sábado, 27 de enero de 2018

Siete años de soledad en las políticas bibliotecarias de Castilla-La Mancha



Siete años de soledad en las políticas bibliotecarias
de Castilla-La Mancha


El 24 de febrero de 2011 fue un día histórico en nuestra región: se aprobó la Ley 3/2011, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, una ley muy progresista que significaba unos avances importantes para las políticas de lectura pública. Además, se derogaba la Ley de 1989, con lo que nos convertíamos en una de las escasas comunidades autónomas que disponía de una ley de “segunda generación”, cuando otras regiones aún no se habían dotado de un instrumento legal de este carácter.
Con motivo de esa aprobación el Gobierno regional ofrecía datos sobre la realidad bibliotecaria de Castilla-La Mancha que eran espectaculares: “Hay 549 bibliotecas públicas y diez bibliobuses en la región, que permiten que el 99,26% de los ciudadanos tengan acceso directo a este sistema bibliotecario, del que el 32,6% es socio. Los cientos de bibliotecas públicas municipales inauguradas, el incremento de las colecciones y los servicios, o la incorporación de Internet como herramienta básica de comunicación, son avances conseguidos en el desarrollo bibliotecario de la región.” Y se añadía que con la nueva Ley se pretendía  “avanzar y mejorar en este servicio público, que anualmente recibe más de ocho millones de visitantes, y potenciar el papel de la lectura como elemento vertebrador de la sociedad del conocimiento.”
            Fue una Ley aprobada a instancias del PSOE. La inmediata irrupción de la crisis y la normativa estatal sobre subvenciones a las corporaciones locales supuso la paralización de los programas de ayudas que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha venía desarrollando desde los años noventa del siglo XX. Por otro lado, la nueva Ley quedó “aparcada” sin que sus previsiones fueran llevadas a la práctica. Afortunadamente el nuevo Gobierno no derogó una Ley que no apoyó cuando fue aprobada. Durante la pasada legislatura se hicieron algunos avances, como la puesta en marcha de la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y de las cinco Comisiones Técnicas Provinciales de la Red. Pero la parálisis de las ayudas para bibliotecas municipales, la anulación de planes inversores y un espectacular retroceso en los recursos de las bibliotecas gestionadas por la Junta (la Regional y las Públicas del Estado) fueron un mazazo a la evolución bibliotecaria de nuestra región. Por supuesto, el reparto de la financiación de los servicios a los municipios entre las diversas Administraciones Públicas quedó olvidado así como la firma de los convenios entre la Junta y los ayuntamientos para la integración en condiciones adecuadas de las bibliotecas municipales en la Red.
La llegada del PSOE al Gobierno, primero en solitario y después en coalición con PODEMOS, creó unas expectativas que muy pronto quedaron defraudadas. Tras mucha lucha, reuniones y notas informativas, y por mi parte infinidad de artículos periodísticos y declaraciones en medios de comunicación e intervenciones en congresos y jornadas profesionales, en 2016 se recuperó tímidamente la convocatoria de ayudas para contratación de bibliotecarios municipales, resuelta en 2017, con un total de 600.000 €, con cantidades ridículas por ayuntamiento, y que no permitió crear ningún contrato de trabajo nuevo o mejorar los existentes. Sólo fue una pequeña inyección económica a los ayuntamientos beneficiarios.
En el debate de los presupuestos del año 2017, con incrementos importantes en algunas áreas sociales, no conseguimos que el nuevo ejecutivo asumiera compromiso alguno en relación a las políticas bibliotecarias. Por ello,  cuando llegó debate del estado de la región y escuchamos al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, se abrió una puerta de esperanza. En su discurso  de 18 de octubre de 2017 el presidente anunció el compromiso  de que el Gobierno regional convocaría en 2018 ayudas a adquisición de libros y audiovisuales por importe de  600.000 €; para animación a la lectura y otras actividades de las bibliotecas municipales con un total de 400.000 €; y un programa para financiar pequeñas inversiones y equipamiento en bibliotecas municipales por 300.000 €. Si a ello añadíamos los 600.000 € para colaborar en la contratación de bibliotecarios municipales, no citados por el Presidente, y que ya estaban previstos, tendríamos un total de 1.900.000 €.
