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lunes, 13 de agosto de 2018

Por un gran Museo de Santa Cruz


Por un gran Museo de Santa Cruz
 

            Agosto caluroso en Toledo. Con un buen amigo, empleo la mañana en realizar una tranquila visita al Museo de Santa Cruz. Comienzo expresando mi cariño a este centro. Quien fuera su directora durante tantos años, Matilde Revuelta, me decía que por qué no apoyaba al Museo y sí a la Biblioteca. Eran los inicios de los años ochenta y había una lucha fratricida entre dos grandes centros culturales de la ciudad: Biblioteca Provincial y Museo de Santa Cruz. Julia Méndez había luchado para que el estado adquiriese el edificio del antiguo convento de Santa Fe para ampliar las instalaciones de la Biblioteca. Luego el Ministerio decidió repartir el inmueble entre ambos centros y yo me posicioné claramente, creando el Comité Permanente de apoyo a la Biblioteca Pública. Pero he clamado muchas veces por la falta de una política de museos en la Junta, que tiene a los museos de su competencia en una situación alarmante. Tengo que reconocer que en bibliotecas hemos crecido mucho más, aunque nadie nos ha regalado nada.
            Que me perdonen mis amigos Fernando Fontes, actual director del Museo, y los anteriores, Rafael García Serrano y Alfonso Caballero. Todos se han dejado la piel y han luchado contra un muro: el Gobierno regional, que ha utilizado y utiliza este gran centro museístico a su antojo. Se le llamaba “Salones Santa Cruz”, porque perdió la presencia esencial de un gran museo y se convirtió en organizadora de eventos, culturales o sociales.
Mi visita de estos días no puede ser más desalentadora: prácticamente la grandeza del antiguo Museo de Santa Cruz, creado en 1961, se ha evaporado. En su web se recuerda que es “considerado uno de los museos provinciales más importantes de España, no sólo por la singularidad del edificio que le sirve de sede y le da el nombre, el antiguo Hospital de Santa Cruz, sino también por la riqueza y variedad de sus colecciones…reúne los fondos del antiguo Museo Arqueológico Provincial… así como otros procedentes de depósitos de la Catedral Primada, parroquias de Toledo y otras entidades y particulares, de adquisiciones y donaciones.” El Estado conserva la titularidad pero la gestión, como los demás archivos, bibliotecas y museos provinciales, fue transferida en 1984 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por ello, el Estado asume las inversiones y la Junta la conservación y mantenimiento de estos centros así como la dotación de personal y los programas a desarrollar para mantener la necesaria presencia en la sociedad y su importante misión.
            Desde mi opinión, la Junta fue bajando la guardia y aunque su presencia en Santa Cruz es bastante importante, normalmente se limita a inaugurar exposiciones, entregas de premios, presentaciones, algunas reuniones… Pero ¿cómo ha crecido la plantilla de personal técnico del Museo? ¿Se pueden materializar sus proyectos? ¿Qué pasa con los gabinetes pedagógicos, imprescindibles para que el Museo sea un centro de atracción continuo para la sociedad y especialmente para los escolares y jóvenes? Es de todos conocidos que las salas dedicadas a la arqueología, prehistoria, historia antigua y medieval…fueron desapareciendo, y sus contenidos yacen hoy guardados en sus almacenes. Prácticamente la exposición permanente del Museo se limita al crucero inferior del Hospital de Santa Cruz, dedicada a la España de los Austrias, y que se describe así en la web oficial: “un prólogo con piezas del XV que plantea el origen de la Casa de Austria con la unión de los Reyes Católicos, dos salas dedicadas a Carlos V y a Felipe II y una síntesis final que marca el declive de la Corona.” En el crucero superior, que normalmente se dedica a exposiciones temporales, no hay ahora nada y está cerrado al público. Como también lo está la sala que generalmente se dedica a otras exposiciones temporales en el claustro, y que últimamente ha acogido la magnífica exposición del artista toledano Luis Pablo Gómez Vidales, “Arte entre dos siglos”. La otra exposición permanente del Museo es la “Colección Carranza”, que fue donada a la Junta en los inicios del siglo XXI y que contiene una valiosa y diversa muestra de cerámica. Pero cuando la intentamos visitar está cerrada; un cartel explica las causas: “Sala Carranza cerrada por exceso de temperatura”. Sin comentarios…
