lunes, 19 de diciembre de 2005

Manifiesto de Toledo por la Biblioteca Pública



Manifiesto de Toledo por la Biblioteca Pública*


            Comparecencia ante los medios de comunicación de la Ministra de Cultura y de la Consejera de Cultura de Castilla-La Mancha.



            Acaba de finalizar la Conferencia Sectorial de Cultura, y comparecemos conjuntamente para informarles, y a través de ustedes a toda la sociedad española, que hoy las bibliotecas públicas viven un día realmente histórico. Como Ministra de Cultura quiero comunicarles que antes de iniciarse la sesión de la Conferencia he tenido la oportunidad de celebrar una reunión con el Presidente del Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha, quien me ha transmitido su interés personal y político sobre la necesidad de que la Conferencia Sectorial aprobase una declaración institucional referente a las bibliotecas españolas. Sin duda el hecho de que la actual Consejera de Cultura sea bibliotecaria, lo que constituye un hito en la política cultural de nuestro país, ha influido poderosamente en este interés.



            Como seguramente conocen, el Gobierno de Castilla-La Mancha se había comprometido públicamente en el año 2003, mediante el Plan de Desarrollo Bibliotecario Bibliotecas Públicas Siglo XXI que el Gobierno regional aprobó para esta Comunidad, a buscar fórmulas que permitieran la publicación de un Manifiesto por la Biblioteca Pública que se redactase e hiciese público en Toledo y que constituyera un compromiso de futuro del conjunto de gobiernos autonómicos y del  Gobierno de España acerca de las políticas bibliotecarias. Pues bien, el Presidente me ha presentado un amplio informe acerca de las desigualdades que en este momento existen entre las distintas regiones españolas a la hora de prestar el servicio de biblioteca pública. Este informe, ha sido explicado por la Consejera de Cultura de Castilla-La Mancha en el curso de la Conferencia y, como consecuencia, se ha acordado de forma unánime la redacción de dicho Manifiesto,  que ha sido aprobado también con el acuerdo de todos los responsables autonómicos.



            Puedo asegurarles que lo que en principio era una Conferencia Sectorial más, con un orden del día que incluía los puntos que se les habían comunicado a ustedes a través de la nota difundida ayer por la Oficina de Prensa del Ministerio, se ha convertido en la práctica en una Conferencia Sectorial prácticamente monográfica en torno a la situación y el futuro de las bibliotecas públicas.



            Por la transcendencia de este acuerdo, se ha decidido esta comparecencia conjunta, que va más allá del papel de anfitriona que lógicamente tiene también la Consejera castellano-manchega por el hecho de celebrarse en la capital de Castilla-La Mancha esta reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura.



            Tras esta introducción, vamos a proceder sin más explicaciones a la lectura del que hemos denominado Manifiesto de Toledo por la Biblioteca  Pública, que esperamos y deseamos sea un instrumento muy fructífero para la lectura pública en España:







            “En Toledo, en el Salón Emperatriz del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar la Conferencia Sectorial de Cultura que ha sido convocada por el Ministerio de Cultura y a la que han asistido los responsables de cultura de la totalidad de Comunidades Autónomas españolas.



            Como acuerdo principal de esta Conferencia se ha aprobado, tras un amplísimo debate, este Manifiesto por la Biblioteca Pública, que finalmente ha obtenido el respaldo por consenso del conjunto de administraciones culturales presentes en la sesión, y que consta de los siguientes compromisos:



            1) El Ministerio de Cultura redactará un Proyecto de Ley de Coordinación Bibliotecaria que se tramitará durante el actual período de sesiones de las Cortes Generales.  Esta Ley establecerá el nuevo marco para las políticas de lectura pública en nuestro país. No obstante, el Ministerio de Cultura y los responsables de las políticas bibliotecarias en las Comunidades Autónomas han aprobado algunos de los parámetros que deberá recoger dicho texto legislativo, y que esencialmente se recogen en los puntos siguientes del presente Manifiesto de Toledo por la Biblioteca Pública.



