jueves, 18 de noviembre de 2004

El derecho a no leer



El derecho a no leer*

            Como en todo catálogo  de derechos, la lista de los derechos de la lectura debe iniciarse por el derecho a no utilizarlo, es decir por el derecho a no leer. Es ésta la contundente opinión de Daniel Pennac en su obra Como una novela.  Personas que optan por ver una película en lugar de leer un libro; respetables y cultos ciudadanos que no tienen tiempo para leer o no sienten necesidad de leer; e incluso sensibles y apasionadas personas que entre sus grandes amores vitales no descubrieron el de la lectura y prefieren cualquier otra afición. Pero se supone que estamos hablando de gentes que tienen libros en su entorno, que conviven con libros, que atesoran libros en sus bibliotecas personales…; y, a pesar de tener a su disposición libros, renuncian cotidianamente, por distintos motivos, a adentrarse en sus páginas. Y son libres de hacerlo, sin duda.
            Por esta razón la mayoría de los estudios de hábitos de lectura no reflejan con fidelidad la realidad. Además de las muestras tan reducidas  que se utilizan, se analiza la compra de libros, el número de volúmenes en los hogares, etc., pero estos datos difícilmente sirven como  índices de lectura de los ciudadanos. Y así, reiteradamente, los sucesivos titulares del Ministerio de Cultura han lamentado los bajos índices de lectura existentes en nuestro país. Y para mitigar esa situación desarrollaron pomposas y costosas campañas de promoción de la lectura. Y cuentan voces autorizadas que al evaluar los resultados de esas iniciativas normalmente observaron que no mejoraba la situación.
            Y es que se equivocan los responsables ministeriales. No se trata de editar más libros (sabido es que España es una de las grandes potencias mundiales de la edición) ni de vender más libros (aunque la costumbre de comprar o de regalar libros sea saludable para todos, y necesaria para editores y libreros). Se trata de contar con una buena red de bibliotecas públicas en todo el país. Y esto, a pesar de los grandes avances experimentados en las últimas décadas, sigue siendo la asignatura pendiente de las políticas culturales españolas. Cuando la biblioteca pública esté verdaderamente en el corazón de las políticas diseñadas por los responsables de las Administraciones Públicas y, consiguientemente, los ciudadanos cuenten con servicios bibliotecarios bien dotados y cercanos, con colecciones actualizadas y con profesionales suficientes para atender esos servicios públicos; cuando la biblioteca pública sea realmente un derecho de todos los españoles, entonces veremos cómo cambian los índices de lectura.
            Aseguran que la mayor corrupción de un país es nombrar a personas inadecuadas para asumir las distintas responsabilidades  públicas. Tal vez pueda parecer exagerado, pero en buena medida he podido constatar esa idea en muchos casos, especialmente en el ámbito de la cultura y las bibliotecas, que siempre he seguido más de cerca. Ni los programas electorales de los grandes partidos españoles ni los programas culturales desarrollados por la mayoría de las administraciones públicas culturales han tenido a la biblioteca pública como llave de cultura, de referente democratizador, de vehículo para que los ciudadanos accedan a la Sociedad de la Información. Y, más grave: aunque sé que existen  honrosas excepciones que confirman la regla…, la mayoría de esos dirigentes careció y carece de la necesaria actitud utópica y profética para situar a España en el nivel de los países bibliotecariamente desarrollados.
            En este sentido recuerdo, a modo de ejemplo, una conversación sosegada que mantuve con el titular de la  Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura hace ya unos años. Viendo la estadística de bibliotecas públicas y los municipios españoles que contaban con este servicio, le mostraba mi preocupación por todos esos municipios pequeños (y no tan pequeños…) que carecían de biblioteca pública, por esos ciudadanos que no tenían derecho a leer. Yo imaginaba que me diría que habría que tener paciencia, que se tardaría décadas en resolver el problema, etc.; pero estaba equivocado: con tranquilidad me respondió que ese era el drama de los pueblos y que no había manera de conseguir que esos municipios pudieran acceder a servicios bibliotecarios. Y me sorprendió y dolió esa actitud desesperanzada y, sobre todo, carente de valentía y utopía para poder ir transformando la realidad. Por cierto que esa mañana, hace unos diez años,  nació en mí un firme deseo: al menos en Castilla-La Mancha conseguiremos la universalización de los servicios públicos de lectura e información. Y en esas andamos…
            Aunque la lectura y la información construyen ciudadanos libres y son una vía para edificar una sociedad más justa y democrática, respeto el derecho a no leer de quienes, pudiendo hacerlo, renuncian a ello. Pero hoy alzo mi voz en nombre de los hombres y mujeres que viven en zonas rurales, en pequeños pueblos; de tantas personas que viven en los barrios de las grandes ciudades; en nombre de quienes el Estado les niega reiteradamente el derecho a leer y a estar libremente informados. Hoy quiero hablar en nombre de los habitantes de esos 3.200 municipios españoles que no pueden acceder al libro y la lectura como fuente de información, de educación o de ocio. Y también en nombre de quienes en sus municipios cuentan con servicios bibliotecarios insuficientes o inadecuados. Para que todas estas personas disfruten del derecho a no leer, antes el Estado debe garantizarles el derecho a leer a través del mejor cauce, el más democrático, el que por ser gratuito garantiza la igualdad para todos los ciudadanos: la biblioteca pública.
            Alzando hoy mi voz, también quiero expresar públicamente mi respetuoso homenaje a tantos alcaldes y alcaldesas de cientos de pueblos españoles que, aun no teniendo obligación legal de poner en marcha una biblioteca pública, lo han hecho con esfuerzo e ilusión. Unas veces con ayudas de otra Administración Pública y otras muchas sólo porque han descubierto que la biblioteca pública es un servicio básico imprescindible, socialmente necesario e, incluso, políticamente rentable. ¡Qué mérito tienen! ¡Descubrieron que la cultura es un arma cargada de futuro y de esperanza! De igual forma mi homenaje a los bibliotecarios y bibliotecarias que con su dedicación y su profesionalidad hace que la biblioteca sea uno de los centros neurálgicos de los municipios.
            Una de las virtudes de la democracia es que los mediocres y quienes no desempeñan correctamente su cargo público suelen sufrir un varapalo de los ciudadanos en las siguientes elecciones. Por ello, para terminar, un consejo: no voten a quienes desdeñan la biblioteca pública; no apoyen a quienes teniendo responsabilidades en las políticas culturales consideran que la biblioteca pública es un servicio que no precisa recursos y que es un lujo que no puede estar al alcance de todos los ciudadanos. Vamos, que quienes no creen en la biblioteca pública se alejen de responsabilidades públicas que no se merecen…


* Originariamente fue escrito para el libro Palabras por la Biblioteca. Edición a cargo de Javier Pérez Iglesias. Toledo, Consejería de Cultura. Asociación Cultural Educación y Biblioteca, 2004 págs. 205-208.  Coincidiendo con la celebración del II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se publicó en la prensa regional, concretamente en La Tribuna de Toledo (18 de noviembre de 2004, pág. 3) y en las otras seis ediciones de este medio de comunicación en Castilla-La Mancha (La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara, La Tribuna de Puertollano y La Tribuna de Talavera). También  fue recogido en el libro Combates por la Biblioteca Pública en España (2006), páginas 313-316.

No hay comentarios:

Publicar un comentario