            La solución de trasladar al Alcázar la sede principal de la Biblioteca Pública del Estado, organizada con la Biblioteca Regional, liberó por fin al Ministerio de Cultura y a la Junta sobre las posibilidades de ampliar Santa Cruz utilizando los espacios rehabilitados del antiguo convento de Santa Fe. Pero la Junta ha sido incapaz de hacer un proyecto para estos espacios y hasta el presente se han dedicado también a eventos y algunas exposiciones, con contenidos muy distintos. Ahora mismo, Santa Fe contiene dos exposiciones temporales: “Miguel de Cervantes o el deseo de vivir”, que permanecerá hasta finales de septiembre; y "De puertas para adentro". Vida y distribución de espacios en la arquitectura doméstica (siglos XV-XVI), que puede contemplarse hasta mediados de septiembre. Por lo visto y experimentado en los últimos años, el Museo en ningún momento ha utilizado Santa Fe como ampliación de espacios para sus colecciones. Las colecciones temporales son importantes en los museos, pero Santa Cruz tiene a buen recaudo buena parte de sus fondos y se dedica a organizar exposiciones en Santa Fe, en el crucero superior y en las salas junto al claustro.
            Ya no es un museo arqueológico y no puede reconocerse como un museo provincial de bellas artes pues el arte y la historia de buena parte de las épocas no está representando. ¿Qué pasa con el arte contemporáneo? ¿Dónde están los ricos fondos que conformaron un extraordinario y bellísimo Museo de Arte Contemporáneo en la Casa de las Cadenas? ¿Por qué se hurta a los ciudadanos la contemplación de ese patrimonio?     El Museo de Santa Cruz precisa recursos, especialmente de personal. Y necesita nuevos espacios. Pero, sobre todo, necesita que los políticos dejen en libertad a los profesionales, que tienen el conocimiento, la experiencia y las claves para situar al Museo en la sociedad. Desde hace años he propuesto que, a pesar de no haberse aprovechado adecuadamente los espacios de Santa Fe, pasen al Museo de Santa Cruz la totalidad de salas del edificio del Miradero, siempre que se construya un nuevo Depósito Bibliográfico en Santa María de Benquerencia; y no trasladar unos fondos a Ciudad Real u otro lugar, que no podrá ser la solución definitiva. Debe ser innegociable: primer paso, que el Ministerio asuma la construcción del Depósito en Benquerencia; y cuando esté construido se trasladen al nuevo edificio los actuales fondos bibliográficos depositados en el Miradero, que quedará listo para ser reconvertido en salas o depósitos del gran Museo de Santa Cruz. Son cerca de dos mil metros cuadrados, con salas magníficas para acoger y contemplar obras de arte y al mismo tiempo visualizar las riberas del río Tajo. En especial las plantas segunda y cuarta,  que acogieron salas de lectura e investigación con estanterías del siglo XVIII y que se conservar instaladas y constituirían un marco bellísimo para acoger obras de arte.
            Nuestros políticos son maestros en ocurrencias. Ahora dicen que van a dedicar Santa Fe y en el futuro el Miradero a la colección Polo. ¿Pero hay proyecto de gran Museo de Santa Cruz? ¿Han contado nuestros ilustrados gobernantes con los técnicos, con artistas, con intelectuales? Me temo que, una vez más, como hicieron con otros proyectos, como el “Quixote Crea”, quieren salir en los medios nacionales y mostrar su apertura al arte y a la cultura. Pero no se dan cuenta de que lo que están haciendo es el ridículo más espantoso. Personalmente, desapruebo la gestión cultural de estos políticos que son marchantes del arte y la cultura pero no pensando en los ciudadanos y en la sociedad sino sólo en sus intereses electorales y clientelistas, en políticas a corto plazo en lugar de en planificar adecuadamente los esfuerzos y las necesidades de recursos.
            Realícese un plan estratégico para el Museo de Santas Cruz. Abórdense un proyecto museográfico y museológico de este gran centro cultural. Y abandonen la política de grandes ocurrencias a la que nos tienen acostumbrados. Los ciudadanos les pagamos para que realicen su labor con calidad y garantías, y no para que destruyan los sueños de la gente.

