martes, 29 de noviembre de 1994

Desinterés por las Bibliotecas Públicas del Estado




Desinterés por las Bibliotecas Públicas del Estado.*

            En una investigación de próxima publicación sobre las políticas bibliotecarias en España, basada en el análisis de los programas electorales de los partidos políticos en las elecciones generales del período 1977‑1993, demuestro el desinterés general de la clase política española hacia la lectura pública. Pero no sólo para los políticos no son prioridad las bibliotecas: la sociedad española, en su conjunto,  con las excepciones que confirman la regla, no está suficientemente sensibilizada sobre la necesidad de acceder a la información y la cultura a través  de la biblioteca pública. Por ello, y  aunque las comparaciones son siempre odiosas, no es extraño que el pasado año nadie pusiera reparos a la adquisición por el Estado  de la colección de arte Thyssen‑Bornemisza; incluso algunos críticos destacaron la  verdadera ganga de esa compra, que supuso al Estado un gasto de 44.100 millones de pesetas, frente a los 300.000 en que valoraban la colección los especialistas. Pero, ¿podía permitirse el Estado ese lujo, considerando las todavía  tremendas lagunas de nuestro  país en infraestructura cultural, especialmente en el campo de las bibliotecas públicas? Admitiendo la importancia de esa colección, ¿alguien tuvo en cuenta si en estos momentos de crisis socioeconómica era justo destinar tan altas cantidades del presupuesto nacional a su adquisición? ¿era prioritaria para la formación de los españoles? Ya sé que son situaciones que se presentan una sola vez y que el Gobierno estaba ante una verdadera encrucijada, pero ¿dedicar esa cifra a ese patrimonio artístico no es un gesto propio del hidalgo pobre que describe El Lazarillo de Tormes? Lo cierto es que esa decisión contrasta con las cantidades destinadas por el Ministerio de Cultura a inversiones en las Bibliotecas Públicas del Estado: en el amplio período 1983‑1993, entre nuevos edificios y remodelaciones de los existentes, el total invertido ha sido de 11.686 millones de pesetas, es decir apenas un 25% de lo que el Estado gasta en las 775 obras que integran la colección. A primera vista, estos once mil millones pueden parecer una cifra muy elevada, pero cuando se sabe lo que aún falta para, al menos, dignificar la red de estas Bibliotecas y el escaso presupuesto anual del Ministerio al efecto, aterra pensar los años necesarios para poder disponer de una red de Públicas del Estado ‑la gran mayoría de ellas teórica  cabecera del correspondiente Sistema Bibliotecario Provincial‑ adecuada y que preste los servicios que la sociedad demanda o precisa.
            Estos días, paralelamente al debate de los Presupuestos del Estado para 1995, se alzan voces contra la inversión del Ministerio de Cultura en el Liceo de Barcelona, frente a las partidas previstas para rehabilitar las catedrales. Las propias autoridades hablan, por ejemplo del Museo del Prado o del Reina Sofía; pero pocas veces rompen su habitual  silencio sobre las bibliotecas. Y, desde luego, a la hora de poner reparos a los presupuestos, tampoco la oposición  muestra interés por las políticas bibliotecarias.
            ¿Por qué el Ministerio, con el apoyo solidario de todo el Gobierno, no proyecta un Plan de Bibliotecas que permita completar el programa inversor básico antes del año 2000? La respuesta es muy simple: porque las bibliotecas públicas no son prioritarias para el Gobierno español. Si no, ¿cómo  entender que en el conjunto de países integrados en la Unión Europea mantengamos esa vergonzosa penúltima posición que desde hace décadas denuncian las estadísticas europeas sobre bibliotecas públicas?
            Claro es que en este aspecto, como en otros, el Gobierno escuda su poco interés en el desinterés bastante generalizado que gran parte de la sociedad española muestra hacia las bibliotecas. Pero ello no es ni ética ni políticamente justificable. Es  sintomático, por ejemplo, que las empresas especializadas en estudios y sondeos de opinión no incluyen a las bibliotecas entre las posibles cuestiones que preocupan o interesan a los ciudadanos. Y no quiero decir que nunca son mencionadas en algún porcentaje significativo: me refiero a que, incluso, ni siquiera se incluyen como opción de respuesta, como sí se hace con el patrimonio histórico‑artístico, la educación, etc. También parece un signo el hecho de que casi nunca se produzcan demandas organizadas, por asociaciones vecinales u otros colectivos ciudadanos, solicitando de las administraciones públicas correspondientes la instalación o mejora de una biblioteca pública, al contrario de lo que ocurre en el caso de centros de salud, escuelas u otros servicios públicos.
            Claro que en los últimos años ha habido avances, pero insuficientes, sobre todo por las expectativas que el triunfo del PSOE en 1982 tuvo para el mundo de la cultura. Pero, dentro de la mala situación general, el caso de Castilla‑La Mancha es verdaderamente gravísimo. Las llamadas “Bibliotecas Públicas del Estado” (que deberían llamarse Bibliotecas Públicas Provinciales), de titularidad estatal aunque gestionadas por la Junta de Comunidades, han padecido el olvido por parte del Ministerio. Sólo la de Albacete tiene un nuevo edificio, pero, abierta en 1984, su construcción se había iniciado antes de la llegada al poder de los socialistas. Las restantes tienen unos problemas de espacio y de medios que impiden que cumplan con su misión ante la sociedad: en los actuales edificios de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo no sólo no cabe un libro; es que no es posible que se pongan en marcha servicios al público totalmente imprescindibles hoy en una biblioteca.
            Se abren, no obstante, ventanas de esperanza: la oposición ciudadana que hubo en Toledo a la división de los fondos de esta Biblioteca, y la actual lucha que una plataforma cívica plantea en Guadalajara para que la biblioteca permanezca en el emblemático Palacio del Infantado, ampliando sus espacios con la adquisición de un edificio anejo, son posiciones que nos hacen pensar que, poco a poco, la sociedad está reaccionando. Sin duda, en ello tienen bastante que ver los bibliotecarios; de la calidad y el esfuerzo de estos profesionales sí que puede sentirse orgullosa nuestra Región.