Personalmente, realicé un llamamiento a los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha para que con sus propuestas se mejorase incluso la propuesta realizada por el  presidente regional. En el proyecto de presupuestos aparecieron por fin dos cantidades destinadas a la cooperación municipal: 600.000 € destinados al programa de contratación de bibliotecarios y 500.000 € para apoyar la adquisición de novedades en las bibliotecas municipales. Es decir, del importe anunciado por el presidente, cercano a los dos millones de euros, bajábamos a 1.100.000 y se olvidaban las ayudas para las actividades de animación a la lectura y las inversiones. El debate presupuestario sirvió para comprobar cómo PSOE y PODEMOS no estaban en absoluto dispuestos a apoyar a las bibliotecas, y las propuestas realizadas por el Grupo Parlamentario del PP fueron rechazadas.
En suma, las palabras del presidente regional han sido humo en gran parte pues sus compromisos no se han cumplido y los presupuestos del año 2018 sólo contienen las dos cuantías que figuraban en el proyecto. Que un mandatario público mienta en sede parlamentaria me parece muy grave. Pero también es grave que, una vez más, el Gobierno regional defraude las esperanzas de unos profesionales, los bibliotecarios y bibliotecarias, que vienen trabajando con imaginación y total implicación y obtienen el reconocimiento público de la sociedad y de las Administraciones pero luego no son apoyados con recursos en su trabajo diario. El problema no es sólo el desprecio que esta actitud de marginación supone para bibliotecas y bibliotecarios: es peor el olvido que el Gobierno regional hace de los millones de ciudadanos que son usuarios de las bibliotecas.
Pero las mentiras no se han parado en el presidente. En diversas comparecencias públicas, el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, anunció a bombo y platillo que el Gobierno recuperaba en 2018 los programas de ayudas para las bibliotecas municipales, señalando que se convocaría la línea de ayudas para contratación de bibliotecarios (600.000 €), las ayudas para colecciones (500.000 €) y las correspondientes a actividades de animación a la lectura (400.000 €). El Portavoz aparece como un gran desconocedor de la Red de Bibliotecas Públicas, citando un número de bibliotecas (sólo 422) que no se ajusta a la realidad ni a las propias estadísticas del Gobierno regional, y, eso sí, ofreciendo “doctrina” sobre la importancia que tienen la cultura y las bibliotecas para el Gobierno. Hernando afirmó: “…son estas iniciativas lo que realmente nos convierte en una identidad cultural castellano-manchega con vocación de servicio, de aportación  al conjunto de la cultura y de la identidad española en nuestro país, un sentimiento que tiene que ir acompañado de recursos plasmados en los presupuestos del 2018, que aportan enormemente a la lectura, a la cultura, donde creemos que no valen ni los recortes ni el IVA cultural. Aquí lo que vale es poner más dinero público para apoyar a la cultura y la lectura de Castilla-La Mancha y lo estamos demostrando hoy”. Pero el Portavoz quería convencernos de unas cantidades que no estaban reflejadas totalmente en los Presupuestos, igual que ocurrió con las promesas del presidente.
            ¿A quién quieren engañar nuestros gobernantes? Me parece de una gran irresponsabilidad esta actitud: encima de que no apoyan en los presupuestos unas partidas para bibliotecas municipales que las asociaciones profesionales estimaron de 4 millones como necesidad mínima -y yo mismo clamé reiteradamente por un mínimo de 3 millones- desaprovechan el debate presupuestario y luego presumen de recuperar programas que no se compadecen, al menos a fecha de hoy, con la realidad. Los políticos que mienten a los ciudadanos no merecen estar en puestos de tan alta importancia social y política.

sábado, 20 de enero de 2018

¿Bibliobuses en el siglo XXI? Bibliotecas para los más vulnerables.



