martes, 29 de noviembre de 1994

Desinterés por las Bibliotecas Públicas del Estado




Desinterés por las Bibliotecas Públicas del Estado.*

            En una investigación de próxima publicación sobre las políticas bibliotecarias en España, basada en el análisis de los programas electorales de los partidos políticos en las elecciones generales del período 1977‑1993, demuestro el desinterés general de la clase política española hacia la lectura pública. Pero no sólo para los políticos no son prioridad las bibliotecas: la sociedad española, en su conjunto,  con las excepciones que confirman la regla, no está suficientemente sensibilizada sobre la necesidad de acceder a la información y la cultura a través  de la biblioteca pública. Por ello, y  aunque las comparaciones son siempre odiosas, no es extraño que el pasado año nadie pusiera reparos a la adquisición por el Estado  de la colección de arte Thyssen‑Bornemisza; incluso algunos críticos destacaron la  verdadera ganga de esa compra, que supuso al Estado un gasto de 44.100 millones de pesetas, frente a los 300.000 en que valoraban la colección los especialistas. Pero, ¿podía permitirse el Estado ese lujo, considerando las todavía  tremendas lagunas de nuestro  país en infraestructura cultural, especialmente en el campo de las bibliotecas públicas? Admitiendo la importancia de esa colección, ¿alguien tuvo en cuenta si en estos momentos de crisis socioeconómica era justo destinar tan altas cantidades del presupuesto nacional a su adquisición? ¿era prioritaria para la formación de los españoles? Ya sé que son situaciones que se presentan una sola vez y que el Gobierno estaba ante una verdadera encrucijada, pero ¿dedicar esa cifra a ese patrimonio artístico no es un gesto propio del hidalgo pobre que describe El Lazarillo de Tormes? Lo cierto es que esa decisión contrasta con las cantidades destinadas por el Ministerio de Cultura a inversiones en las Bibliotecas Públicas del Estado: en el amplio período 1983‑1993, entre nuevos edificios y remodelaciones de los existentes, el total invertido ha sido de 11.686 millones de pesetas, es decir apenas un 25% de lo que el Estado gasta en las 775 obras que integran la colección. A primera vista, estos once mil millones pueden parecer una cifra muy elevada, pero cuando se sabe lo que aún falta para, al menos, dignificar la red de estas Bibliotecas y el escaso presupuesto anual del Ministerio al efecto, aterra pensar los años necesarios para poder disponer de una red de Públicas del Estado ‑la gran mayoría de ellas teórica  cabecera del correspondiente Sistema Bibliotecario Provincial‑ adecuada y que preste los servicios que la sociedad demanda o precisa.
            Estos días, paralelamente al debate de los Presupuestos del Estado para 1995, se alzan voces contra la inversión del Ministerio de Cultura en el Liceo de Barcelona, frente a las partidas previstas para rehabilitar las catedrales. Las propias autoridades hablan, por ejemplo del Museo del Prado o del Reina Sofía; pero pocas veces rompen su habitual  silencio sobre las bibliotecas. Y, desde luego, a la hora de poner reparos a los presupuestos, tampoco la oposición  muestra interés por las políticas bibliotecarias.
            ¿Por qué el Ministerio, con el apoyo solidario de todo el Gobierno, no proyecta un Plan de Bibliotecas que permita completar el programa inversor básico antes del año 2000? La respuesta es muy simple: porque las bibliotecas públicas no son prioritarias para el Gobierno español. Si no, ¿cómo  entender que en el conjunto de países integrados en la Unión Europea mantengamos esa vergonzosa penúltima posición que desde hace décadas denuncian las estadísticas europeas sobre bibliotecas públicas?
            Claro es que en este aspecto, como en otros, el Gobierno escuda su poco interés en el desinterés bastante generalizado que gran parte de la sociedad española muestra hacia las bibliotecas. Pero ello no es ni ética ni políticamente justificable. Es  sintomático, por ejemplo, que las empresas especializadas en estudios y sondeos de opinión no incluyen a las bibliotecas entre las posibles cuestiones que preocupan o interesan a los ciudadanos. Y no quiero decir que nunca son mencionadas en algún porcentaje significativo: me refiero a que, incluso, ni siquiera se incluyen como opción de respuesta, como sí se hace con el patrimonio histórico‑artístico, la educación, etc. También parece un signo el hecho de que casi nunca se produzcan demandas organizadas, por asociaciones vecinales u otros colectivos ciudadanos, solicitando de las administraciones públicas correspondientes la instalación o mejora de una biblioteca pública, al contrario de lo que ocurre en el caso de centros de salud, escuelas u otros servicios públicos.
            Claro que en los últimos años ha habido avances, pero insuficientes, sobre todo por las expectativas que el triunfo del PSOE en 1982 tuvo para el mundo de la cultura. Pero, dentro de la mala situación general, el caso de Castilla‑La Mancha es verdaderamente gravísimo. Las llamadas “Bibliotecas Públicas del Estado” (que deberían llamarse Bibliotecas Públicas Provinciales), de titularidad estatal aunque gestionadas por la Junta de Comunidades, han padecido el olvido por parte del Ministerio. Sólo la de Albacete tiene un nuevo edificio, pero, abierta en 1984, su construcción se había iniciado antes de la llegada al poder de los socialistas. Las restantes tienen unos problemas de espacio y de medios que impiden que cumplan con su misión ante la sociedad: en los actuales edificios de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo no sólo no cabe un libro; es que no es posible que se pongan en marcha servicios al público totalmente imprescindibles hoy en una biblioteca.
            Se abren, no obstante, ventanas de esperanza: la oposición ciudadana que hubo en Toledo a la división de los fondos de esta Biblioteca, y la actual lucha que una plataforma cívica plantea en Guadalajara para que la biblioteca permanezca en el emblemático Palacio del Infantado, ampliando sus espacios con la adquisición de un edificio anejo, son posiciones que nos hacen pensar que, poco a poco, la sociedad está reaccionando. Sin duda, en ello tienen bastante que ver los bibliotecarios; de la calidad y el esfuerzo de estos profesionales sí que puede sentirse orgullosa nuestra Región.


* Diario 16 Castilla-La Mancha (29-11-1994), p.8

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