¡Estás llamado a ser un dirigente!*
Vengo
proclamando desde hace dos décadas algo que parece una obviedad: no hay
biblioteca sin bibliotecario. Y es un mensaje que ha sido necesario porque tan sólo hace unos años bastantes bibliotecas públicas municipales de nuestra
región no contaban con un profesional al frente, debidamente contratado y
cualificado profesionalmente. En muchos casos
un colaborador, al que el
ayuntamiento pagaba una gratificación, atendía
de forma irregular la biblioteca; otras veces era un funcionario municipal, un
maestro o cualquier otra persona quien, con buena intención y voluntad, se
hacía cargo de atender el servicio
bibliotecario.
Pero
tales situaciones, que muchas veces constituían un verdadero fraude de ley, no
creemos que pueda achacarse a la correspondiente corporación local. La
responsabilidad recae en la insuficiente regulación que en España existe sobre
la biblioteca pública municipal. La todavía vigente Ley de Bases de Régimen
Local señala como obligatoriedad la prestación del servicio de biblioteca
pública sólo a los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Bien
es verdad que esta obligatoriedad no está adecuadamente definida, pues, al
contrario que en otro tipo de servicios públicos, ninguna legislación señala
cuántos centros tiene que haber en cada municipio en función de su población y
cómo deben prestarse estos servicios. Y cuando ayuntamientos tan importantes
como el de Guadalajara incumplen la legislación y no han puesto en marcha
ninguna biblioteca pública, existe una indefensión total de los ciudadanos.
La Biblioteca Pública
tiene en nuestro tiempo una importancia estratégica enorme. Es la puerta
democrática para que el conjunto de los ciudadanos puedan acceder libre y
gratuitamente a los beneficios de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Pero aunque durante las últimas décadas se ha producido un
gran desarrollo de servicios bibliotecarios en España y en nuestra Comunidad
Autónoma, producto del esfuerzo de las distintas Administraciones Públicas y de
la demanda de la sociedad, todavía la biblioteca pública no es considerada un
servicio público esencial. Un ejemplo de ello es que, frente a servicios como
la educación y la sanidad, con una regulación estatal y autonómica y cuya responsabilidad
y financiación está perfectamente delimitado en quién recae, no es éste el caso
de las bibliotecas públicas municipales. En nuestra región existen 515
bibliotecas públicas, de las cuales 506 son de gestión municipal. Pero,
legalmente, sólo 62 municipios están
obligados a tener en funcionamiento el servicio de biblioteca. La Consejería de Cultura,
con una política bibliotecaria ejemplar desde mediados de los años noventa, ha
estimulado la creación y desarrollo de bibliotecas públicas, con programas de
apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos, que son en muchos casos
pioneros en el conjunto de España. Pero ese desarrollo todavía no ha evitado
que la Red de
Bibliotecas Públicas, con tantas virtudes, adolezca de unas debilidades y
carencias verdaderamente impresionantes. Una inestabilidad preocupante
especialmente en los municipios más pequeños y que origina situaciones
profesionales entre los profesionales bibliotecarios lamentables.
Mientras
que en las grandes bibliotecas, como las Bibliotecas Públicas del Estado y
otras de los mayores municipios, existen equipos humanos bastante consolidados
que permiten además una adecuada diversificación de funciones en la prestación
de servicios, en la mayoría de los municipios existe sólo un bibliotecario,
generalmente contratado como Auxiliar de Bibliotecas (grupo C de la Administración) y
con media jornada de trabajo, con independencia de que en la mayoría de los
casos sean titulados superiores o medios. Si históricamente el refranero
popular recogía la sentencia “Pasas más
hambre que un maestro de escuela”, la asunción por el Estado de esa
competencia resolvió el viejo problema. No ha ocurrido así con los
bibliotecarios de municipales, que han visto mejorar sus contratos gracias a la
mayor sensibilidad de los ayuntamientos y al apoyo de la Junta de Comunidades, pero
que todavía tienen encima la inseguridad y unos salarios que no se corresponden
con sus importantes funciones sociales y educativas.
