El Centro Territorial en Castilla-La Mancha de RTVE me ha invitado, como
director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a felicitar el Año
Nuevo 2017 a la sociedad regional. El mensaje se ha grabado en la sala
general de lectura de la Biblioteca y ha sido emitido el viernes 30 de
enero de 2016, en el informativo regional, en varios horarios.
viernes, 30 de diciembre de 2016
sábado, 17 de diciembre de 2016
Presidente García-Page, defienda a las bibliotecas públicas
Presidente García-Page,
defienda a las bibliotecas públicas
El presidente García-Page
ha dicho en el desayuno informativo que ha mantenido en Madrid que “en la próxima Conferencia de Presidentes, que tiene previsto
celebrarse en enero de 2017, vamos a establecer mínimos de financiación que
tienen que ver con las necesidades y los derechos básicos de los ciudadanos,
aquellos que estamos dispuestos a reconocerles también a aquellos ciudadanos
que vengan a vivir a España.” Esto es esencial en un Estado con estructura
autonómica: la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios públicos,
con independencia de la región o de la localidad donde residan. Vengo
manteniendo esta tesis desde hace décadas: no puede haber desigualdad entre los
ciudadanos y he escrito numerosos artículos en esa línea, especialmente
referidos al ámbito de las bibliotecas públicas. Me reitero defensor del Estado
de las Autonomías diseñado por la Constitución de 1978, pero es preciso incidir en
los criterios de igualdad que la Carta Magna
establece.
No es nuevo que la cultura no es una prioridad política. Ningún partido, ningún
gobierno abandera una política cultural. En el propio acto al que me refiero, y
al que fui invitado, faltaban los creadores y representantes del mundo de la
cultura. La propia nota informativa del gobierno regional expresa que “han asistido más de
trescientos invitados, representantes de asociaciones empresariales, dirigentes
sindicales de Castilla-La Mancha y responsables del mundo de la banca y la
empresa”. Algunos medios de comunicación limitan la participación en el acto a
los sectores de la vida política y medios de comunicación. Quiero expresar,
pues, mi agradecimiento por la consideración que se hace a la Biblioteca de
Castilla-La Mancha de estar presente en un acto de tanta importancia mediática.
Pero volviendo a la intervención del presidente García-Page,
expresó la certeza de que de que “sea el
Estado quien establezca el criterio de trato igualitario” en servicios
esenciales como la Sanidad, Educación y
Servicios Sociales, acordándose cómo deben prestarse esos servicios y la
financiación que para ello precisan las Administraciones Autonómicas. Esto es
lo que vengo manteniendo para un servicio público que es absolutamente fundamental para la sociedad:
la biblioteca pública, puerta
democrática de acceso a la
Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
Las bibliotecas son lugares para la libertad, el encuentro, el debate,
la convivencia ciudadana, la solidaridad, la cultura, la información, la
educación permanente y la creatividad. Los libros y las tecnologías de la
información, con la complicidad de la sociedad,
se unen para que las bibliotecas sean “laboratorios de la ciudad soñada” (José Antonio Marina). Los
ciudadanos son su mayor fortaleza: en 2014 eran socios de una biblioteca
pública en España 16.080.515 personas, el
34,49 % de los españoles. A pesar de los recortes presupuestarios y de personal,
desde 2010 ha
crecido este indicador en casi un 6%, que muestra la necesidad de este servicio
público que es esencial y además gratuito para los ciudadanos, porque se
financia con los impuestos de todos. Las bibliotecas españolas recibieron ese
año un total de 109.061.703 visitantes. Al
contrario de lo que sucede con nuestra visita a un hospital o un centro de
educación obligatoria, vamos libremente. Por ello estas cifras son realmente
espectaculares.
Pero a
pesar de los indudables avances experimentados en España, las bibliotecas españolas
no acaban de ser considerados servicios esenciales y necesarios para todos los
ciudadanos. Si la lectura no es lujo y sí una necesidad de la población, las
bibliotecas constituyen el marco democrático que ofrece sus servicios a todo tipo
de personas y colectivos, sin barreras de ningún tipo. Desde los inicios de los
años ochenta del siglo XX clamé por una Ley
de Coordinación Bibliotecaria que sirviese de marco para el desarrollo de
los servicios públicos de lectura e información en todo el país. Cuando,
por fin, se planteó esa Ley estatal, mostré una esperanza que luego derivaría
en frustración: se aprobó la Ley 10/2007, de 22 de junio,
de la lectura, del libro y de las bibliotecas, pero no resolvió los problemas
prácticos que nos preocupaban a los que habíamos clamado por esa Ley. Es una norma
que señala vías de cooperación, a través fundamentalmente del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria, pero no
aborda la imprescindible y obligada coordinación en la que debieran
trabajar los sistemas bibliotecarios de
nuestro país. Es una Ley que recogió principios pero no concretó estándares de servicio público ni
responsabilidades de financiación. Fue una oportunidad perdida. Lo
que ahora dice el presidente regional: a un máximo de cuánto tiempo del lugar
de residencia tiene que haber un hospital, qué institutos o centros de salud
tiene que haber en las poblaciones…
Una
década después de promulgarse esa ley, no sólo no ha mejorado la situación sino
que la crisis económica ha motivado una parálisis de muchas
bibliotecas y un importante descenso presupuestario que no tiene parangón con
el que han tenido otros ámbitos de los servicios públicos. A las
desigualdades padecidas por los ciudadanos por razón de su localidad o región
de residencia, se han sumado el cierre de algunas bibliotecas, la falta de
presupuestos para adquisiciones de libros y audiovisuales en las bibliotecas,
la paralización de las inversiones y la preocupante situación de buena parte de
los profesionales, especialmente en bibliotecas de municipios pequeños. No se
ha resuelto tampoco el problema histórico de los ciudadanos que carecen de
servicios bibliotecarios por vivir en localidades menores de 5.000 habitantes,
aunque en regiones como Castilla-La Mancha se trabajó con la idea de universalizar
este servicio a todos los habitantes en la línea de que dispongan de biblioteca
pública todos los pueblos mayores de 1.000 habitantes dispuestos a financiar
ese servicio.
