Leer, un derecho de todos*
Leer
es cosa de todos, es el lema elegido este año por la Consejería de
Educación y Cultura para celebrar la Fiesta del Libro e iniciar un programa de
promoción de la lectura y de asistencia a las bibliotecas. Entre los numerosos
lemas ofrecidos por los directores de las Bibliotecas Públicas del Estado y de
los Centros Coordinadores Provinciales de Bibliotecas de nuestra región,
finalmente se eligió éste, que había sido propuesto desde el Servicio Regional
de Archivos y Bibliotecas. Con ese título genérico se intenta integrar en el Año Internacional de la Familia las
iniciativas que durante 1994 puedan ponerse en marcha en Castilla‑La Mancha
relacionadas con el libro, la lectura y las bibliotecas.
Y es que Leer no es privativo de los niños (aunque sean ellos los usuarios
más numerosos de las bibliotecas), ni de los estudiantes (demasiadas veces lectores forzados por sus profesores),
ni de un cierto sector de la población adulta más concienciado de la necesidad
de estar informado y de acudir por ello a la biblioteca, ni de ese grupo minoritario de creadores e
intelectuales que buscan en la biblioteca las fuentes para su trabajo...
Tampoco es la biblioteca el único
lugar para la lectura. Los editores hacen campañas de promoción normalmente
dirigidas a que los ciudadanos compren libros; y parece legítimo, pues los
libros, además de fuente de información, cultura y ocio, constituyen una de las
grandes industrias de nuestro país. En similares términos se mueven los
libreros, y es lógico porque, según la Encuesta
de...prácticas y consumos culturales de los españoles (1991), sólo el 37%
de las personas mayores de 18 años compró algún libro en el período de 12
meses. Y por cierto, nuestra región, según ese estudio, es la penúltima de las
Comunidades Autónomas, con sólo un 22% frente a regiones como Madrid (54%),
Cataluña (46%), País Vasco (43%), Asturias (41%), etc.
Pero el hábito de compra de libros,
que está muy bien, no puede hacernos olvidar que la lectura es un derecho de
todos los ciudadanos y, consiguientemente, los poderes públicos han de velar
por el cumplimiento de dos derechos constitucionales: a la información y a la
cultura, que es donde hay que enmarcar el acceso de los españoles al libro y a
otros soportes de información. Por ello, aunque me parece más constructiva la
imagen de una familia leyendo que una familia abandonada a la alienante
“suerte” del televisor, los bibliotecarios resaltamos la función social que
efectúa un servicio público tan fundamental como es la biblioteca.
Dice el mismo estudio citado que
sólo el 11% de los españoles adultos acuden a las bibliotecas. Y esa cifra, sin
duda muy baja, contrasta con la visión que la mayoría de las bibliotecas
españolas ofrecen: normalmente repletas de público, a veces con problemas de
convivencia derivados precisamente de la escasez de puestos de lectura. Las
Administraciones públicas han realizado durante los últimos años un importante
esfuerzo inversor; en concreto, la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha
ha invertido en bibliotecas y casas de
cultura unos 6.000 millones de pesetas entre los años 1985‑1993. Todo esto
quiere decir que, a pesar de estos datos, aún queda mucho camino por recorrer.
Entre los grandes retos pendientes
en la política de lectura pública está el completar las colecciones bibliográficas y de
publicaciones periódicas e incorporar a las bibliotecas los equipos
audiovisuales básicos y los correspondientes soportes: Compact Disc, vídeo...También está pendiente la paulatina
informatización de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario Regional y su acceso a bases de datos
mediante videotex, CD‑Rom,... Y, sobre todo, la asignatura pendiente es la
dignificación y estabilidad profesional del bibliotecario: no hay biblioteca
sin bibliotecario. Junto a estas necesidades de las bibliotecas, se encuentra
la tarea de incrementar el número de centros bibliotecarios en las localidades
mayores para asegurar un servicio efectivo al conjunto de la población. Me
explico: igual que no basta un único hospital para una ciudad, sino que se
precisa una red de centros de salud, en el caso de las bibliotecas los
ciudadanos han de poder contar con una red de bibliotecas que presten servicio
a los vecinos de los diferentes barrios. Sólo así podrá hablarse verdaderamente
de una cobertura plena de la población.
Las bibliotecas, bien dotadas y con
personal adecuado y estable, son una alternativa real para la educación, el
ocio, la cultura y la información de las personas. Desde luego, serían una
alternativa a la calle, la discoteca o
el bar, que en muchos casos parece son los únicos lugares que nuestra
sociedad destina a los jóvenes. Y si
hablamos de que leer es cosa de todos y de que constituye un derecho también de
todos, me parece preocupante la marginación que en este sentido sufre el
ciudadano de las pequeñas localidades que, por su escasa población, no tienen
biblioteca: cerca de 600 municipios de Castilla‑La Mancha (el 65% del total)
carece de cualquier tipo de servicio bibliotecario. Son aproximadamente 234.000
personas a los que, por el delito de
vivir en pequeñas localidades se les niega el derecho al libro.
Afortunamente, la biblioteca va poco
a poco considerándose por los responsables públicos como uno de los servicios
que han de generalizarse. Pero sigue siendo escasa la reivindicación que el
conjunto de la sociedad formula al respecto: sin formación e información no
tendremos una democracia madura; y en esas parcelas la biblioteca ocupa (aunque
de momento sea demasiado teóricamente) un lugar privilegiado. Lo que hace falta
es que, como ocurre con el derecho a la salud, a la educación o a otros
derechos considerados básicos, los propios ciudadanos comencemos a clamar por
el derecho a la información y a la lectura
para todos, como un servicio público que debe estar en la base de la
educación y la cultura de un país.