            2) El servicio bibliotecario se enmarca en el derecho constitucional de los ciudadanos españoles de acceder a la Cultura, la Información y la Educación. Consiguientemente, la Ley deberá regular la obligatoriedad por parte de las Administraciones Públicas de organizar la prestación del servicio bibliotecario público para garantizar el acceso de todos los españoles a estos servicios, sin desigualdades por razón de la residencia en unas u otras comunidades autónomas, ciudades o pueblos.



            3) El servicio de Biblioteca Pública estable será obligatorio en todos los municipios que cuenten con una población superior a 1.000 habitantes. Para ello, el Gobierno de España, con la participación de los Gobiernos autonómicos, se compromete a realizar y desarrollar un PLAN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS para el período 2007-2016, al final del cual deberá haberse hecho realidad esta obligatoriedad. En el caso de municipios con población inferior a la citada, la Ley establecerá las fórmulas de servicio bibliotecario que deberán ponerse en marcha para conseguir que la totalidad de municipios españoles dispongan de servicios bibliotecarios adecuados y permanentes (Bibliotecas móviles, etc.), así como la Administración responsable de asumir la prestación de esos servicios.



            4) Los responsables institucionales reunidos en esta Conferencia expresan su radical confianza en la Biblioteca Pública como puerta de acceso democrático de los ciudadanos a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, y como centro neurálgico en la vida local. Por ello, acuerdan que la Ley incluya unos estándares de servicios, funcionamiento, fondos, etc.,  a los que deberán ajustarse las bibliotecas públicas españolas para que puedan realizar su alta misión social y educativa de acuerdo a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. De manera especial, se incide en la necesidad de que las ciudades y localidades mayores de 25.000 habitantes dispongan de redes urbanas de bibliotecas que presten servicio al conjunto de personas residentes en los distintos barrios y zonas de esas poblaciones.



            5) Finalmente, y aunque se acuerda felicitar al Ministerio de Cultura por haber impulsado la celebración de las Conferencias sectoriales de Cultura, los responsables autonómicos instan al Ministerio a profundizar en la coordinación de las políticas, programas e iniciativas del ámbito de la lectura pública como método de trabajo a seguir. Al efecto, proponen la constitución de la Conferencia General de Política Bibliotecaria, cuyas funciones, composición y formas de funcionamiento deberá regular la Ley de Coordinación Bibliotecaria.







            En definitiva, el espíritu que emana de este Manifiesto es que la lectura, concretada  en los servicios de la Biblioteca Pública, es una cuestión de Estado y que precisa de la participación y el esfuerzo coordinado del conjunto de Administraciones Públicas de nuestro país. “



            Toledo, 19 de diciembre de 2005.


* Escrito en diciembre de 2005. No obstante, permanecía inédito. Cuando se celebró la Conferencia Sectorial de Cultura en Toledo, ya tenía conocimiento, aunque no me había sido comunicado de forma oficial, de mi inmediato cese como responsable del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas. Por esta razón decidí no hacer público el texto del Manifiesto, que sin duda hubiera sido considerado ofensivo hacia las autoridades de la Consejería de Cultura. Como tantas  veces, la autocensura limitaba la libertad de expresión y conseguía que los sueños se encerrasen en el disco duro del ordenador… Fue recogido en el libro En defensa de la biblioteca pública (2012).

Bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha: el reto de universalizar los servicios bibliotecarios


“Bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha: el reto de universalizar los servicios bibliotecarios”. Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla-La Mancha. ISSN 1699-6429. Toledo. Núm. 2 (2005), Págs. 248-256.





viernes, 9 de diciembre de 2005

¡Estás llamado a ser un dirigente!