¿Bibliobuses en el siglo XXI?
Bibliotecas para los más vulnerables.


            No olvido una fecha: el 9 de julio de 1973. Entonces comencé una aventura apasionante: recorrer los pueblos de la provincia de Toledo llevando libros a los ciudadanos de 168 municipios. Eran los últimos años del franquismo y se unió el tesón de una bibliotecaria -la leonesa y toledana de adopción Julia Méndez Aparicio- con un gobernador ilustrado y amante de los libros -Jaime de Foxá. Eran dos bibliobuses que fueron la sorpresa de unos pueblos en tantos aspectos abandonados y marginados. Por primera vez una provincia española atendía totalmente a sus municipios en servicios bibliotecarios y todas las localidades que carecían de biblioteca recibían este milagro de la cultura que era un bibliobús. Yo recorrí la Mancha, Sagra,  Mesa de Ocaña, la zona de Torrijos y los pueblos más cercanos a la capital…Y de esa forma me enamoré de mi provincia y de la función que realizan las bibliotecas, especialmente en el medio rural. La provincia de Toledo fue pionera, en gran parte gracias al apoyo de la Diputación Provincial, que a pesar de esos años del tardofranquismo, miraba con amor a los pueblos.
            De aquello hace ya cerca de 45 años. Y  aquella labor, que he narrado en artículos periodísticos y en alguno de mis libros, influyó en mí poderosamente en un principio: los ciudadanos tienen derecho a leer, a recibir información, a vivir la cultura, residan donde residan. Y en esas sigo. Por eso me emociona que desde hace varios años se haya impulsado en España la celebración del Día del Bibliobús, el 28 de enero. Fue por empeño de otro leonés, Roberto Soto, y de la asociación ACLEBIM, que promueve y defiende las bibliotecas móviles y su necesidad ineludible en pequeños municipios y barrios de grandes ciudades. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte apoyó esta celebración, igual que lo hacen la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo este buen deseo no se compadece en general con su apoyo a estas bibliotecas que son esenciales para los ciudadanos sin voz, para quienes viven muchas veces olvidados en aldeas y pequeños municipios.
            Según la estadística de 2015, un total de 1.920 municipios españoles son atendidos por un bibliobús. Pero lamentablemente 3.106 municipios españoles carecen de cualquier servicio bibliotecario; de ellos, 2.185 tienen menos de 400 habitantes; y 497 entre 401 y 1.000 habitantes.  Es el drama del medio rural en España, de una población que es pequeña en cuanto a que hablamos de poco más de un millón y medio de ciudadanos pero que afecta a tres millares de municipios olvidados por los responsables políticos de todos los signos. Incluso las comunidades con mayor PIB, como Cataluña, no se salvan de ese olvido y tienen más de quinientos municipios sin servicio.
            Tuve la fortuna de desarrollar el Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas y ello me dio la posibilidad de luchar por algunos de mis sueños y retos. El más importante, sin duda, fue mi lucha para universalizar el derecho a servicios bibliotecarios para toda la población. En Castilla-La Mancha estuvimos a punto de hacerlo. Impulsamos una política bibliotecaria muy progresista y democratizadora de estos servicios y ello, con la complicidad de los ayuntamientos, permitió al Gobierno regional impulsar una Red de Bibliotecas Públicas muy importante, que permitió contar con bibliotecas a todos los municipios mayores de mil habitantes e incluso a muchos con menor población. En 2011 sólo 87 de los 915 municipios de la región carecían de servicios bibliotecarios, bien fuesen fijos o móviles; pero en 2015, último año del que disponemos de estadísticas para el conjunto de España, eran 229 los municipios sin servicio y 279 los municipios atendidos por bibliobús.