martes, 24 de julio de 2018

La lectura y las bibliotecas en un Pacto de Estado


La lectura y las bibliotecas en un Pacto de Estado



           La Cultura no es una prioridad política. Pero el gesto de Pedro Sánchez de establecer un Ministerio en esta materia, creó esperanzas. La forzada dimisión de  Màxim Huerta y el nombramiento de José Guirao convirtió la cultura, además del deporte, en tema de conversación entre los periodistas. ¿Es una oportunidad de que, por vez primera, el  Gobierno abandere una política cultural? A pesar de la debilidad del grupo parlamentario socialista, el Gobierno tiene la posibilidad de enmendar sus errores de otros tiempos y de trazar nuevos caminos. El decreto de organización del Gobierno dirige las funciones básicas del Ministerio, en el área de Cultura, a la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural…” Algunos analistas ponen el acento en la necesidad de utilizar la Cultura como seña de identidad de la marca España, opción que sería, desde mi punto de vista, miope para el interés de los españoles. Los eventos culturales, las grandes exposiciones, la actividad cinematográfica, los museos nacionales… claro que tienen que estar en la agenda política del Ministerio pues lo están en los Presupuestos Generales del Estado. Pero hay mucho más que el Ministerio debe hacer o impulsar.
Otro guiño ha sido la creación de la dirección general del Libro y fomento de la Lectura, con la poeta Olvido García Valdés al frente. El decreto de competencias es bastante caótico en lo que respecta a bibliotecas y lectura, pero esperemos que haya voluntad política de propiciar una sociedad lectora. Leer es fundamental en la formación de una persona y la lectura construye ciudadanos libres y críticos, participativos y tolerantes. Y se desarrolla mediante un trípode: familia, centro educativo y  biblioteca pública. Hay quien afirma que son claras competencias de las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos, pero sólo es parcialmente cierto: construir un modelo de sociedad pasa necesariamente por el pilar del Estado, a través de dos ministerios: Educación y Cultura. Los sistemas educativos tienen como asignatura pendiente la biblioteca escolar, una biblioteca que actúe como eje de formación para los distintos actores de la comunidad educativa: alumnos, profesores y padres. Pero las bibliotecas, como otras áreas de los centros educativos, precisan expertos: bibliotecarios escolares que presten esos servicios de forma transversal a todos los agentes implicados. Esos bibliotecarios conseguirían construir lectores apasionados y se pondría fin al fracaso actual: leer por obligación no consigue lectores que amen la lectura y la conviertan en actividad esencial de sus vidas.
Una  política de lectura pública precisa impulsar la lectura utilizando un servicio que hoy resulta absolutamente esencial para nuestra sociedad: la biblioteca pública,  puerta democrática de acceso a la Sociedad de la Información y  el Conocimiento. Las  bibliotecas  son  lugares para la libertad, el encuentro, el debate, la convivencia ciudadana, la solidaridad, la cultura, la información, la educación permanente y la creatividad. Los libros y las tecnologías de la información, con la complicidad de la sociedad,  se unen para que las bibliotecas sean “laboratorios de la ciudad soñada” (José Antonio Marina).
A pesar de los avances experimentados en España, las bibliotecas españolas no acaban de ser consideradas servicios básicos y necesarios para todos los ciudadanos. Si la lectura no es lujo y sí una necesidad de la población, las bibliotecas constituyen el marco democrático que ofrece sus servicios a todo tipo de personas y colectivos, sin barreras de ningún tipo. La falta de una legislación marco de carácter nacional ha propiciado un mosaico de desigualdades entre unas regiones y otras, entre ciudades y localidades de parecida población características, entre ciudadanos residentes en distintos lugares de España. Los indicadores estadísticos muestran claramente esas desigualdades, con regiones o provincias que presentan magníficas realidades bibliotecarias y otras que ni siquiera tienen una legislación específica. El resultado es que más de 3.000 municipios españoles carecen de cualquier servicio de biblioteca y ni siquiera un bibliobús presta sus servicios en esas localidades.