 ¡Estás llamado a ser un dirigente!*
           
            Vengo proclamando desde hace dos décadas algo que parece una obviedad: no hay biblioteca sin bibliotecario. Y es un mensaje que ha sido necesario  porque tan sólo hace unos años bastantes  bibliotecas públicas municipales de nuestra región no contaban con un profesional al frente, debidamente contratado y cualificado profesionalmente. En muchos casos  un colaborador, al que el ayuntamiento pagaba una gratificación, atendía de forma irregular la biblioteca; otras veces era un funcionario municipal, un maestro o cualquier otra persona quien, con buena intención y voluntad, se hacía cargo de atender el  servicio bibliotecario.
            Pero tales situaciones, que muchas veces constituían un verdadero fraude de ley, no creemos que pueda achacarse a la correspondiente corporación local. La responsabilidad recae en la insuficiente regulación que en España existe sobre la biblioteca pública municipal. La todavía vigente Ley de Bases de Régimen Local señala como obligatoriedad la prestación del servicio de biblioteca pública sólo a los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Bien es verdad que esta obligatoriedad no está adecuadamente definida, pues, al contrario que en otro tipo de servicios públicos, ninguna legislación señala cuántos centros tiene que haber en cada municipio en función de su población y cómo deben prestarse estos servicios. Y cuando ayuntamientos tan importantes como el de Guadalajara incumplen la legislación y no han puesto en marcha ninguna biblioteca pública, existe una indefensión total de los ciudadanos.
            La Biblioteca Pública tiene en nuestro tiempo una importancia estratégica enorme. Es la puerta democrática para que el conjunto de los ciudadanos puedan acceder libre y gratuitamente a los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Pero aunque durante las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo de servicios bibliotecarios en España y en nuestra Comunidad Autónoma, producto del esfuerzo de las distintas Administraciones Públicas y de la demanda de la sociedad, todavía la biblioteca pública no es considerada un servicio público esencial. Un ejemplo de ello es que, frente a servicios como la educación y la sanidad, con una regulación estatal y autonómica y cuya responsabilidad y financiación está perfectamente delimitado en quién recae, no es éste el caso de las bibliotecas públicas municipales. En nuestra región existen 515 bibliotecas públicas, de las cuales 506 son de gestión municipal. Pero, legalmente,  sólo 62 municipios están obligados a tener en funcionamiento el servicio de biblioteca. La Consejería de Cultura, con una política bibliotecaria ejemplar desde mediados de los años noventa, ha estimulado la creación y desarrollo de bibliotecas públicas, con programas de apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos, que son en muchos casos pioneros en el conjunto de España. Pero ese desarrollo todavía no ha evitado que la Red de Bibliotecas Públicas, con tantas virtudes, adolezca de unas debilidades y carencias verdaderamente impresionantes. Una inestabilidad preocupante especialmente en los municipios más pequeños y que origina situaciones profesionales entre los profesionales bibliotecarios lamentables.
            Mientras que en las grandes bibliotecas, como las Bibliotecas Públicas del Estado y otras de los mayores municipios, existen equipos humanos bastante consolidados que permiten además una adecuada diversificación de funciones en la prestación de servicios, en la mayoría de los municipios existe sólo un bibliotecario, generalmente contratado como Auxiliar de Bibliotecas (grupo C de la Administración) y con media jornada de trabajo, con independencia de que en la mayoría de los casos sean titulados superiores o medios. Si históricamente el refranero popular recogía la sentencia “Pasas más hambre que un maestro de escuela”, la asunción por el Estado de esa competencia resolvió el viejo problema. No ha ocurrido así con los bibliotecarios de municipales, que han visto mejorar sus contratos gracias a la mayor sensibilidad de los ayuntamientos y al apoyo de la Junta de Comunidades, pero que todavía tienen encima la inseguridad y unos salarios que no se corresponden con sus importantes funciones sociales y educativas.