            Durante los primeros años del siglo XXI el Gobierno de Castilla-La Mancha potenció los servicios de bibliobús, invirtiendo en una flota de 11 vehículos e intentando el apoyo de las diputaciones provinciales, que tienen la responsabilidad de atender a los municipios más pequeños. Pero la crisis económica y la falta de políticos utópicos dió al traste con aquella utopía de la universalización. La Ley 3/2011, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, explicitó claramente la competencia de cada Administración pública respecto a las bibliotecas y servicios de fomento de la lectura en los municipios de menor población. Se diseñó un sistema bibliotecario basado en el reparto competencial y financiero entre Administración regional, diputaciones provinciales y ayuntamientos. A pesar de escuchar a políticos regionales y provinciales continuamente sobre la importancia del desarrollo rural y de poner en marcha programas de apoyo a los municipios más pequeños, las Diputaciones Provinciales tienen en el abandono más absoluto este servicio. De los once vehículos con que contamos en Castilla-La Mancha, en la actualidad sólo siete prestan servicio y hay alguno que todavía no ha podido ponerse en funcionamiento. Ello significa que si se pusiesen en marcha los bibliobuses que no están parados podría completarse la atención a todos los municipios de la región que carecen de biblioteca. ¡Qué irresponsabilidad del Gobierno regional y de las diputaciones provinciales! ¡Tienen en los garajes unos bibliobuses que fueron adquiridos con el dinero de los castellano-manchegos! ¿No es una manera de malversar los fondos y recursos públicos?
Las diputaciones de Ciudad Real y Cuenca no aportan ni un euro a los servicios bibliotecarios y no tienen firmado convenio de colaboración en esta materia con el Gobierno regional. La de Albacete aporta la “grandiosa” suma de 20.000 euros al año y la de Guadalajara, en una provincia con tantas necesidades, 60.000 euros. Toledo, que siempre fue referente, en la actualidad  se limita a poner el personal que históricamente asumió sin hacer otras aportaciones. Por supuesto ninguna Diputación parece dispuesta a apoyar la puesta en marcha de los bibliobuses que están paralizados ni a colaborar en un plan de actividades de animación a la lectura que potencie este importante servicio cultural.
            Las Diputaciones, si no cumplen sus fines, deberían desaparecer. No tiene ningún sentido que se dediquen a organizar actividades de relumbrón en las propias capitales de provincia olvidando a los pequeños municipios, que son a los que se deben fundamentalmente. Si las diputaciones necesitan para su justificación salir en los medios de comunicación, y de ahí lo de organizar tantas actividades en las ciudades, tal vez sea el momento de replantear su existencia. Cuando repasamos la estadística de bibliotecas de 2015 siento vergüenza cuando veo que las diputaciones provinciales de CLM aportaron ese año sólo 5.890 euros para bibliotecas (no estaría cuantificado el gasto en personal de la provincia de Toledo), con una cifra ridícula cuando se compara con las diputaciones de otras regiones.
            Tengo que hacer un descargo: esta falta de apoyo de las diputaciones provinciales se suma a la falta de iniciativa del Gobierno regional, que abandonó su liderazgo ideológico en materia de bibliotecas y también su apoyo económico a las bibliotecas municipales. ¿Cómo puede ser ejemplo quien en toda esta década tiene olvidadas a las bibliotecas municipales?
            El 28 de enero celebramos el Día del Bibliobús. Estas bibliotecas móviles continúan siendo necesarias en nuestro tiempo, y son imprescindibles en una comunidad autónoma tan rural y con tantísimos municipios pequeños como es Castilla-La Mancha. Otras regiones no han querido comprometerse tan claramente como nuestra comunidad autónoma con el derecho a disponer de servicios bibliotecarios. Fíjense qué claro este artículo de nuestra vigente Ley de Bibliotecas: “Artículo 35. Derechos de la ciudadanía. 1. Queda garantizado el acceso libre y gratuito a servicios bibliotecarios de carácter público en todos los municipios de Castilla-La Mancha”.