Desde los inicios de los años ochenta del siglo XX clamé por una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirviese de pauta para el desarrollo de los servicios públicos de lectura e información en todo el país.  Cuando, por fin, se planteó esa Ley estatal, mostré una esperanza que pronto derivaría en frustración: se aprobó y entró en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, pero no resolvió ninguno de los problemas prácticos que nos preocupaban a los que habíamos clamado por esa Ley. Es una norma que señala vías  de cooperación,  a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, pero no aborda la imprescindible y obligada coordinación en la que debieran trabajar los sistemas bibliotecarios de nuestro país. La Ley recogió principios pero no concretó estándares de servicio público ni responsabilidades de financiación. Fue una oportunidad perdida.
Las regiones o ciudades con políticas bibliotecarias más avanzadas dicen que esto no es cosa del Estado. Yo afirmo la necesidad de que el Gobierno de España impulse una verdadera política de Estado en materia de lectura pública y bibliotecas y lo haga mediante un Pacto en el que participen el conjunto de Administraciones Públicas, todas con competencias en estas materias. Las comunidades autónomas son competentes en Educación pero desde hace años se insiste en la necesidad de contar con una política educativa que se base en el Pacto y no en imposiciones; en ese contexto habría que articular los mecanismos para hacer realidad el viejo sueño de la biblioteca escolar gestionada por profesionales, con el perfil que se determine. Igual ocurre con las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias, que es de las comunidades autónomas, aunque en general la creación de bibliotecas lo es de los ayuntamientos. También las diputaciones provinciales tienen competencias en bibliotecas,  especialmente para los municipios más pequeños. Y el Estado, como titular,  conserva competencias sobre las llamadas Bibliotecas Públicas del Estado, gestionadas por las comunidades autónomas. En este panorama entendemos que la Administración General del Estado tiene competencias de coordinación para asegurar que los servicios bibliotecarios lleguen a todos los españoles. La Constitución Española de 1978 sigue siendo el marco de convivencia política y ciudadana: Hace meses parece que los españoles descubrimos el artículo 155, aplicado en Cataluña; pero hay otros artículos que parecen olvidados por el Estado. Por ejemplo,  el artículo 149.1.1º) es esencial para valorar el papel ministerial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…”
Ha habido regiones que han sido más democratizadoras del derecho a servicios bibliotecarios y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública. Castilla-La Mancha está entre esas regiones más progresistas. Leyes autonómicas más avanzadas, planes bibliotecarios y programas regionales de apoyo financiero o técnico para  el desarrollo de bibliotecas públicas municipales,  han sido los factores diferenciadores  que propiciaron un mapa bibliotecario muy desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros. 
            La falta de una política de Estado en materia de bibliotecas públicas y de bibliotecas escolares condiciona el desarrollo de planes de promoción de la lectura que sean eficaces. Por ello vuelvo a clamar por una Ley nacional de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Que desde Castilla-La Mancha se levante esta voz significa la confianza en el Estado de derecho y en una Constitución que esté plenamente vigente. La lectura es un derecho de todos los ciudadanos, y al Estado corresponde abordar un plan coordinado que garantice servicios bibliotecarios al conjunto de la población española. ¿Será valiente el presidente Pedro Sánchez en esta cuestión y afrontará un problema que debería constituir tema de debate en las instituciones de la Unión Europea?

viernes, 8 de junio de 2018

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, DON PEDRO SÁNCHEZ, TRAS LA CELEBRACION DEL PRIMER CONSEJO DE MINISTROS (APÓCRIFO).


DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, DON PEDRO SÁNCHEZ, TRAS LA CELEBRACION DEL PRIMER CONSEJO DE MINISTROS (APÓCRIFO).

Tras el debate de los temas que acabo de citarles, hemos cerrado esta primera sesión del Consejo de Ministros con una importante iniciativa en materia cultural. Como ya conocen, decidí recuperar un Ministerio específico dedicado a la Cultura como un signo inequívoco de la importancia que mi Gobierno concederá a la actividad cultural.

Durante los primeros años de la transición democrática el Partido Socialista Obrero Español  aspiró a dotar a España de una potente y moderna red de bibliotecas públicas, para lo que estimaba necesaria la promulgación de una Ley de Coordinación Bibliotecaria. La lectura es una de las necesidades humanas más importantes para formar ciudadanos libres, críticos y participativos, y los expertos no dudan en asignar a las bibliotecas públicas buena parte de esa función, en colaboración con los centros educativos y con las familias.

Durante tres décadas, nuestro país realizó una ingente labor para dotar a los municipios de este servicio público, que fue posible fundamentalmente gracias al esfuerzo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Legalmente las bibliotecas son una competencia concurrente del conjunto de Administraciones Públicas. Ese esfuerzo, que hoy es reconocido, fue distinto y se han producido desigualdades entre los ciudadanos de las distintas regiones e incluso de localidades similares en población. Por distintas razones, hasta bien entrada la primera década del siglo XXI no se promulgó la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, largamente esperada pero que no resolvió los problemas históricos de las bibliotecas españolas, quizá porque no existió la convicción política necesaria para ello.

