DISCURSO
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, DON PEDRO SÁNCHEZ, TRAS LA CELEBRACION
DEL PRIMER CONSEJO DE MINISTROS (APÓCRIFO).
Tras el debate de los
temas que acabo de citarles, hemos cerrado esta primera sesión del Consejo de
Ministros con una importante iniciativa en materia cultural. Como ya conocen, decidí
recuperar un Ministerio específico dedicado a la Cultura como un signo
inequívoco de la importancia que mi Gobierno concederá a la actividad cultural.
Durante los primeros
años de la transición democrática el Partido Socialista Obrero Español aspiró a dotar a España de una potente y
moderna red de bibliotecas públicas, para lo que estimaba necesaria la
promulgación de una Ley de Coordinación Bibliotecaria. La lectura es una de las
necesidades humanas más importantes para formar ciudadanos libres, críticos y
participativos, y los expertos no dudan en asignar a las bibliotecas públicas
buena parte de esa función, en colaboración con los centros educativos y con las
familias.
Durante tres décadas,
nuestro país realizó una ingente labor para dotar a los municipios de este servicio
público, que fue posible fundamentalmente gracias al esfuerzo de los
ayuntamientos y las comunidades autónomas. Legalmente las bibliotecas son una
competencia concurrente del conjunto de Administraciones Públicas. Ese
esfuerzo, que hoy es reconocido, fue distinto y se han producido desigualdades
entre los ciudadanos de las distintas regiones e incluso de localidades
similares en población. Por distintas razones, hasta bien entrada la primera
década del siglo XXI no se promulgó la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura,
del libro y de las bibliotecas, largamente esperada pero que no
resolvió los problemas históricos de las bibliotecas españolas, quizá porque no
existió la convicción política necesaria para ello.
Aunque las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias son de
las comunidades autónomas y la creación de bibliotecas en general lo es lo de
los ayuntamientos, entendemos que la Administración General del Estado tiene
competencias de coordinación y para asegurar que los servicios bibliotecarios
lleguen a todos los españoles. La Constitución Española lo dice claramente: el
artículo 149.1.1ª) resulta esencial para valorar el papel ministerial en la
resolución de estas desigualdades: “El
Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el
artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá
dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de
materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés
general…”
Por todo ello, y valorando como esencial el valor de las bibliotecas
públicas en la actual sociedad de la información y del conocimiento y su
importancia en una sociedad democrática, he dispuesto nombrar un Comisionado
especial para la Biblioteca Pública, que dependerá directamente de la Presidencia
del Gobierno de España, y que estará en estrecho contacto con los
titulares de los ministerios de Cultura y Deporte y de Educación
y Formación Profesional para diseñar una política de Estado en materia
de acceso a la información y lectura pública que tenga como pilares las redes autonómicas
de las bibliotecas públicas y los recursos existentes o que se puedan crear en
el ámbito de las bibliotecas escolares en cada sistema regional educativo.
A tal efecto, establezco, inicialmente, la siguiente hoja de ruta que
deberá tenerse en cuenta por los tres responsables mencionados:
1)
En
la primera Conferencia de Presidentes que se celebre se incluirá un
informe sobre la situación del servicio de biblioteca pública en el conjunto
del país. Desde la Presidencia del Gobierno se promoverá un gran pacto de
Estado en materia de bibliotecas entre el Gobierno de España y los gobiernos de
las 17 comunidades autónomas.
2)
Nombramiento
de un grupo de expertos para elaborar un
informe que contenga las bases sobre las que deberá redactarse la
necesaria Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Lógicamente,
esta Ley sólo podrá plantearse desde el Pacto de Estado que he mencionado
anteriormente.
3)
Encargo
a un grupo de expertos de un informe para afrontar la figura de la Biblioteca
escolar en el sistema educativo en sus niveles de educación infantil, primaria
y secundaria.
4)
Estrategias
a seguir para resolver la carencia de servicios bibliotecarios en los más de
3.000 municipios españoles que actualmente no disponen de biblioteca o de
servicio de bibliobús.
5)
Diseño
de un plan que promueva los valores de la lectura y la información,
fundamentalmente desde los servicios bibliotecarios, utilizando los medios de
comunicación audiovisuales públicos.
Sin duda, los últimos años, de crisis económica y de recortes
presupuestarios, han afectado a las políticas culturales en la mayoría de las
regiones y municipios. En las localidades más pequeñas, las bibliotecas han
sobrevivido a pesar de los escasos recursos gracias a unos profesionales muy
comprometidos con su actividad y a la implicación de estos centros en la sociedad.
Entiendo que contar con un sistema nacional de bibliotecas públicas es una
necesidad para reforzar una sociedad democrática, y por ello las bibliotecas
han de estabilizarse y formar parte de los servicios públicos esenciales de la
sociedad española de nuestro tiempo. No pueden dependen de vaivenes políticos o
económicos o del voluntarismo político o técnico. Los indicadores de las
bibliotecas españolas son elocuentes y muestran que los españoles tienen mayor
aprecio e interés por la lectura que los que a veces indican las encuestas. Que
un tercio de la población española sea socio de una biblioteca pública es un
dato esperanzador que debe hacernos reflexionar a quienes tenemos
responsabilidades públicas.
Las bibliotecas son hoy mucho más que libros.
Son espacios para el encuentro, la convivencia, la creatividad, el debate…y
cada vez incrementan más su vertiente y responsabilidad social, trabajando en
coalición con la sociedad, con todo tipo de colectivos y entidades.
Sé que hay otros muchos ámbitos de la vida
cultural. Pero hoy, al iniciar mi período de gobierno, he querido apostar por
unos servicios imprescindibles para
desarrollar una sociedad en libertad y comprometida con su tiempo y para
educar a las personas de cualquier edad desde el compromiso con los demás y desde
el respeto hacia las ideas, la religión, la situación socioeconómica y
educativa…de todos los que vivimos en este gran país que es España.
Espero poder contar con el respaldo del
conjunto de Administraciones Públicas y, especialmente, con los profesionales
que cotidianamente trabajan desde las bibliotecas públicas y desde los centros
educativos. Los bibliotecarios y los educadores serán el verdadero corazón de
este proyecto que deseo llevar a cabo con la colaboración de todos.