            El bibliotecario municipal en un pequeño municipio es un mediador social, dinamiza la vida cultural y social, anima a la lectura, propugna la participación ciudadana, es un empedernido colaborador de proyectos de interés local, orienta a los usuarios,… Si la biblioteca pública es el lugar de encuentros de la comunidad local, el bibliotecario es el corazón, el motor de esa hermosa realidad colectiva. Por ello, en buena parte de los municipios, el bibliotecario es un verdadero dirigente, un líder sociocultural. Y creo que, con justicia, podemos aplicar a estos profesionales de la cultura, la información y la educación permanente el alegato que pronunció el poeta Bertolt Brecht: ¡Estás llamado a ser un dirigente!
            El proyecto de reforma de la  Ley de Bases de Régimen Local rebaja la obligatoriedad de la prestación del servicio de biblioteca hasta los 3.000 habitantes. Pero en Castilla-La Mancha hemos avanzado más y mejor que en el conjunto del país y ya prácticamente está cumplido el objetivo de que cuenten con biblioteca los municipios mayores de 1.000 habitantes. Esta realidad aconseja que en el proyecto de nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en que se viene trabajando desde hace tres años, la obligatoriedad se sitúe precisamente en los municipios de más del millar de habitantes. Pero esa medida, tan positiva para los ciudadanos, significa una obligación legal para los municipios de Castilla-La Mancha mayor que para los de las restantes regiones. El interés demostrado por los políticos municipales hacia la biblioteca pública, porque han visto que es un servicio básico para sus comunidades locales, ha de verse apoyado por nuevas vías de financiación desde la Junta de Comunidades, precisamente ante el Pacto Local.
            No se trata, desde luego, de cerrar bibliotecas sino de dignificarlas y adecuarlas para que realmente sean el servicio de referencia para sus ciudadanos.  Las bibliotecas son en Castilla-La Mancha el servicio público más visitado después de los hospitales: más de 5,5 millones de ciudadanos (lógicamente, repitiendo periódicamente su visita a la biblioteca) han usado las bibliotecas públicas de nuestra región. La demanda social es imparable y sólo queda seguir invirtiendo para mejorarlas, dotarlas de colecciones mayores y más actualizadas, de edificios adecuados y, esencialmente, de profesionales con una formación permanente y unos salarios  y condiciones dignas de su importante tarea. Por esta razón, en las recientemente celebradas II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha, un grupo de técnicos hemos lanzado una nueva propuesta: para compensar a esos municipios que no tienen obligación legal de tener biblioteca pública, hay que buscar fórmulas de cofinanciación estables y permanentes. En definitiva, que en el caso de gastos de personal se impulsen nuevas modalidades de ayuda desde la Administración Autonómica para que, al menos, los municipios menores de 3.000 habitantes (es decir, los no obligados por la nueva legislación estatal para los municipios) reciban recursos financieros con carácter ilimitado en el tiempo y no como en la actualidad, que se limitan a 3 ó, en el mejor  de los casos, 6 años. Se trata de una iniciativa que ha sido considerada por el Comité Científico de las Jornadas y, consecuentemente, incluida en las conclusiones oficiales de este importante encuentro bibliotecario.
            Esa medida, que precisa un incremento presupuestario de la Consejería de Cultura, llevaría a la consolidación y modernización necesaria a unas bibliotecas públicas que nacieron por el deseo de leer y recibir información de muchos ciudadanos del medio rural y que ahora es preciso estabilizar como verdaderos servicios públicos llamados a influir en el acceso democrático de las personas a los frutos de esta Sociedad del Conocimiento en la que estamos inmersos. Y tenemos esperanza de que este nuevo sueño utópico sea posible.




* La Tribuna de Toledo (12 de diciembre de 2005), pág. 22. Este artículo se publicó también, en la  misma fecha,  en las otras seis ediciones de este medio de comunicación en Castilla-La Mancha (La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara,  La Tribuna de Puertollano y La Tribuna de Talavera).