Aunque las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias son de las comunidades autónomas y la creación de bibliotecas en general lo es lo de los ayuntamientos, entendemos que la Administración General del Estado tiene competencias de coordinación y para asegurar que los servicios bibliotecarios lleguen a todos los españoles. La Constitución Española lo dice claramente: el artículo 149.1.1ª) resulta esencial para valorar el papel ministerial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…”

Por todo ello, y valorando como esencial el valor de las bibliotecas públicas en la actual sociedad de la información y del conocimiento y su importancia en una sociedad democrática, he dispuesto nombrar un Comisionado especial para la Biblioteca Pública, que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno de España, y que estará en estrecho contacto con los titulares de los ministerios de Cultura y Deporte y de Educación y Formación Profesional para diseñar una política de Estado en materia de acceso a la información y lectura pública que tenga como pilares las redes autonómicas de las bibliotecas públicas y los recursos existentes o que se puedan crear en el ámbito de las bibliotecas escolares en cada sistema regional educativo.

A tal efecto, establezco, inicialmente, la siguiente hoja de ruta que deberá tenerse en cuenta por los tres responsables mencionados:

1)    En la primera Conferencia de Presidentes que se celebre se incluirá un informe sobre la situación del servicio de biblioteca pública en el conjunto del país. Desde la Presidencia del Gobierno se promoverá un gran pacto de Estado en materia de bibliotecas entre el Gobierno de España y los gobiernos de las 17 comunidades autónomas.

2)    Nombramiento de un grupo de expertos para elaborar un  informe que contenga las bases sobre las que deberá redactarse la necesaria Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Lógicamente, esta Ley sólo podrá plantearse desde el Pacto de Estado que he mencionado anteriormente.

3)    Encargo a un grupo de expertos de un informe para afrontar la figura de la Biblioteca escolar en el sistema educativo en sus niveles de educación infantil, primaria y secundaria.

4)    Estrategias a seguir para resolver la carencia de servicios bibliotecarios en los más de 3.000 municipios españoles que actualmente no disponen de biblioteca o de servicio de bibliobús.

5)    Diseño de un plan que promueva los valores de la lectura y la información, fundamentalmente desde los servicios bibliotecarios, utilizando los medios de comunicación audiovisuales públicos.



Sin duda, los últimos años, de crisis económica y de recortes presupuestarios, han afectado a las políticas culturales en la mayoría de las regiones y municipios. En las localidades más pequeñas, las bibliotecas han sobrevivido a pesar de los escasos recursos gracias a unos profesionales muy comprometidos con su actividad y a la implicación de estos centros en la sociedad. Entiendo que contar con un sistema nacional de bibliotecas públicas es una necesidad para reforzar una sociedad democrática, y por ello las bibliotecas han de estabilizarse y formar parte de los servicios públicos esenciales de la sociedad española de nuestro tiempo. No pueden dependen de vaivenes políticos o económicos o del voluntarismo político o técnico. Los indicadores de las bibliotecas españolas son elocuentes y muestran que los españoles tienen mayor aprecio e interés por la lectura que los que a veces indican las encuestas. Que un tercio de la población española sea socio de una biblioteca pública es un dato esperanzador que debe hacernos reflexionar a quienes tenemos responsabilidades públicas.

Las bibliotecas son hoy mucho más que libros. Son espacios para el encuentro, la convivencia, la creatividad, el debate…y cada vez incrementan más su vertiente y responsabilidad social, trabajando en coalición con la sociedad, con todo tipo de colectivos y entidades.

Sé que hay otros muchos ámbitos de la vida cultural. Pero hoy, al iniciar mi período de gobierno, he querido apostar por unos servicios imprescindibles para  desarrollar una sociedad en libertad y comprometida con su tiempo y para educar a las personas de cualquier edad desde el compromiso con los demás y desde el respeto hacia las ideas, la religión, la situación socioeconómica y educativa…de todos los que vivimos en este gran país que es España.

Espero poder contar con el respaldo del conjunto de Administraciones Públicas y, especialmente, con los profesionales que cotidianamente trabajan desde las bibliotecas públicas y desde los centros educativos. Los bibliotecarios y los educadores serán el verdadero corazón de este proyecto que deseo llevar a cabo con la colaboración de todos.