El
bibliotecario municipal en un pequeño municipio es un mediador social, dinamiza
la vida cultural y social, anima a la lectura, propugna la participación
ciudadana, es un empedernido colaborador de proyectos de interés local, orienta
a los usuarios,… Si la biblioteca pública es el lugar de encuentros de la comunidad
local, el bibliotecario es el corazón, el motor de esa hermosa realidad
colectiva. Por ello, en buena parte de los municipios, el bibliotecario es un
verdadero dirigente, un líder sociocultural. Y creo que, con justicia, podemos
aplicar a estos profesionales de la cultura, la información y la educación
permanente el alegato que pronunció el poeta Bertolt
Brecht: ¡Estás llamado a ser un
dirigente!
El
proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local rebaja la obligatoriedad de la prestación del servicio de biblioteca
hasta los 3.000 habitantes. Pero en Castilla-La Mancha hemos avanzado más y
mejor que en el conjunto del país y ya prácticamente está cumplido el objetivo
de que cuenten con biblioteca los municipios mayores de 1.000 habitantes. Esta
realidad aconseja que en el proyecto de nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La
Mancha, en que se viene trabajando desde hace tres años, la obligatoriedad se
sitúe precisamente en los municipios de más del millar de habitantes. Pero esa
medida, tan positiva para los ciudadanos, significa una obligación legal para
los municipios de Castilla-La Mancha mayor que para los de las restantes
regiones. El interés demostrado por los políticos municipales hacia la
biblioteca pública, porque han visto que es un servicio básico para sus
comunidades locales, ha de verse apoyado por nuevas vías de financiación desde la Junta de Comunidades,
precisamente ante el Pacto Local.
No se trata, desde luego, de cerrar
bibliotecas sino de dignificarlas y adecuarlas para que realmente sean el
servicio de referencia para sus ciudadanos.
Las bibliotecas son en Castilla-La Mancha el servicio público más
visitado después de los hospitales: más de 5,5 millones de ciudadanos
(lógicamente, repitiendo periódicamente su visita a la biblioteca) han usado
las bibliotecas públicas de nuestra región. La demanda social es imparable y
sólo queda seguir invirtiendo para mejorarlas, dotarlas de colecciones mayores
y más actualizadas, de edificios adecuados y, esencialmente, de profesionales
con una formación permanente y unos salarios
y condiciones dignas de su importante tarea. Por esta razón, en las
recientemente celebradas II Jornadas
Bibliotecarias de Castilla-La Mancha, un grupo de técnicos hemos lanzado
una nueva propuesta: para compensar a esos municipios que no tienen obligación
legal de tener biblioteca pública, hay que buscar fórmulas de cofinanciación
estables y permanentes. En definitiva, que en el caso de gastos de personal se
impulsen nuevas modalidades de ayuda desde la Administración Autonómica
para que, al menos, los municipios menores de 3.000 habitantes (es decir, los
no obligados por la nueva legislación estatal para los municipios) reciban
recursos financieros con carácter ilimitado en el tiempo y no como en la
actualidad, que se limitan a 3 ó, en el mejor
de los casos, 6 años. Se trata de una iniciativa que ha sido considerada
por el Comité Científico de las Jornadas y, consecuentemente, incluida en las
conclusiones oficiales de este importante encuentro bibliotecario.
Esa medida, que precisa un
incremento presupuestario de la
Consejería de Cultura, llevaría a la consolidación y
modernización necesaria a unas bibliotecas públicas que nacieron por el deseo
de leer y recibir información de muchos ciudadanos del medio rural y que ahora
es preciso estabilizar como verdaderos servicios públicos llamados a influir en
el acceso democrático de las personas a los frutos de esta Sociedad del
Conocimiento en la que estamos inmersos. Y tenemos esperanza de que este nuevo
sueño utópico sea posible.
*
La Tribuna
de Toledo (12 de diciembre de 2005), pág. 22. Este artículo se publicó
también, en la misma fecha, en las otras seis ediciones de este medio de
comunicación en Castilla-La Mancha (La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de
Guadalajara, La Tribuna de Puertollano y
La Tribuna
de Talavera).
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