domingo, 26 de septiembre de 2004

Bibliotecas Públicas y desigualdades




Bibliotecas Públicas y desigualdades*

         Escucho reiteradamente a altos responsables públicos de nuestro país o de las comunidades autónomas un viejo grito: “todos los españoles tenemos los mismos derechos”, o “debemos velar para que todos los españoles tengan los mismos derechos”, …o frases parecidas.  Y ello en múltiples temas: educación, sanidad, vivienda,… Sin embargo son pocos los políticos que se hayan pronunciado sobre el derecho de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse permanentemente mediante uno de los servicios públicos que aún tienen una consideración como de segunda fila, no esenciales: la biblioteca pública.
            Vivimos en una sociedad que desea tener unas propiedades que la conviertan en la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. Y se hacen planes para extender internet, se ofrecen cursos de alfabetización digital, se quiere construir progresivamente una administración electrónica, y grandes empresas del sector y entidades intentan facilitarnos eso de “poner un PC en nuestra vida”. Pero no proliferan los políticos o incluso los intelectuales que proclamen su confianza en una institución tan respetada por la UNESCO y de tan fuerte implantación en países anglosajones, escandinavos, etc. como es la biblioteca pública.
            España ha dado sin duda un gran salto en las últimas dos décadas en cuanto al desarrollo de servicios públicos de lectura e información, que es lo que son realmente las bibliotecas.  Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales han realizado esfuerzos para crear, modernizar o desarrollar bibliotecas públicas. Sin duda, las estadísticas son un fiel reflejo de este avance que, como en tantos otros campos de los servicios públicos, ha experimentado España.
            Pero me parece que uno de los factores más preocupantes sigue siendo la bastante generalizada carencia del reconocimiento de este derecho ciudadano. Aunque la Constitución Española reconoce el “acceso a la cultura” como un derecho de todos los españoles (art.  44) y también el derecho a “recibir libremente información veraz” (art. 20.1.d) o, genéricamente, el “derecho a la educación” (art. 27), estos tres pilares que constituyen la misión de la biblioteca pública (cultura, información y educación permanente) no han logrado convertirse jurídicamente en un  derecho que revierta en la universalización o democratización del acceso de los españoles a servicios de biblioteca pública.
            Si analizamos las grandes o medianas ciudades españolas, las estadísticas nos hablan de carencias de bibliotecas en muchos de sus barrios, de colecciones obsoletas e insuficientes. En general, con excepciones que confirman la regla,  estas ciudades no han implantado redes urbanas de bibliotecas públicas en consonancia con el desarrollo que los servicios sanitarios, educativos, comerciales, deportivos, etc. han tenido en esos mismos municipios. Podemos afirmar que el mosaico español es en cuanto a bibliotecas públicas un fiel reflejo de la desigualdad de los ciudadanos para acceder a servicios bibliotecarios.
            Pero esta desigualdad se agrava en los municipios más pequeños. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, única legislación de carácter nacional que establece como servicio básico y obligatorio la biblioteca pública en los municipios, sólo obliga a los mayores de 5.000 habitantes, y en este caso tampoco define qué tipo de servicios deben prestarse en los municipios en razón a su población. Por esta razón, la puesta en marcha de servicios bibliotecarios ha tenido y tiene mucho que ver con la voluntad política de los dirigentes públicos. Es decir, la voluntariedad y luego el reconocimiento de que las bibliotecas públicas son socialmente necesarias y políticamente rentables han servido de estímulo para crear o potenciar servicios bibliotecarios. Lógicamente, esa voluntariedad ha chocado aún más con los condicionantes presupuestarios en los municipios más pequeños. Los más recientes datos hechos públicos por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, correspondientes al año 2002, son verdaderamente escalofriantes: aproximadamente 3.200 municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a servicios de biblioteca pública. Es cierto que ese altísimo porcentaje de los municipios españoles que no tienen biblioteca o no reciben servicios de biblioteca móvil se corresponde globalmente con un 4% de la población, pero los españoles no pueden sufrir discriminación alguna en razón de su residencia. Además, aunque estadísticamente se considere que una ciudad determinada tenga cubierto el servicio porque exista una biblioteca para 50.000, 70.000 o incluso más habitantes, no podemos aceptar esta hipocresía estadística. ¿Se imaginan ustedes una ciudad de esa población con un único Instituto de Bachillerato o con un único Centro de Salud? Pues en bibliotecas es bastante corriente.
