Ante el VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 1): Tres millares de municipios españoles carecen de cualquier tipo de servicio bibliotecario.

Ante el VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 1): Tres millares de municipios españoles carecen de cualquier tipo de servicio bibliotecario.

Apenas falta un mes para que se celebre en Toledo el VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, los días 16 y 17 de noviembre, más unas sesiones de poscongreso que tendrán lugar el 18 de noviembre.  #8CNBP

El Congreso se dedica a analizar el  espacio físico de la biblioteca (qué necesidades nuevas tienen los usuarios y qué servicios se están introduciendo para cubrirlas) y  el espacio virtual en la biblioteca pública (los servicios virtuales y aplicaciones que ofrecen las bibliotecas). Me parece muy oportuno y necesario reflexionar sobre este importante tema. 

Frecuentemente nos admiramos de nuevas bibliotecas dentro o fuera de España, con configuraciones muy distintas, con espacios diáfanos, dotadas de las mejores tecnologías y dispuestas a cumplir la misión de constituir la puerta democrática de los ciudadanos a la sociedad de la información.  El problema radica en que  las desigualdades en servicios bibliotecarios sigue agrandándose en nuestro país. Como ocurrió con los cambios acaecidos con la informatización de bibliotecas, la puesta en marcha de catálogos colectivos y  otras transformaciones, ahora debatiremos cómo deben ser los nuevos espacios pero volvemos a olvidarnos de aquellos ciudadanos que carecen de biblioteca pública o  cualquier servicio bibliotecario. 

 Se amplía las brecha del servicio de biblioteca pública en España. Carecemos de una política de Estado en materia de bibliotecas públicas,  y ello se ve en las estadísticas, que reflejan nítidamente una situación de desigualdad en la prestación de servicios bibliotecarios, que se agrava en los municipios más pequeños. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, única legislación de carácter nacional que establece como servicio básico y obligatorio la biblioteca pública en los municipios, sólo obliga a los mayores de 5.000 habitantes, y  tampoco define qué tipo de servicios deben prestarse en los municipios en razón a su población. Por esta razón, la puesta en marcha de servicios bibliotecarios ha tenido y tiene mucho que ver con la voluntad política de los dirigentes públicos. Es decir, la voluntariedad y luego el reconocimiento de que las bibliotecas públicas son socialmente necesarias y políticamente rentables han servido de estímulo para crear o potenciar servicios bibliotecarios. Lógicamente, esa voluntariedad ha chocado aún más con los condicionantes presupuestarios en los municipios más pequeños.

Los más recientes datos hechos públicos sobre el conjunto de España, correspondientes al año 2014, publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y que son posibles gracias al trabajo cooperativos entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, son verdaderamente escalofriantes: 2.995 municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a servicios de biblioteca pública. Es cierto que ese altísimo porcentaje de los municipios españoles que no tienen biblioteca o no reciben servicios de biblioteca móvil se corresponde globalmente con un 3,22% de la población, pero los españoles no pueden sufrir discriminación alguna en razón de su residencia. Además, aunque las estadísticas consideren que una ciudad determinada tiene cubierto el servicio porque exista una biblioteca para 50.000, 70.000 o incluso más habitantes, no podemos aceptar esta hipocresía estadística.

Siempre clamé por una Ley de Coordinación Bibliotecaria estatal, que sirviese de Ley-marco para el conjunto del país; la promulgación, por fin, de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, no sirvió para corregir los muchos aspectos que precisaban una regulación nacional. Por otro lado, las legislaciones autonómicas, distintas y distantes en forma, tiempo y características de los servicios de biblioteca pública, no han resuelto en muchos de los casos la pregunta crucial de quién tiene la obligación de crear y sostener una biblioteca pública. En muchas regiones el listón para crear bibliotecas públicas se situó en los 5.000 habitantes que marcó la Ley de Bases de Régimen Local. Otras optaron por los 3.000 habitantes que tradicionalmente recomendaba la UNESCO. Hay regiones que han sido más democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública, que es el caso de mi Comunidad, Castilla-La Mancha. Estas legislaciones, junto al desarrollo de planes bibliotecarios más progresistas o a programas regionales que han venido apoyando financiera y técnicamente el desarrollo de bibliotecas públicas municipales,  han colaborado en articular un mosaico bibliotecario verdaderamente desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros.  

Dialogaremos sobre espacios, sobre nuevos servicios, sobre los nuevos perfiles que han de tener los profesionales que atienden las bibliotecas públicas. Pero personalmente siento vergüenza de que casi nadie clame por esos 3.000 municipios a los que se les niega la tierra y la sal en materia de lectura, cultura, educación permanente, información y ocio positivo. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nunca ha tenido la bandera de liderar una Política de Espado en Bibliotecas Públicas. Las Comunidades Autónomas ahora con la crisis tienen la coartada perfecta para hacer poco o nada. Y los ayuntamientos, pues ya sabemos que hay diferencias brutales entre las políticas llevadas a cabo en unos caso y el olvido de esas políticas e iniciativas en otros.  Yo hoy clamo para que los ciudadanos de esas localidades puedan tener servicios bibliotecarios como tienen acceso a servicios educativos, sociales o sanitarios. Ya sé que hay mucha gente, no sólo políticos, que consideran  a las bibliotecas un servicio público de segunda división: pero yo no veo diferencias. Las bibliotecas públicas son tan esenciales como los hospitales, los centros de salud y los centros educativos.

Seguro que los debates del Congreso serán muy interesantes y productivos. Pero yo pido que no se olvide a los que en materia de servicios bibliotecarios están desheredados y condenados a no acceder a los frutos de la sociedad de la información y el conocimiento.