* Diario 16 Castilla-La Mancha (29-11-1994), p.8

sábado, 1 de octubre de 1994

Los aliados de las bibliotecas

‑ “Los aliados de las bibliotecas”. En colaboración con Begoña Marlasca Gutiérrez. Educación y Biblioteca. Año 6, núm. 50 (octubre 1994), págs. 62‑63 y núm. 52 (diciembre 1994), págs.13‑19.

1ª) parte del artículo:   Los aliados de las bibliotecas

2ª) parte del artículo:    Los aliados de las bibliotecas





miércoles, 1 de junio de 1994

Bibliotecas Públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977‑1993)


“Bibliotecas Públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977‑1993)”. Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Año XLIV (1994), núm. 2 (abril‑junio), págs.123‑175.


Enlace:  Bibliotecas públicas y partidos políticos...



sábado, 23 de abril de 1994

Leer, un derecho de todos




Leer, un derecho de todos*


            Leer es cosa de todos, es el lema elegido este año por la Consejería de Educación y Cultura para celebrar la Fiesta del Libro e iniciar un programa de promoción de la lectura y de asistencia a las bibliotecas. Entre los numerosos lemas ofrecidos por los directores de las Bibliotecas Públicas del Estado y de los Centros Coordinadores Provinciales de Bibliotecas de nuestra región, finalmente se eligió éste, que había sido propuesto desde el Servicio Regional de Archivos y Bibliotecas. Con ese título genérico se intenta integrar en el Año Internacional de la Familia las iniciativas que durante 1994 puedan ponerse en marcha en Castilla‑La Mancha relacionadas con el libro, la lectura y las bibliotecas.
            Y es que Leer no es privativo de los niños (aunque sean ellos los usuarios más numerosos de las bibliotecas), ni de los estudiantes (demasiadas veces lectores forzados por sus profesores), ni de un cierto sector de la población adulta más concienciado de la necesidad de estar informado y de acudir por ello a la biblioteca, ni  de ese grupo minoritario de creadores e intelectuales que buscan en la biblioteca las fuentes para su trabajo...
            Tampoco es la biblioteca el único lugar para la lectura. Los editores hacen campañas de promoción normalmente dirigidas a que los ciudadanos compren libros; y parece legítimo, pues los libros, además de fuente de información, cultura y ocio, constituyen una de las grandes industrias de nuestro país. En similares términos se mueven los libreros, y es lógico porque, según la Encuesta de...prácticas y consumos culturales de los españoles (1991), sólo el 37% de las personas mayores de 18 años compró algún libro en el período de 12 meses. Y por cierto, nuestra región, según ese estudio, es la penúltima de las Comunidades Autónomas, con sólo un 22% frente a regiones como Madrid (54%), Cataluña (46%), País Vasco (43%), Asturias (41%), etc.
            Pero el hábito de compra de libros, que está muy bien, no puede hacernos olvidar que la lectura es un derecho de todos los ciudadanos y, consiguientemente, los poderes públicos han de velar por el cumplimiento de dos derechos constitucionales: a la información y a la cultura, que es donde hay que enmarcar el acceso de los españoles al libro y a otros soportes de información. Por ello, aunque me parece más constructiva la imagen de una familia leyendo que una familia abandonada a la alienante “suerte” del televisor, los bibliotecarios resaltamos la función social que efectúa un servicio público tan fundamental como es la biblioteca.
