jueves, 7 de septiembre de 2006

¿Ley de Bibliotecas? No, gracias



¿Ley de Bibliotecas? No, gracias*


Apenas 8 euros por habitante dedican  en España el conjunto de las Administraciones Públicas a los servicios de bibliotecas públicas. Este bajísimo gasto es más preocupante porque los crecimientos anuales son escasos y lentos y porque las desigualdades entre las regiones no sólo no se resuelven sino que se incrementan. Y ello se percibe en las estadísticas de préstamo de libros y otros soportes, en el número de actividades culturales y de animación a la lectura, en la renovación e incremento de las colecciones,...Un ejemplo: las colecciones bibliotecarias españolas ofrecen una triste media de 1,2 títulos por habitante. En general, junto a Comunidades Autónomas con unas  políticas estables y de apoyo a las bibliotecas públicas, en otras regiones las bibliotecas parecen abandonadas a su suerte y al voluntarismo de los profesionales que trabajan en ellas. Aunque es fructífero el camino recorrido en las últimas décadas, los indicadores bibliotecarios nos sitúan muy lejos de los países europeos más desarrollados y el avance experimentado en bibliotecas públicas es muchísimo más débil que el desarrollado por otros servicios públicos esenciales para la comunidad, como los centros sanitarios y educativos, por poner sólo dos ejemplos clásicos.

La realidad es que en 2006 más de 3.000 municipios españoles no tienen acceso a servicios bibliotecarios, por lo que a los españoles residentes en pequeños municipios se les niega el derecho a la lectura y a la información.  Las  ciudades tampoco se salvan de los graves problemas: muchas, que deben tener una verdadera Red Municipal de Bibliotecas que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, cuentan sólo con un centro bibliotecario. Como faltan obligaciones legales precisas y la cuestión de la financiación municipal sigue sin resolverse, conviven ciudades con planes modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos verdaderamente dramáticos. En conjunto, la biblioteca pública, sigue siendo una asignatura pendiente en las políticas culturales españolas.

            Quienes creímos y apoyamos el cambio político de 1982, escuchamos esperanzados la promesa de que el PSOE llevaría al Congreso una Ley de Bibliotecas;  pero éste fue uno de los grandes incumplimientos de aquel período ilusionante y, a la vez, decepcionante, especialmente en política cultural. Luego los responsables ministeriales,  tanto de gobiernos socialistas como populares,  empezaron a echar balones fuera y a proclamar que las competencias bibliotecarias eran de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales. Hoy seguimos exigiendo que se apruebe una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para la prestación de servicios de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país, desde el consenso entre las Regiones.  Si a esta carencia añadimos la dispar situación de las legislaciones autonómicas y la insuficiente regulación del servicio de biblioteca pública para los municipios, la desigualdad está servida.  Y aunque altos responsables públicos insisten en que  todos los españoles tenemos los mismos derechos en temas como  la educación, la sanidad, la vivienda,… son pocos los políticos que se pronuncian sobre el derecho de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse permanentemente mediante la biblioteca pública.
Parecía que el Ministerio de Cultura modificaba sus planteamientos:  anunció una Ley del Libro y la Lectura, añadiendo después el ámbito de las bibliotecas, y asumió políticamente que el Ministerio tenía algo que decir no sólo en su papel de coordinación sino también en los tres niveles competenciales posibles: legislativo, desarrollo legislativo y ejecución. De forma contundente, Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, proclamó en el Senado el 29 de septiembre de 2005 que “el Estado tiene competencias sobre las bibliotecas y puede actuar en esta materia en el territorio de cualquier comunidad autónoma...” Pero el anteproyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que presentó la Ministra de Cultura al Consejo de Ministros el día 12 de mayo suena a broma.

Este anteproyecto no ha seguido el necesario camino de participación  en un documento legal de tal importancia y  está repleto de buenas voluntades y de generalidades propias de otro tipo de declaraciones programáticas. Así que  no puedo más que mostrar mi decepción: no se garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a servicios bibliotecarios ni se aclaran las competencias de las distintas Administraciones Públicas; no se incluyen  compromisos concretos ni mínimos que resulten clarificadores y sirvan de mandato a los responsables competentes... A pesar de las buenas intenciones del preámbulo e incluso de alguno de los artículos, este anteproyecto de Ley nada aporta a las bibliotecas y, lo más importante, a los ciudadanos.  Las asociaciones profesionales y otros sectores afectados han presentado alegaciones y se están mostrando muy críticos con este anteproyecto. Percibimos que estamos ante  una legislación de salón,  y  que la Ministra de Cultura quiere presumir y pasar a la historia como la política que hizo una Ley de Bibliotecas, que articuló la lectura entorno a las bibliotecas. En la realidad, será la ministra que quiso vendernos el cuento de una Ley de Bibliotecas, pero que no resuelve ninguno de los problemas que las bibliotecas tienen en el conjunto de España.

            Hay dos opciones:  modificar los capítulos relativos a bibliotecas o exigir una Ley específica de Bibliotecas, independiente de la Ley del Libro y la Lectura, que realmente se ve era la preocupación del Ministerio. Con este anteproyecto, las bibliotecas seguirán siendo un servicio público de segunda división, demasiadas veces voluntario y al arbitrio del interés o desinterés del político de turno, y, en la práctica, los servicios bibliotecarios no serán un derecho de todos los ciudadanos. Junto a  los preocupantes indicadores, es más grave la falta de una política de Estado para afrontar el reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento, pero la Ministra de Cultura, como sus antecesores, mantiene un cierto complejo que le incapacita para ofrecer soluciones estructurales.  La biblioteca pública es un derecho de todos, y al Ministerio de Cultura corresponde abordar un plan coordinado con los gobiernos autonómicos que garantice este derecho al conjunto de la población española. El primer eslabón de ese Plan tiene que ser una Ley de Coordinación Bibliotecaria que dé respuesta a las necesidades reales de la sociedad española, garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios bibliotecarios y afronte el problema histórico de la biblioteca pública en España.   Aunque esta Ley es  urgente, el anteproyecto presentado no resuelve ninguno de los  problemas de las bibliotecas españolas. Clamo por una Ley de Bibliotecas,  pero así no, gracias. 


           

No hay comentarios:

Publicar un comentario