España ofrece un dato realmente preocupante: en 2014,
un total de 2.995 municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a
servicios de biblioteca pública, que supone sólo un 3,22% de la población pero
que corresponde al 37% de los municipios españoles. Es decir, que apenas el 63%
de los municipios de nuestro país cuenta con un algún servicio de biblioteca
pública. Aunque los españoles no pueden sufrir discriminación en razón de su
residencia, no hay un plan nacional para ofrecer servicios bibliotecarios a los
municipios pequeños. La alternativa son los bibliobuses, pero no todas las
regiones están dispuestos a asumir un servicio pensado para esas localidades
que no pueden disponen de biblioteca fija. Podemos afirmar que a los
españoles de los pequeños municipios se les niega el derecho a leer y a la información.
Y no
podemos olvidar que aunque se considere que una ciudad tiene cubierto el
servicio porque exista una biblioteca para 50.000, 70.000 o incluso más
habitantes, no podemos aceptar esta hipocresía estadística. Nadie acepta que
una localidad de esa población disponga sólo de un único Instituto de Bachillerato,
un único Centro de Salud…cosa que en bibliotecas es bastante corriente. Estas localidades deben tener una verdadera Red de Lectura
Pública que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, con horarios
amplios y una plantilla suficiente y adecuada de profesionales, y muchas veces
cuentan sólo con una biblioteca. Al faltar las obligaciones legales precisas,
encontramos ciudades con planes modélicos de desarrollo del servicio de
biblioteca pública junto a casos verdaderamente dramáticos en bastantes
ciudades españolas.
Los indicadores estadísticos expresan perfectamente la
desigualdad: colecciones, número de habitantes por biblioteca, puestos de
lectura, actividades culturales, gasto por habitante, inversiones
realizadas…Las comunidades autónomas y los municipios son un mosaico de
desigualdades que afectan a los ciudadanos, porque tanto la legislación
nacional como la autonómica no concluyen con las obligaciones a cumplir por
este servicio público. Es cierto que, junto a los presupuestos, el mayor factor
de éxito y dinamismo de una biblioteca lo consiguen los profesionales. Y
sorprende la capacidad de los bibliotecarios de tantas pequeñas bibliotecas que
con su dedicación, imaginación y complicidad con la sociedad consiguen que esos
centros sean verdaderamente ejemplares.
Sin duda ha habido regiones que han sido más
democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000
habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública.
Leyes autonómicas más avanzadas, planes bibliotecarios más progresistas y
programas regionales de apoyo financiero o técnico para el desarrollo de bibliotecas públicas
municipales, han sido los factores
diferenciadores que han articulado un mapa
bibliotecario muy desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y
otros.
No es momento de citar datos. En
realidad la gravedad de la situación procede de la falta de una política de Estado en materia
de bibliotecas públicas. De momento las bibliotecas no están en las agendas
públicas, pero el problema compete conjuntamente al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, a las Comunidades
Autónomas y a las Administraciones Locales. La biblioteca pública es un derecho de todos
los ciudadanos, y al Estado corresponde abordar un plan coordinado que
garantice este derecho al conjunto de la población española.
En algunas intervenciones públicas
he escuchado a Emiliano García-Page elogiar la cultura y la necesidad de
invertir en cultura. Y yo le animo a ello, especialmente en un ámbito que
construye personas: las bibliotecas públicas. En 2008 escribí un artículo que publicaron
numerosos medios de comunicación de la región y que concluía con estas palabras: “Confiamos en nuestro presidente para conseguir
que Castilla-La Mancha vuelva a tener el liderazgo ideológico en materia de
bibliotecas públicas en nuestro país y le hacemos un ruego: presidente Barreda:
¡Invierta en bibliotecas!” Ahora expreso esta petición al actual presidente
de Castilla-La Mancha: Presidente García-Page, ¡apoye a las bibliotecas;
defienda a las bibliotecas, intente conseguir articular una política de Estado
en materia de bibliotecas públicas! Los españoles se lo agradeceremos.
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