La dignidad de los bibliotecarios y las bibliotecas públicas

La dignidad de los bibliotecarios y las bibliotecas públicas

            Me encanta que nuestros políticos destaquen la importancia de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. Recientemente el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha señalado que “la biblioteca es un espacio dinamizador de la cultura, y mucho más en la zona rural, y si esa colaboración es una prolongación del centro educativo que continúa en la biblioteca, como una actividad complementaria, como se hace en muchos de nuestros pueblos, es importante”. Y hace apenas unos días, el mismo consejero ha asegurado: “El último informe estadístico sobre bibliotecas demuestra que Castilla-La Mancha es líder absoluta a nivel nacional en número de clubes de lectura”, con un total de 995. Vengo destacando también el liderazgo de las bibliotecas públicas de nuestra comunidad autónoma en cuanto al número de actividades culturales y de animación a la lectura, que tiene el reconocimiento del Ministerio de Cultura a la hora de conceder sus premios María Moliner. Y hay otros indicadores  que indican que la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es una de las grandes fortalezas de nuestra comunidad autónoma y singularmente de la cultura regional,  a pesar del poco esfuerzo presupuestario que realizan las distintas administraciones públicas de la región, y en especial la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no acaba de decidirse a recuperar los programas que fueron un referente nacional.

      Una parte importante del éxito de las bibliotecas públicas la tienen los profesionales. En 2016 estos centros disponen de un personal en plantilla de 928 trabajadores, de los cuales son personal bibliotecario 741 y no bibliotecarios 187. Esta cifra significa que en CLM hay un trabajador de biblioteca por cada 2.200 habitantes, que es un dato importante.

            El problema es cuando nos fijamos en el tipo de contrato por categoría profesional o por jornada. Sólo 33 están contratados como técnicos superiores y 161 como técnicos medios o ayudantes de biblioteca. En el polo opuesto el mayor número de profesionales están contratados como Técnicos Auxiliares de Biblioteca (un total de 440) o simplemente como Auxiliares (192). Hay también 102 trabajadores subalternos.

La cuestión del  personal, como en otros servicios públicos, fue siempre esencial en las bibliotecas. El gran desarrollo bibliotecario en nuestra región fue a partir de los años noventa del siglo XX, pero el personal era la asignatura pendiente. Aunque a veces se acudía a los procedimientos de selección habituales en la Administración (oposición o concurso oposición), en demasiados casos el Ayuntamiento designaba a una persona para “encargarse” de la biblioteca por algunas horas y “gratificaba” a ese “encargado” con pequeñas cantidades, que servían para complementar su salario de maestro u otra profesión. En 1993 todavía más de la tercera parte de los bibliotecarios municipales eran “colaboradores”, sin contrato ni seguridad social, muy pocas horas de trabajo y unas retribuciones sonrojantes. Pero el resto, en la mayoría de los casos con un contrato temporal, no tenía mucho mejor situación: titulados superiores contratados y pagados como ordenanza o auxiliar administrativo, contratos de media jornada que imposibilitan dar un buen servicio a los ciudadanos y vivir de esa “profesión”, etc.

En 1991 la Consejería de Educación legisló los mínimos de las bibliotecas públicas municipales en cuanto a superficies, colecciones, personal, etc. con un doble planteamiento: a corto y medio plazo contar con profesionales en todas las bibliotecas. En las de localidades con población superior a 5.000 habitantes, que según la legislación de régimen local tienen obligación de prestar el servicio público de biblioteca, el bibliotecario debería estar contratado y retribuido como técnico de biblioteca; y en las bibliotecas de poblaciones  menores a 5.000 habitantes, el primer objetivo era contar con bibliotecarios estables, con formación adecuada y contratado al menos como Auxiliar de Biblioteca. Fue un proceso singular, impulsado por la Consejería de Educación y Cultura mediante ayudas a la contratación de bibliotecarios municipales que se mantuvieron hasta la primera década del siglo XXI. El personal que los ayuntamientos han ido contratando en buena medida se ha convertido en estable y ha demostrado su capacidad profesional convirtiéndose en verdaderos líderes en la vida social y ciudadana de sus municipios y ha posibilitado unas bibliotecas vivas e imaginativas que son el centro cultural básico en su municipio.

