El derecho a no leer*
Como en todo catálogo de derechos, la lista de los derechos de la lectura debe iniciarse
por el derecho a no utilizarlo, es decir por el derecho a no leer. Es ésta la
contundente opinión de Daniel Pennac en su obra Como una novela. Personas
que optan por ver una película en lugar de leer un libro; respetables y cultos
ciudadanos que no tienen tiempo para leer o no sienten necesidad de leer; e
incluso sensibles y apasionadas personas que entre sus grandes amores vitales no descubrieron el de la
lectura y prefieren cualquier otra afición. Pero se supone que estamos hablando
de gentes que tienen libros en su entorno, que conviven con libros, que
atesoran libros en sus bibliotecas personales…; y, a pesar de tener a su
disposición libros, renuncian cotidianamente, por distintos motivos, a
adentrarse en sus páginas. Y son libres de hacerlo, sin duda.
Por esta razón la mayoría de los
estudios de hábitos de lectura no reflejan con fidelidad la realidad. Además de
las muestras tan reducidas que se
utilizan, se analiza la compra de libros, el número de volúmenes en los
hogares, etc., pero estos datos difícilmente sirven como índices de lectura de los ciudadanos. Y así,
reiteradamente, los sucesivos titulares del Ministerio de Cultura han lamentado
los bajos índices de lectura existentes en nuestro país. Y para mitigar esa
situación desarrollaron pomposas y costosas campañas de promoción de la
lectura. Y cuentan voces autorizadas que al evaluar los resultados de esas
iniciativas normalmente observaron que no mejoraba la situación.
Y es que se equivocan los
responsables ministeriales. No se trata de editar más libros (sabido es que
España es una de las grandes potencias mundiales de la edición) ni de vender
más libros (aunque la costumbre de comprar o de regalar libros sea saludable
para todos, y necesaria para editores y libreros). Se trata de contar con una
buena red de bibliotecas públicas en todo el país. Y esto, a pesar de los
grandes avances experimentados en las últimas décadas, sigue siendo la
asignatura pendiente de las políticas culturales españolas. Cuando la
biblioteca pública esté verdaderamente en el corazón de las políticas diseñadas
por los responsables de las Administraciones Públicas y, consiguientemente, los
ciudadanos cuenten con servicios bibliotecarios bien dotados y cercanos, con
colecciones actualizadas y con profesionales suficientes para atender esos
servicios públicos; cuando la biblioteca pública sea realmente un derecho de
todos los españoles, entonces veremos cómo cambian los índices de lectura.
Aseguran que la mayor corrupción de
un país es nombrar a personas inadecuadas para asumir las distintas
responsabilidades públicas. Tal vez
pueda parecer exagerado, pero en buena medida he podido constatar esa idea en
muchos casos, especialmente en el ámbito de la cultura y las bibliotecas, que
siempre he seguido más de cerca. Ni los programas electorales de los grandes
partidos españoles ni los programas culturales desarrollados por la mayoría de
las administraciones públicas culturales han tenido a la biblioteca pública
como llave de cultura, de referente democratizador, de vehículo para que los
ciudadanos accedan a la Sociedad de la Información. Y, más grave:
aunque sé que existen honrosas
excepciones que confirman la regla…, la mayoría de esos dirigentes careció y
carece de la necesaria actitud utópica y profética para situar a España en el
nivel de los países bibliotecariamente desarrollados.
En este sentido recuerdo, a modo de
ejemplo, una conversación sosegada que mantuve con el titular de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura hace ya unos años. Viendo la estadística de
bibliotecas públicas y los municipios españoles que contaban con este servicio,
le mostraba mi preocupación por todos esos municipios pequeños (y no tan
pequeños…) que carecían de biblioteca pública, por esos ciudadanos que no
tenían derecho a leer. Yo imaginaba
que me diría que habría que tener paciencia, que se tardaría décadas en
resolver el problema, etc.; pero estaba equivocado: con tranquilidad me
respondió que ese era el drama de los pueblos y que no había manera de
conseguir que esos municipios pudieran acceder a servicios bibliotecarios. Y me
sorprendió y dolió esa actitud desesperanzada y, sobre todo, carente de
valentía y utopía para poder ir transformando la realidad. Por cierto que esa
mañana, hace unos diez años, nació en mí
un firme deseo: al menos en Castilla-La Mancha conseguiremos la
universalización de los servicios públicos de lectura e información. Y en esas
andamos…
Aunque la lectura y la información
construyen ciudadanos libres y son una vía para edificar una sociedad más justa
y democrática, respeto el derecho a no leer de quienes, pudiendo hacerlo,
renuncian a ello. Pero hoy alzo mi voz en nombre de los hombres y mujeres que
viven en zonas rurales, en pequeños pueblos; de tantas personas que viven en
los barrios de las grandes ciudades; en nombre de quienes el Estado les niega
reiteradamente el derecho a leer y a estar libremente informados. Hoy quiero
hablar en nombre de los habitantes de esos 3.200 municipios españoles que no pueden
acceder al libro y la lectura como fuente de información, de educación o de
ocio. Y también en nombre de quienes en sus municipios cuentan con servicios
bibliotecarios insuficientes o inadecuados. Para que todas estas personas
disfruten del derecho a no leer, antes
el Estado debe garantizarles el derecho a
leer a través del mejor cauce, el más democrático, el que por ser gratuito
garantiza la igualdad para todos los ciudadanos: la biblioteca pública.
Alzando hoy mi voz, también quiero
expresar públicamente mi respetuoso homenaje a tantos alcaldes y alcaldesas de
cientos de pueblos españoles que, aun no teniendo obligación legal de poner en
marcha una biblioteca pública, lo han hecho con esfuerzo e ilusión. Unas veces
con ayudas de otra Administración Pública y otras muchas sólo porque han
descubierto que la biblioteca pública es un servicio básico imprescindible,
socialmente necesario e, incluso, políticamente rentable. ¡Qué mérito tienen!
¡Descubrieron que la cultura es un arma cargada de futuro y de esperanza! De
igual forma mi homenaje a los bibliotecarios y bibliotecarias que con su
dedicación y su profesionalidad hace que la biblioteca sea uno de los centros
neurálgicos de los municipios.
Una de las virtudes de la democracia
es que los mediocres y quienes no desempeñan correctamente su cargo público
suelen sufrir un varapalo de los ciudadanos en las siguientes elecciones. Por
ello, para terminar, un consejo: no voten a quienes desdeñan la biblioteca
pública; no apoyen a quienes teniendo responsabilidades en las políticas
culturales consideran que la biblioteca pública es un servicio que no precisa
recursos y que es un lujo que no puede estar al alcance de todos los
ciudadanos. Vamos, que quienes no creen en la biblioteca pública se alejen de
responsabilidades públicas que no se merecen…
*
Originariamente fue escrito para el libro Palabras
por la Biblioteca.
Edición a cargo de Javier Pérez Iglesias. Toledo, Consejería
de Cultura. Asociación Cultural Educación y Biblioteca, 2004 págs. 205-208. Coincidiendo con la celebración del II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se publicó en la
prensa regional, concretamente en La Tribuna de Toledo (18 de noviembre de 2004,
pág. 3) y en las otras seis ediciones de este medio de comunicación en
Castilla-La Mancha (La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara, La Tribuna de Puertollano y
La Tribuna
de Talavera). También
fue recogido en el libro Combates por la Biblioteca Pública
en España (2006), páginas 313-316.
