, dijo que ”aceptarlo sin más sería una pretensión abrumadora” y concluyó: “No puedo intentar enseñaros nada sobre las técnicas complejísimas que integran vuestro trabajo, las cuales vosotros conocéis tam bien y que son para mí hermético misterio”.
            Sin duda en España dos de las profesiones menos consideradas socialmente, sobre todo en las regiones menos desarrolladas culturalmente, son las de bibliotecario y archivero. Y digo conscientemente dos profesiones, porque son distintas y, aunque en el pasado fueran muchos los casos donde un mismo profesional ejercía conjuntamente ambas profesiones, hoy el grado de especialización ha llegado a tal nivel que es preciso separarlas, como de hecho está ocurriendo. Existe un punto de partida ineludible: No podemos hablar de biblioteca sin hablar de bibliotecario y no podemos hablar de archivo sin considerar al archivero. Estas sencillas formulaciones parecen una perogrullada pero creo que es poner el dedo en la llaga: hay mucha gente que no para de destacar el papel fundamental que las bibliotecas tienen en la formación integral de la personas o que aceptan que el archivo es fundamental para su Institución, pero luego, en la teoría o en la práctica, piensan:  ¿bibliotecarios?, ¿archiveros?  Son caros, no podemos seguir incrementando el capítulo I de los presupuestos... Se precisan economistas, abogados, administrativos, maestros, médicos, asistentes sociales, animadores socioculturales, barrenderos...pero...bibliotecarios y archiveros...Cualquiera sirve para ello.  Por encima de las dificultades presupuestarias, que sabemos existen, creo que está el concepto, su consideración social y profesional.
            Creo que nadie con un poco de sentido común pensaría en un Centro de salud sin médico, ATS, etc. Igual que nadie pensaría en poner en marcha un centro docente sin los correspondientes profesores titulados y retribuídos adecuadamente. No ha sido así en el caso de muchas bibliotecas públicas, especialmente municipales. Históricamente, la Corporación municipal designaba a una persona para “encargarse” de la biblioteca por algunas horas y “gratificaba” a ese “encargado” con pequeñas cantidades, que servían para complementar su salario de maestro u otra profesión. En 1993 todavía más de la tercera parte de los bibliotecarios municipales eran “colaboradores”, sin contrato ni seguridad social, muy pocas horas de trabajo y unas retribuciones sonrojantes. Pero el resto, en la mayoría de los casos con un contrato temporal, no tenía mucho mejor situación: titulados superiores contratados y pagados como ordenanza o auxiliar administrativo, contratos de media jornada que imposibilitan dar un buen servicio a los ciudadanos y vivir de esa “profesión”, etc.
            Por ello cuando, en octubre de 1991 la Consejería de Educación legisló los mínimos de las bibliotecas públicas municipales en cuanto a superficies, colecciones, personal, etc. lo hizo con un doble planteamiento: a corto y medio plazo contar con profesionales en todas las bibliotecas. En las de localidades con población superior a 5.000 habitantes, que según la legislación de régimen local tienen obligación de prestar el servicio público de biblioteca, el bibliotecario debería estar contratado y retribuído como técnico de bibliotecas; y en las bibliotecas de poblaciones  menores a 5.000 habitantes, el primer objetivo era contar con bibliotecarios estables, con formación adecuada y contratado al menos como Auxiliar de Bibliotecas, del grupo C de funcionarios. Este proceso está en marcha, impulsado por la Consejería de Educación y Cultura mediante las ayudas a la contratación de bibliotecarios municipales que han tenido lugar en los años 1994 y 1995. Pero falta mucho camino por recorrer. Y, por supuesto, en la medida que la biblioteca pone en marcha nuevos servicios (fonoteca, etc.) el número de personal debe ir creciendo paralelamente.
