domingo, 29 de enero de 2006

Por una política de Estado en Bibliotecas Públicas



Por una política de Estado en Bibliotecas Públicas*

            En los últimos tiempos afloran nuevas desigualdades entre los ciudadanos por motivo de su lugar de residencia. Una de las que menos sale a la luz es la de la biblioteca pública: a pesar de los notables avances experimentados en el desarrollo de servicios bibliotecarios durante las últimas décadas, España presenta un variado mosaico en este servicio público derivado de la inexistencia de una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para la prestación de servicios de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país. Si a esta carencia añadimos la dispar situación de las legislaciones autonómicas y la insuficiente regulación del servicio de biblioteca pública para los municipios, la desigualdad está servida.  Y aunque altos responsables públicos insisten en que  “todos los españoles tenemos los mismos derechos”, o “debemos velar para que todos los españoles tengan los mismos derechos”, referido normalmente a temas como  la educación, la sanidad, la vivienda,…, son sin embargo pocos los políticos que se pronuncian sobre el derecho de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse permanentemente mediante la biblioteca pública.
                               Los indicadores (año 2003) son expresivos de esta desigualdad: En cuanto a colecciones, con una media nacional de 1,21 libros u otros soportes por habitante, las comunidades autónomas oscilan entre 0,751 de Murcia y  2,318  de  Castilla-La Mancha, con muchas regiones que siguen sin alcanzar la media de 1 documento por habitante. En cualquier caso, pese a los avances, estamos demasiado lejos de los países europeos más avanzados, con medias en torno a 10 libros por habitante.   El gasto en adquisición de colecciones es también significativo: con una media de 1 euro/habitante, también está a la cabeza Castilla-La Mancha con  1,91 euros frente a 0,43 euros  de Andalucía, 0,51 en Canarias y otras seis regiones que no llegan al gasto medio.
                               Respecto al gasto total en bibliotecas por habitante, paulatinamente va ascendiendo, pero las cifras son francamente bajas. Continúan  a la cabeza Cataluña y Castilla-La Mancha, respectivamente con 14,75 y 14,38 euros por habitante, mientras que Galicia (4,20), Andalucía (4,27), Baleares (4,34), Canarias (4,89), Comunidad Valenciana (5,08), Murcia (5,25) y otras comunidades están con unas cifras no sólo muy bajas sino con crecimientos anuales escasos y lentos. Este desigual gasto, que sitúa a regiones tradicionalmente pobres como Castilla-La Mancha a la cabeza en muchos de los indicadores, refleja las políticas estables y de decidido apoyo a las bibliotecas municipales, frente a regiones en las que los municipios no han gozado de similares apoyos de su correspondiente Administración Autonómica.  El mayor gasto en bibliotecas se corresponde con unas bibliotecas más dinámicas y con mejores servicios. Por ejemplo, en préstamos por habitante, Castilla y León tiene la primacía, con 2,5, mientras que es la cuarta comunidad por gasto en bibliotecas; Castilla-La Mancha es la segunda en préstamo (2,16), y también es la segunda en gasto; Cataluña es la tercera en préstamo (1,726) y la primera en gasto. Igual ocurre si  analizamos las actividades culturales de las bibliotecas: con una media del 74% de bibliotecas que organizan actividades, están  en los puestos más altos País Vasco, Cataluña (96%), Baleares (89%), Castilla-La Mancha (85%) y Canarias (84%)  frente a Aragón (63%), Castilla y León (67%) y Galicia y Andalucía (ambas con el 68%).

La biblioteca pública, con todas las luces de los últimos años, sigue siendo una asignatura pendiente en las políticas culturales. Aunque la cifra aceptada de población atendida es teóricamente del 97% mientras que el 3% carece de servicios bibliotecarios, si miramos a los municipios sólo el 68% de los municipios cuentan con algún tipo de servicio bibliotecario o están atendidos por bibliobuses, mientras que el 38% de los municipios españoles carece de cualquier acceso a servicios bibliotecarios. El dato es más escalofriante así: más de 3.000 municipios españoles no tienen acceso a servicios bibliotecarios de ningún tipo. Podríamos enunciar el problema de esta forma:  a los españoles residentes en pequeños municipios se les sigue negando en muchos casos el derecho a leer y a la información.
            Pero las  ciudades tampoco se salvan de los graves problemas. Muchas localidades, que deben tener una verdadera Red de Lectura Pública que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, cuentan sólo con un centro bibliotecario. Como faltan obligaciones legales precisas y la cuestión de la financiación municipal sigue sin resolverse, encontramos ciudades con planes modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos verdaderamente dramáticos en muchas de las ciudades españolas.
 Siendo estos indicadores preocupantes, es más grave la falta de una política de Estado para afrontar el reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento; pero la actual Ministra de Cultura, como sus antecesores, mantiene un cierto complejo que le incapacita para ofrecer soluciones estructurales. La Constitución Española reconoce el “acceso a la cultura” como un derecho de todos los españoles (art.  44) y también el derecho a “recibir libremente información veraz” (art. 20.1.d) o, genéricamente, el “derecho a la educación” (art. 27); y  estos tres pilares que constituyen la misión de la biblioteca pública (cultura, información y educación permanente) no han logrado convertirse jurídicamente en un  derecho que revierta en la universalización o democratización del acceso de los españoles a servicios de biblioteca pública.
            Aunque defiendo el Estado de las Autonomías e incluso  hay quien proclama que el Ministerio nada tiene que hacer en esta tarea, nuestra Constitución dejó muy clara la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos…” (art. 149.1.1ª), que incluso “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…” (art. 150.3).
            Consiguientemente, la Ministra de Cultura, que no destaca por iniciativas que puedan dar idea de que el Ministerio va a tener entre sus prioridades una política bibliotecaria acorde con las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, no puede seguir argumentando que este problema compete sólo a las Comunidades Autónomas. La biblioteca pública es un derecho de todos los ciudadanos, y al Ministerio de Cultura corresponde abordar un plan coordinado con los gobiernos autonómicos que garantice este derecho al conjunto de la población española.




* Diario ABC (29-1-2006). Edición nacional, sección “Firmas en ABC”, página 77.