domingo, 7 de enero de 2018

La dignidad de los bibliotecarios y las bibliotecas públicas



La dignidad de los bibliotecarios y las bibliotecas públicas


            Me encanta que nuestros políticos destaquen la importancia de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. Recientemente el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha señalado que “la biblioteca es un espacio dinamizador de la cultura, y mucho más en la zona rural, y si esa colaboración es una prolongación del centro educativo que continúa en la biblioteca, como una actividad complementaria, como se hace en muchos de nuestros pueblos, es importante”. Y hace apenas unos días, el mismo consejero ha asegurado: “El último informe estadístico sobre bibliotecas demuestra que Castilla-La Mancha es líder absoluta a nivel nacional en número de clubes de lectura”, con un total de 995. Vengo destacando también el liderazgo de las bibliotecas públicas de nuestra comunidad autónoma en cuanto al número de actividades culturales y de animación a la lectura, que tiene el reconocimiento del Ministerio de Cultura a la hora de conceder sus premios María Moliner. Y hay otros indicadores  que indican que la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es una de las grandes fortalezas de nuestra comunidad autónoma y singularmente de la cultura regional,  a pesar del poco esfuerzo presupuestario que realizan las distintas administraciones públicas de la región, y en especial la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no acaba de decidirse a recuperar los programas que fueron un referente nacional.
      Una parte importante del éxito de las bibliotecas públicas la tienen los profesionales. En 2016 estos centros disponen de un personal en plantilla de 928 trabajadores, de los cuales son personal bibliotecario 741 y no bibliotecarios 187. Esta cifra significa que en CLM hay un trabajador de biblioteca por cada 2.200 habitantes, que es un dato importante.
            El problema es cuando nos fijamos en el tipo de contrato por categoría profesional o por jornada. Sólo 33 están contratados como técnicos superiores y 161 como técnicos medios o ayudantes de biblioteca. En el polo opuesto el mayor número de profesionales están contratados como Técnicos Auxiliares de Biblioteca (un total de 440) o simplemente como Auxiliares (192). Hay también 102 trabajadores subalternos.
La cuestión del  personal, como en otros servicios públicos, fue siempre esencial en las bibliotecas. El gran desarrollo bibliotecario en nuestra región fue a partir de los años noventa del siglo XX, pero el personal era la asignatura pendiente. Aunque a veces se acudía a los procedimientos de selección habituales en la Administración (oposición o concurso oposición), en demasiados casos el Ayuntamiento designaba a una persona para “encargarse” de la biblioteca por algunas horas y “gratificaba” a ese “encargado” con pequeñas cantidades, que servían para complementar su salario de maestro u otra profesión. En 1993 todavía más de la tercera parte de los bibliotecarios municipales eran “colaboradores”, sin contrato ni seguridad social, muy pocas horas de trabajo y unas retribuciones sonrojantes. Pero el resto, en la mayoría de los casos con un contrato temporal, no tenía mucho mejor situación: titulados superiores contratados y pagados como ordenanza o auxiliar administrativo, contratos de media jornada que imposibilitan dar un buen servicio a los ciudadanos y vivir de esa “profesión”, etc.
En 1991 la Consejería de Educación legisló los mínimos de las bibliotecas públicas municipales en cuanto a superficies, colecciones, personal, etc. con un doble planteamiento: a corto y medio plazo contar con profesionales en todas las bibliotecas. En las de localidades con población superior a 5.000 habitantes, que según la legislación de régimen local tienen obligación de prestar el servicio público de biblioteca, el bibliotecario debería estar contratado y retribuido como técnico de biblioteca; y en las bibliotecas de poblaciones  menores a 5.000 habitantes, el primer objetivo era contar con bibliotecarios estables, con formación adecuada y contratado al menos como Auxiliar de Biblioteca. Fue un proceso singular, impulsado por la Consejería de Educación y Cultura mediante ayudas a la contratación de bibliotecarios municipales que se mantuvieron hasta la primera década del siglo XXI. El personal que los ayuntamientos han ido contratando en buena medida se ha convertido en estable y ha demostrado su capacidad profesional convirtiéndose en verdaderos líderes en la vida social y ciudadana de sus municipios y ha posibilitado unas bibliotecas vivas e imaginativas que son el centro cultural básico en su municipio.
