¿Ley de Bibliotecas? No, gracias*
Apenas 8 euros por habitante dedican en España el conjunto de las Administraciones
Públicas a los servicios de bibliotecas públicas. Este bajísimo gasto es más
preocupante porque los crecimientos anuales son escasos y lentos y porque las
desigualdades entre las regiones no sólo no se resuelven sino que se
incrementan. Y ello se percibe en las estadísticas de préstamo de libros y
otros soportes, en el número de actividades culturales y de animación a la
lectura, en la renovación e incremento de las colecciones,...Un ejemplo: las
colecciones bibliotecarias españolas ofrecen una triste media de 1,2 títulos
por habitante. En general, junto a Comunidades Autónomas con unas políticas estables y de apoyo a las
bibliotecas públicas, en otras regiones las bibliotecas parecen abandonadas a
su suerte y al voluntarismo de los profesionales que trabajan en ellas. Aunque
es fructífero el camino recorrido en las últimas décadas, los indicadores
bibliotecarios nos sitúan muy lejos de los países europeos más desarrollados y
el avance experimentado en bibliotecas públicas es muchísimo más débil que el
desarrollado por otros servicios públicos esenciales para la comunidad, como
los centros sanitarios y educativos, por poner sólo dos ejemplos clásicos.
La realidad es que en 2006 más de 3.000 municipios españoles no tienen
acceso a servicios bibliotecarios, por lo que a los españoles residentes en
pequeños municipios se les niega el derecho a la lectura y a la
información. Las ciudades tampoco se salvan de los graves
problemas: muchas, que deben tener una verdadera Red Municipal de Bibliotecas
que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, cuentan sólo con un
centro bibliotecario. Como faltan obligaciones legales precisas y la cuestión
de la financiación municipal sigue sin resolverse, conviven ciudades con planes
modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos
verdaderamente dramáticos. En conjunto, la biblioteca pública, sigue siendo una
asignatura pendiente en las políticas culturales españolas.
Quienes
creímos y apoyamos el cambio político
de 1982, escuchamos esperanzados la promesa de que el PSOE llevaría al Congreso
una Ley de Bibliotecas; pero éste fue
uno de los grandes incumplimientos de aquel período ilusionante y, a la vez,
decepcionante, especialmente en política cultural. Luego los responsables
ministeriales, tanto de gobiernos
socialistas como populares, empezaron a
echar balones fuera y a
proclamar que las competencias bibliotecarias eran de las Comunidades Autónomas
y de las Administraciones Locales. Hoy seguimos exigiendo que se apruebe una
Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para la prestación
de servicios de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país, desde el
consenso entre las Regiones. Si a esta
carencia añadimos la dispar situación de las legislaciones autonómicas y la
insuficiente regulación del servicio de biblioteca pública para los municipios,
la desigualdad está servida. Y aunque
altos responsables públicos insisten en que
todos los españoles tenemos los mismos derechos en temas como la educación, la sanidad, la vivienda,… son
pocos los políticos que se pronuncian sobre el derecho de todos los españoles a
leer, a informarse, a educarse permanentemente mediante la biblioteca pública.
Parecía que el Ministerio de Cultura modificaba sus planteamientos: anunció una Ley del Libro y la Lectura, añadiendo después
el ámbito de las bibliotecas, y asumió políticamente que el Ministerio tenía
algo que decir no sólo en su papel de coordinación sino también en los tres
niveles competenciales posibles: legislativo, desarrollo legislativo y
ejecución. De forma contundente, Rogelio Blanco, Director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, proclamó en el Senado el 29 de septiembre de 2005 que
“el Estado tiene competencias sobre las bibliotecas y puede actuar en esta
materia en el territorio de cualquier comunidad autónoma...” Pero el
anteproyecto de Ley de la
Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que presentó la Ministra de Cultura al
Consejo de Ministros el día 12 de mayo suena a broma.
Este anteproyecto no ha seguido el necesario camino de participación en un documento legal de tal importancia
y está repleto de buenas voluntades y de
generalidades propias de otro tipo de declaraciones programáticas. Así que no puedo más que mostrar mi decepción: no se
garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a servicios bibliotecarios ni
se aclaran las competencias de las distintas Administraciones Públicas; no se
incluyen compromisos concretos ni
mínimos que resulten clarificadores y sirvan de mandato a los responsables
competentes... A pesar de las buenas intenciones del preámbulo e incluso de
alguno de los artículos, este anteproyecto de Ley nada aporta a las bibliotecas
y, lo más importante, a los ciudadanos. Las asociaciones profesionales y otros
sectores afectados han presentado alegaciones y se están mostrando muy críticos
con este anteproyecto. Percibimos que estamos ante una legislación de salón, y que la Ministra de Cultura
quiere presumir y pasar a la historia como la política que hizo una Ley de
Bibliotecas, que articuló la lectura entorno a las bibliotecas. En la realidad,
será la ministra que quiso vendernos el cuento de una Ley de Bibliotecas, pero
que no resuelve ninguno de los problemas que las bibliotecas tienen en el
conjunto de España.
Hay dos opciones: modificar los capítulos relativos a
bibliotecas o exigir una Ley específica de Bibliotecas, independiente de la Ley del Libro y la Lectura, que realmente se
ve era la preocupación del Ministerio. Con este anteproyecto, las bibliotecas
seguirán siendo un servicio público de segunda división, demasiadas
veces voluntario y al arbitrio del interés o desinterés del político de turno,
y, en la práctica, los servicios bibliotecarios no serán un derecho de todos
los ciudadanos. Junto a los preocupantes
indicadores, es más grave la falta de una política de Estado para afrontar el
reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la Información y el
Conocimiento, pero la
Ministra de Cultura, como sus antecesores, mantiene un cierto
complejo que le incapacita para ofrecer soluciones estructurales. La biblioteca pública es un derecho de todos,
y al Ministerio de Cultura corresponde abordar un plan coordinado con los
gobiernos autonómicos que garantice este derecho al conjunto de la población
española. El primer eslabón de ese Plan tiene que ser una Ley de Coordinación
Bibliotecaria que dé respuesta a las necesidades reales de la sociedad
española, garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios
bibliotecarios y afronte el problema histórico de la biblioteca pública en
España. Aunque esta Ley es urgente, el anteproyecto presentado no
resuelve ninguno de los problemas de las
bibliotecas españolas. Clamo por una Ley de Bibliotecas, pero así no, gracias.