            Dice el mismo estudio citado que sólo el 11% de los españoles adultos acuden a las bibliotecas. Y esa cifra, sin duda muy baja, contrasta con la visión que la mayoría de las bibliotecas españolas ofrecen: normalmente repletas de público, a veces con problemas de convivencia derivados precisamente de la escasez de puestos de lectura. Las Administraciones públicas han realizado durante los últimos años un importante esfuerzo inversor; en concreto, la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha ha invertido en bibliotecas y casas de cultura unos 6.000 millones de pesetas entre los años 1985‑1993. Todo esto quiere decir que, a pesar de estos datos, aún queda mucho camino por recorrer.
            Entre los grandes retos pendientes en la política de lectura pública está el completar  las colecciones bibliográficas y de publicaciones periódicas e incorporar a las bibliotecas los equipos audiovisuales básicos y los correspondientes soportes: Compact Disc, vídeo...También está pendiente la paulatina informatización de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario  Regional y su acceso a bases de datos mediante videotex, CD‑Rom,... Y, sobre todo, la asignatura pendiente es la dignificación y estabilidad profesional del bibliotecario: no hay biblioteca sin bibliotecario. Junto a estas necesidades de las bibliotecas, se encuentra la tarea de incrementar el número de centros bibliotecarios en las localidades mayores para asegurar un servicio efectivo al conjunto de la población. Me explico: igual que no basta un único hospital para una ciudad, sino que se precisa una red de centros de salud, en el caso de las bibliotecas los ciudadanos han de poder contar con una red de bibliotecas que presten servicio a los vecinos de los diferentes barrios. Sólo así podrá hablarse verdaderamente de una cobertura plena de la población.
            Las bibliotecas, bien dotadas y con personal adecuado y estable, son una alternativa real para la educación, el ocio, la cultura y la información de las personas. Desde luego, serían una alternativa a la calle, la discoteca  o el bar, que en muchos casos parece son los únicos lugares que nuestra sociedad  destina a los jóvenes. Y si hablamos de que leer es cosa de todos y de que constituye un derecho también de todos, me parece preocupante la marginación que en este sentido sufre el ciudadano de las pequeñas localidades que, por su escasa población, no tienen biblioteca: cerca de 600 municipios de Castilla‑La Mancha (el 65% del total) carece de cualquier tipo de servicio bibliotecario. Son aproximadamente 234.000 personas a los que, por el delito de vivir en pequeñas localidades se les niega el derecho al libro.
            Afortunamente, la biblioteca va poco a poco considerándose por los responsables públicos como uno de los servicios que han de generalizarse. Pero sigue siendo escasa la reivindicación que el conjunto de la sociedad formula al respecto: sin formación e información no tendremos una democracia madura; y en esas parcelas la biblioteca ocupa (aunque de momento sea demasiado teóricamente) un lugar privilegiado. Lo que hace falta es que, como ocurre con el derecho a la salud, a la educación o a otros derechos considerados básicos, los propios ciudadanos comencemos a clamar por el derecho a la información y a la lectura  para todos, como un servicio público que debe estar en la base de la educación y la cultura de un país.


* La Voz del Tajo (23-4-1994), p.9