            Los ayuntamientos ya son conscientes de la importancia de contar con biblioteca pública en su localidad. No están obligados a tenerla, y por eso la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha que en su legislación ha planteado que existan bibliotecas en todas las localidades mayores de 2.000 habitantes, ha  invertido en  esos municipios, construyendo casas de cultura o bibliotecas públicas. Pero la vida de esas bibliotecas depende en gran parte de la voluntad de los propios municipios. No puede haber biblioteca si un ayuntamiento no está dispuesto a asumir la correcta contratación de un bibliotecario y los gastos de mantenimiento de esa biblioteca.
            En el futuro, en todas las bibliotecas, con independencia de la población de su localidad, deberán tener un bibliotecario titulado y retribuído como técnico de bibliotecas. Porque en la educación y, en general en cualquier servicio público, los ciudadanos no pueden estar discriminados por el hecho de vivir en poblaciones pequeñas: ¿se imagina alguien que en un Centro de salud sólo hubiese enfermera? ¿o que en un colegio los maestros no tuvieran la correspondiente titulación? ¿o que un médico hiciese de abogado o un jurista de arquitecto?
            Perdonen las simplezas anteriores, pero les aseguro que están basadas en opiniones reales. E igual ocurre en el caso de los archiveros: como el número es inferior se nota menos, pero también está latente la tentación de convertir  en flamante archivero a cualquier persona, por supuesto respetable y que, sin duda, al cabo de los años podrá convertirse en un buen profesional si tiene interés y se forma. Pero, de nuevo las preguntas, ¿se pondría usted en manos de un médico sin titulación y que, con buena voluntad, desea formarse en el ejercicio de su profesión? ¿llevaría usted a sus hijos a un colegio en el que los profesores sean amables y voluntariosas personas vecinas de esa localidad pero que carecen de la formación y reconocimiento oficial pertinente? En Castilla‑La Mancha deberían tener un archivero titulado, contratado al menos como Técnico de archivos (grupo B), los ayuntamientos de localidades mayores de 10.000 habitantes. Para el resto, una vez realizado el inventario del archivo municipal y organizados básicamente estos archivos con la ayuda de la Consejería de Educación y Cultura, los ayuntamientos deberían contratar un archivero de zona, que de forma similar a los trabajadores sociales o a los secretarios de ayuntamiento prestarían servicio archivístico a una agrupación de municipios (mancomunidad u otro conjunto de ayuntamientos).
            Otro día especificaré la tareas que ambos profesionales tienen que realizar. Hoy me basta con la idea de que para organizar el acceso a la información en bibliotecas y archivos no sirve cualquiera. Y finalizo con una nueva cita del discurso de Ortega: “Por eso ahora encontramos el cuidado de los libros constituido impersonalmente como carrera o profesión y, por eso, al mirar en derredor, lo vemos tan clara y sólidamente como un monumento público. Las carreras o profesiones son tipos de quehacer humano que, por lo visto, la sociedad necesita. Y uno de éstos es desde hace un par de siglos el bibliotecario. Toda colectividad ha menester hoy de cierto número de médicos, de magistrados, de militares...y de bibliotecarios. Y ello porque, según parece, esas sociedades tienen que curar a sus miembros, administrarles justicia, defenderles y hacerles leer”. Y de igual forma podríamos referirnos al archivero.
            Han transcurrido sesenta años desde las palabras de Ortega y siguen plenamente vigentes. Pero las tareas de ambos profesionales son hoy mucho más complejas y precisan incluso de mayor cualificación. Las crecientes nuevas tecnologías, y su necesario desarrollo en Castilla‑La Mancha; los nuevos soportes de la información (hasta hace unos años vídeo y Compact Disc; pero ahora, el CD‑ROM, el CD‑I, etc.); el acceso a las autopistas de la información; y la propia Constitución, que menciona como derechos de todos los españoles la información, la educación y la cultura; todo ello son algunas de las razones para que, en los umbrales del siglo XXI, las bibliotecas y los archivos de nuestra Comunidad Autónoma tengan unos profesionales con la formación y el reconocimiento laboral y social necesarios.


* Diario 16 Castilla-La Mancha   (30-11-1995), p. 4.

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