Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (5)

Historia imaginaria de las bibliotecas públicas en España (5)          

     Tras celebrarse la Conferencia Sectorial, el nuevo año pasó las hojas del calendario con rapidez y, coincidiendo con el Día del Libro, el Defensor del Pueblo dio cuenta de sus primeros trabajos. Desde luego el ritmo se aceleraba y parecía que las instituciones se habían tomado la vieja asignatura pendiente de las bibliotecas públicas con mucho interés. Pero no sería todo: con carácter también urgente se crearía un órgano que estaba llamado a realizar con carácter ejecutivo una serie de tareas sin duda imprescindibles para poder diseñar una verdadera Política de estado en materia de bibliotecas públicas. Sin duda, la primavera de 2003 será recordada en todas las monografías y trabajos científicos que se escriban para trazar la historia bibliotecaria de nuestro país.

4. Presentación del Informe del Defensor del Pueblo (abril 2003).

         El 23 de abril de 2003, Día del Libro, y que a mí personalmente me gusta más denominar “Fiesta del Libro”, porque todos los días del año deben ser del libro, el Defensor del Pueblo presentó su informe con las claves generales de la situación de las bibliotecas públicas en España. Fue en el Congreso de los Diputados, en una sesión plenaria. La Institución habría realizado el informe en un tiempo record y, tal vez simbólicamente, se presentaba en una fecha tan emblemática para el libro y las bibliotecas.

5. Nombramiento de la Delegada del Gobierno para el Plan de Fomento de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas (mayo 2003)

         Fue una de las propuestas del Defensor del Pueblo en su informe: nombrar un Delegado del Gobierno para desarrollar un Plan de Fomento de la Lectura y de las Bibliotecas Públicas. Y, con carácter inmediato, el Gobierno materializó esa propuesta. Se trataba de una figura con precedentes en otros ámbitos, pero que intentaba enviar el mensaje de que las políticas del libro, la información y las bibliotecas públicas constituirían una prioridad política del Gobierno de España. Con carácter transversal, asumiría el desarrollo de ese plan que recogería los programas e iniciativas de distintos departamentos y órganos del Gobierno, racionalizando su gestión y coordinación y ampliando las disponibilidades presupuestarias para estas políticas.