            La crisis económica iniciada en 2010 dio al traste con esa política de subvenciones del Gobierno regional a los ayuntamientos y se produjo un verdadero parón en todos los indicadores porque la Junta de Comunidades dejó de financiar a las bibliotecas municipales. Todos hemos dicho que era prioritario mantener los servicios puestos en marcha y que no se produjeran cierres de bibliotecas ni despidos de bibliotecarios. Pero parece que el miedo ha suprimido los sueños y la capacidad de afrontar nuevos retos. En 2017 se ha aprobado por fin un documento que consideramos esencial: El Mapa de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Es un paso importante pero muy conservador en general, lo que resulta lógico si consideramos el freno que han vivido las bibliotecas de la región en los últimos años. El problema es que, en cuanto a personal, parece que se renuncia a una necesidad que es histórica, y que mencioné en un artículo periodístico publicado en el año 2005: “En el futuro, en todas las bibliotecas, con independencia de la población de su localidad, deberán tener un bibliotecario titulado y retribuido como técnico de bibliotecas. Porque en la educación y, en general en cualquier servicio público, los ciudadanos no pueden estar discriminados por el hecho de vivir en poblaciones pequeñas.”  Ya sé que es prioritario recuperar las ayudas para seguir mejorando la situación de los bibliotecarios y, consiguientemente, de las bibliotecas. Pero ¿hemos renunciado a algo tan elemental como que al frente de cada biblioteca, aunque sea de un pequeño municipio, haya un profesional técnico?

¿Alguien se imagina que los centros de salud contasen, en lugar de médicos, con “Auxiliares sanitarios”, o que en el puesto de un enfermero o enfermera hubiese un Auxiliar? Creo que nadie con un poco de sentido común pensaría en un Centro de salud sin médico, enfermera, etc. Igual que nadie pensaría en un centro docente sin los correspondientes profesores titulados y retribuidos adecuadamente. Y así podríamos hablar de otros muchos servicios públicos. ¿Y por qué esta discriminación hacia las bibliotecas? Por encima de las dificultades presupuestarias, que sabemos existen, hay que plantear, aunque sea como un reto progresivo, la dignificación profesional de los bibliotecarios, su consideración social, profesional y retributiva.

            Los ayuntamientos son conscientes de la importancia de contar con biblioteca pública en su localidad y en Castilla-La Mancha, gracias a la apuesta del Gobierno regional en la última década del siglo XX y la primera del XXI, se ha conseguido algo muy importante: que todas las localidades mayores de 1.000 habitantes cuenten con biblioteca pública, e incluso otras muchas de menor población, dejando las bibliotecas móviles para los municipios más pequeños o que sus ayuntamientos no han dado el paso de desarrollar este servicio. La ley de Bibliotecas de 2011 de Castilla-La Mancha significa una verdadera revolución en el panorama bibliotecario español pero su desarrollo está siendo tremendamente difícil por el poco apoyo del Gobierno regional. Claro que no puede haber biblioteca si un ayuntamiento no está dispuesto a asumir la correcta contratación de un bibliotecario y los gastos de mantenimiento de esa biblioteca, pero estaba previsto contar con apoyo de la Junta y de la Diputación Provincial correspondiente, y en ambos casos están fallando esos apoyos institucionales.

            Si no hay financiación conjunta de las Administraciones Públicas, entonces sólo queda una solución de futuro: que la Junta de Comunidades asuma la dirección real de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, y que la totalidad de directores de las bibliotecas municipales, sean nombrados y retribuidos por la Administración Autonómica. Esto es lo que hacen, por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra, aunque sé que ellos disponen de un régimen presupuestario privilegiado. Pero, como un plan de futuro y progresivo, un número de 500 directores de bibliotecas son asumibles si lo comparamos con los centros educativos o sanitarios, responsabilidad de la Junta. Y sería la mejor garantía para establecer unos planes de lectura articulados utilizando la Red de Bibliotecas Públicas y la Red de centros educativos. Necesitamos políticos que sepan soñar y pensar en el bienestar de los ciudadanos de la región y no sólo en el corto plazo y en aspiraciones meramente partidistas.