            A falta de una Ley de Coordinación Bibliotecaria estatal, que sirva de Ley-marco para el conjunto del país, las legislaciones autonómicas, distintas y distantes en forma, tiempo y características de los servicios de biblioteca pública, no han resuelto en la mayoría de los casos la pregunta crucial de quién tiene la obligación de crear y sostener una biblioteca pública. En muchas regiones el listón para crear bibliotecas públicas se situó en los 5.000 habitantes que marcó la Ley de Bases de Régimen Local. Otras optaron por los 3.000 habitantes que tradicionalmente recomendaba la UNESCO. Hay regiones que han sido más democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública. Estas legislaciones, junto al desarrollo de planes bibliotecarios más progresistas o a programas regionales que han venido apoyando financiera y técnicamente el desarrollo de bibliotecas públicas municipales,  han colaborado en articular un mosaico bibliotecario verdaderamente desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros. 
            Algunos de los indicadores del año 2002 son verdaderamente expresivos: en cuanto a colecciones, con una media de 1,18 libros u otros soportes por habitante, frente a la ratio de  2,2 que tiene Castilla-La Mancha y que constituye el mejor dato español, están Andalucía o Murcia, con sólo 0,7 por habitante, Madrid con 0,8, la Comunidad Valenciana con 1,0 o Cataluña con 1,19.  El gasto en adquisición de colecciones es también significativo: con una media lamentable de 0,70 euros/habitante, Castilla-La Mancha figura a la cabeza con 1,57 frente a 0,34 de Andalucía, 0,37 de Aragón o 0,.49 de Murcia.  Respecto al gasto total en bibliotecas por habitante, con una media de 7,67 euros/habitante, figuran a la cabeza Cataluña y Castilla-La Mancha, respectivamente con 11,08 y 10,68 euros, frente a los 3,58 de Andalucía.  Este desigual gasto, que sitúa a regiones tradicionalmente pobres como Castilla-La Mancha a la cabeza en muchos de los indicadores, refleja las políticas estables y de decidido apoyo a las bibliotecas municipales, frente a Comunidades en las que los municipios no han gozado de similares apoyos de su correspondiente Administración Autonómica.  El mayor gasto en bibliotecas se corresponde con unas bibliotecas más dinámicas y con mejores servicios. Así, por ejemplo, si analizamos las actividades culturales de las bibliotecas, con una media del 68% de bibliotecas que organizan actividades, están  en los puestos más altos Cataluña (91%),  Canarias (88,5) y Castilla-La Mancha (85%), frente a Navarra (46%) y Andalucía y Valencia (ambas con el 58%).
            Desde hace más de una década vengo reclamando que, mediante el consenso de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura,  las Cortes Generales puedan aprobar una Ley que determine las características básicas del servicio de biblioteca pública en España y legisle en cada caso qué administración está obligada a desarrollar los distintos servicios bibliotecarios. Un paso necesario sería la celebración de una Conferencia Sectorial de Cultura dedicada a analizar y buscar soluciones para que las bibliotecas públicas dejen de ser una de las clásicas asignaturas pendientes de las políticas culturales de las distintas Administraciones Públicas españolas.
            Aunque incluso hay profesionales que proclaman que el Ministerio nada tiene que hacer en esta tarea, nuestra Constitución dejó muy clara la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos…” (art. 149.1.1ª) Y por si aún hay alguien que tenga dudas, recordamos otro texto constitucional:  “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.  Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad” (art. 150.3).
            Consiguientemente, la Ministra de Cultura, tan parca hasta el momento en compromisos que puedan dar idea de que el Ministerio va a tener entre sus prioridades una política bibliotecaria acorde con las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, no puede seguir mirando a otro lado. Si busca la “excelencia cultural”, las bibliotecas públicas deben situarse en el corazón de toda política cultural. De no ser así, fracasarán. Y, si no, al tiempo.


* La Tribuna de Toledo (26 y 27 de septiembre de 2004), pág. 3. Este artículo se publicó también, los mismos días,  en las otras seis ediciones de este medio de comunicación en Castilla-La Mancha (La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara,  La Tribuna de Puertollano y La Tribuna de Talavera).

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