El
cuento de la Ley
de Bibliotecas*
Decía León Felipe: Me han contado
todos los cuentos y sé todos los cuentos. Vengo insistiendo desde hace
décadas en la necesidad de que nuestro país pueda contar con una Ley de
Coordinación Bibliotecaria, y normalmente el silencio ha sido la respuesta.
Quienes creímos y apoyamos el cambio político de 1982 escuchamos
esperanzados la promesa de que el PSOE llevaría al Congreso esa Ley, pero éste
fue uno de los grandes incumplimientos de aquel período ilusionante y, a la
vez, decepcionante, especialmente en política cultural. Luego los responsables
ministeriales, tanto de gobiernos
socialistas como populares, empezaron a
echar balones fuera y a proclamar que las competencias bibliotecarias
eran de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales. Y siempre
decían que la legislación bibliotecaria española estaba obsoleta y era sólo de
papel, es decir de BOE, pero inadecuada a la realidad.
Recientemente el Ministerio parecía
que modificaba sus planteamientos. Se anunció una Ley del Libro y la Lectura, añadiéndose
después el ámbito de las bibliotecas, y se asumió políticamente que el
Ministerio tenía algo que decir no sólo en su papel de coordinación sino
también en los tres niveles competenciales posibles: legislativo, desarrollo
legislativo y ejecución. De forma contundente, Rogelio Blanco, Director General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, proclamó en el Senado el 29 de septiembre de
2005 que “el Estado tiene competencias sobre las bibliotecas y puede actuar en
esta materia en el territorio de cualquier comunidad autónoma...”
Siempre he dicho que la necesaria
Ley de Bibliotecas, debería ser una Ley-marco y contar con el consenso entre
las Comunidades Autónomas y el Ministerio. Por ello me sorprendió que la
plataforma de cooperación bibliotecaria, siempre alabada por el
Ministerio, es decir las Jornadas que anualmente se celebran a tal fin,
y que tienen trabajo permanente a través de los grupos en funcionamiento para
variados temas bibliotecarios, no haya sido utilizada en este caso para
realizar propuestas previas que luego reviertan en el anteproyecto de Ley y,
tras las consultas y alegaciones pertinentes, en proyecto de Ley.
Pero ya sé la razón a esa negativa. La ministra de Cultura presentó al
Consejo de Ministros del día 12 de mayo un informe sobre el anteproyecto de Ley
de la Lectura,
del Libro y de las Bibliotecas. He
tenido la oportunidad de leer ese documento, lleno de buenas voluntades y de
generalidades propias de otro tipo de declaraciones programáticas, y no puedo
más que mostrar mi decepción. Ningún elemento que garantice el derecho de
acceso de los ciudadanos a servicios bibliotecarios, ninguna medida que aclare
las competencias de las distintas Administraciones Públicas, ningún compromiso
concreto, ningún mínimo que resulte clarificador y sirva de mandato a los
responsables competentes... Además de las buenas intenciones del preámbulo e
incluso de alguno de los artículos, este anteproyecto de Ley poco aporta a las
bibliotecas y, lo más importante, a los ciudadanos. Late una sensación de una legislación
de salón, en la línea con aquel viejo
refrán que habla de que presume de tacón y pisa con el contrafuerte. Me consta que las asociaciones profesionales
van a presentar alegaciones, pero mi sentimiento es que la ministra de Cultura
quiere presumir, pasar a la historia como la política que hizo una Ley de
Bibliotecas, que articuló la lectura entorno a las bibliotecas. En la realidad,
será la ministra que quiso vendernos el cuento de una Ley de Bibliotecas, pero
que no resuelve ninguno de los problemas que las bibliotecas tienen en el
conjunto de España.
Hay dos opciones: o modificar
totalmente los capítulos relativos a bibliotecas o, simplemente, exigir una Ley
específicamente de Bibliotecas, independiente de la Ley del Libro y la Lectura, que realmente se
ve era la gran preocupación del Ministerio. Con este anteproyecto, las
bibliotecas seguirán siendo un servicio público de segunda división, demasiadas
veces voluntario y al arbitrio del interés o desinterés del político de turno.
Pero, en la práctica, los servicios bibliotecarios no serán un derecho de todos
los ciudadanos.
* Este
artículo, es en realidad una versión del artículo anterior. Fue publicado en Mi
Biblioteca. La revista del mundo bibliotecario. Año II, nº 6 (2006), págs.
16-17.
-
Reproducido en El
Digital de Castilla-La Mancha.
(27-07-2006). http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo-de-opinion-de-juan-sanchez-sanchez-4021.htm
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