            La crisis económica iniciada en 2010 dio al traste con esa política de subvenciones del Gobierno regional a los ayuntamientos y se produjo un verdadero parón en todos los indicadores porque la Junta de Comunidades dejó de financiar a las bibliotecas municipales. Todos hemos dicho que era prioritario mantener los servicios puestos en marcha y que no se produjeran cierres de bibliotecas ni despidos de bibliotecarios. Pero parece que el miedo ha suprimido los sueños y la capacidad de afrontar nuevos retos. En 2017 se ha aprobado por fin un documento que consideramos esencial: El Mapa de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Es un paso importante pero muy conservador en general, lo que resulta lógico si consideramos el freno que han vivido las bibliotecas de la región en los últimos años. El problema es que, en cuanto a personal, parece que se renuncia a una necesidad que es histórica, y que mencioné en un artículo periodístico publicado en el año 2005: “En el futuro, en todas las bibliotecas, con independencia de la población de su localidad, deberán tener un bibliotecario titulado y retribuido como técnico de bibliotecas. Porque en la educación y, en general en cualquier servicio público, los ciudadanos no pueden estar discriminados por el hecho de vivir en poblaciones pequeñas.”  Ya sé que es prioritario recuperar las ayudas para seguir mejorando la situación de los bibliotecarios y, consiguientemente, de las bibliotecas. Pero ¿hemos renunciado a algo tan elemental como que al frente de cada biblioteca, aunque sea de un pequeño municipio, haya un profesional técnico?
¿Alguien se imagina que los centros de salud contasen, en lugar de médicos, con “Auxiliares sanitarios”, o que en el puesto de un enfermero o enfermera hubiese un Auxiliar? Creo que nadie con un poco de sentido común pensaría en un Centro de salud sin médico, enfermera, etc. Igual que nadie pensaría en un centro docente sin los correspondientes profesores titulados y retribuidos adecuadamente. Y así podríamos hablar de otros muchos servicios públicos. ¿Y por qué esta discriminación hacia las bibliotecas? Por encima de las dificultades presupuestarias, que sabemos existen, hay que plantear, aunque sea como un reto progresivo, la dignificación profesional de los bibliotecarios, su consideración social, profesional y retributiva.
            Los ayuntamientos son conscientes de la importancia de contar con biblioteca pública en su localidad y en Castilla-La Mancha, gracias a la apuesta del Gobierno regional en la última década del siglo XX y la primera del XXI, se ha conseguido algo muy importante: que todas las localidades mayores de 1.000 habitantes cuenten con biblioteca pública, e incluso otras muchas de menor población, dejando las bibliotecas móviles para los municipios más pequeños o que sus ayuntamientos no han dado el paso de desarrollar este servicio. La ley de Bibliotecas de 2011 de Castilla-La Mancha significa una verdadera revolución en el panorama bibliotecario español pero su desarrollo está siendo tremendamente difícil por el poco apoyo del Gobierno regional. Claro que no puede haber biblioteca si un ayuntamiento no está dispuesto a asumir la correcta contratación de un bibliotecario y los gastos de mantenimiento de esa biblioteca, pero estaba previsto contar con apoyo de la Junta y de la Diputación Provincial correspondiente, y en ambos casos están fallando esos apoyos institucionales.
            Si no hay financiación conjunta de las Administraciones Públicas, entonces sólo queda una solución de futuro: que la Junta de Comunidades asuma la dirección real de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, y que la totalidad de directores de las bibliotecas municipales, sean nombrados y retribuidos por la Administración Autonómica. Esto es lo que hacen, por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra, aunque sé que ellos disponen de un régimen presupuestario privilegiado. Pero, como un plan de futuro y progresivo, un número de 500 directores de bibliotecas son asumibles si lo comparamos con los centros educativos o sanitarios, responsabilidad de la Junta. Y sería la mejor garantía para establecer unos planes de lectura articulados utilizando la Red de Bibliotecas Públicas y la Red de centros educativos. Necesitamos políticos que sepan soñar y pensar en el bienestar de los ciudadanos de la región y no sólo en el corto plazo y en aspiraciones meramente partidistas.