¿Qué balance haces de las políticas municipales y
autonómicas ejecutadas en los últimos cuatro años respecto a las bibliotecas?
Sinceramente
no conozco en detalle las políticas bibliotecarias seguidas por ayuntamientos y
comunidades autónomas en todo el país. Hay, lógicamente, de todo, pues como he
dicho muchas veces en España en el campo de las bibliotecas públicas hay un verdadero marco de desigualdades. La
situación depende de la legislación existente en cada región o del interés
institucional y político de cada gobernante. Al contrario que en otros
servicios públicos (centros docentes, sanitarios…) que existen unos parámetros
y obligaciones de carácter estatal, las bibliotecas públicas siguen siendo
demasiadas veces una opción muy voluntarista. Las diferencias entre regiones y
localidades son enormes, y ahí están los datos para corroborar el mayor o menor
interés político en los servicios bibliotecarios. Lógicamente, como interesado
por las políticas bibliotecarias, sigo
los datos estadísticos del conjunto del país, y desde luego son significativos
de los recortes y del parón que se está produciendo en los servicios de
bibliotecas públicas en nuestro país.
Las
estadísticas de bibliotecas públicas españolas que coordina y publica el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son bien explícitas de estas
diferencias de políticas. Aunque los últimos datos corresponden al 2012 y faltan
los de Cataluña, que lamentablemente lleva varios años sin aportar información
estadística al sistema, creo son elocuentes. Por ejemplo, en documentos por
habitantes lideran las colecciones Navarra (3,2) y Castilla-La Mancha (3,0)
frente a regiones como Canarias (1,06),
Madrid (1,15), Andalucía (1,18), Cantabria (1,32), Valencia (1,40). La
media nacional es de 1,67.
Si
cogemos otro indicador significativo, como el del gasto corriente por
habitante, con un gasto medio de 7,99, que es ridículo frente a cualquier otro
servicio público, las diferencias son también abrumadoras. Están a la cabeza el
País Vasco, con 17,29 € y Castilla-La Manchas, con 13,25. En el polo opuesto están Baleares (3,78 €),
Canarias (4,57 €), Valencia (5,18 €), Andalucía (5,64 €). Invito a ver otros
indicadores para no alargar aquí la serie.
Sí he
seguido, lógicamente, y conozco bien las políticas desarrolladas en Castilla-La
Mancha. El Gobierno regional siempre actuó de “punta de lanza” en las
políticas, promoviendo programas de apoyo a las bibliotecas municipales (ayudas
para personal, adquisición de colecciones, actividades culturales, e incluso
para inversiones) y todo ese entramado de colaboración económica se ha
paralizado. Muchos ayuntamientos han rebajado sus aportaciones hasta el mínimo
e incluso en las cinco bibliotecas públicas del Estado, gestionadas por la
Junta, se han producido descensos escandalosos. Afortunadamente los ciudadanos
respaldan a las bibliotecas y por ello las bibliotecas municipales se están
manteniendo contra viento y marea.
¿Qué modelo de biblioteca pública os gustaría ver
reflejado en los programas electorales de las fuerzas políticas que se
presentan a las próximas elecciones municipales y autonómicas?
Lo que es el servicio de
biblioteca pública está bien expresado en la legislación, en documentos de
IFLA, en el Manifiesto de la UNESCO, etc. Lo que ocurre es que dependiendo del
tipo de población puede enfocarse de distinta manera. En la mayoría de los municipios la Biblioteca
Pública debe constituir el centro sociocultural e informativo más importante
para la comunidad. No sólo es la puerta democrática de acceso a la información,
la cultura, la educación permanente y el ocio positivo. Es que debe asumir el
papel de lugar de encuentro, de debate público, de convivencia, de acogida de
sectores sociales de todo tipo. La biblioteca pública prescinde de barreras
ideológicas, sociales, religiosas, lingüísticas, de edad, de nivel social…y
acoge a todos los ciudadanos. Esto no es
una teoría: cualquier persona debe sentirse en una biblioteca como en su propio
y hogar y, lógicamente, los políticos responsables de la institución de la que
depende la biblioteca no pueden seguir criterios partidistas para gestionar el
centro. La biblioteca es un centro de libertad y un faro de esperanza, y en
época de crisis como la actual es la institución que garantiza el acceso de
todos los ciudadanos al conocimiento. En las grandes ciudades es lógico que
existan otros centros culturales, pero aún en esos casos la Biblioteca debe ser
un amplio espacio de oferta de servicios: exposiciones, conciertos de pequeño
formato, ciclos de conferencias, presentaciones de libros, cuentacuentos, cine,
teatro, clubes de lectura, reunión de colectivos…
Esto puede parecer una
teoría, pero es la realidad en una biblioteca como la que yo dirijo, la
Biblioteca de Castilla-La Mancha, y en
tantísimas bibliotecas de nuestro país.. Pero, lamentablemente, hay
gentes que no creen en este modelo de biblioteca, que incluso piensan que en la
era de internet las bibliotecas y los bibliotecarios ya no hacen tanta falta
(que tenemos a google ¡vamos!). Pero no es así. Necesitamos bibliotecas en
nuestra vida. Una biblioteca –y perdóneseme la definición un poco “comercial”-
es una gran superficie cultural, informativa y educativa y cada día debe
ofrecer “ofertas” a los ciudadanos que les animen a ir a la biblioteca. Las
bibliotecas no pueden caer en la rutina y de forma permanente deben estar
presentes en la vida de las personas y de la sociedad.
¿Qué prioridades deben tener las políticas
municipales respecto a las bibliotecas en los próximos cuatro años?
Los ayuntamientos en el
período democrático han realizado sin duda un gran esfuerzo financiero. Pero a
veces sin cabeza. Quiero decir que es necesario articular las políticas
culturales en torno a las bibliotecas públicas y dejarse de crear tantos
centros culturales (salas de exposiciones, centros cívicos,…) luego difíciles
de mantener. Esto sobre todo es fundamental en localidades de hasta
aproximadamente 25.000 habitantes y, desde luego, imprescindible en localidades
menores de 10.000 habitantes. En ciudades como Toledo hay centros culturales
sin una planificación y oferta continuada, a veces monumentos faraónicos ahora
paralizados, mientras que las
bibliotecas municipales están igual que hace décadas, con horario escaso y sin
apenas personas sin presupuesto.
Luego hay ayuntamientos que
no cumplen siquiera la obligación de tener una biblioteca pública en su
municipio. Vengo denunciando desde hace décadas que un ayuntamiento de capital
de provincia como Guadalajara que no tiene ni una biblioteca pública y la
ciudad sólo dispone de la Pública del Estado.
Otra cuestión es el número
de bibliotecas en los municipios mayores de 5.000 habitantes. En otros
servicios (educación, sanidad…) se han construido centros de acuerdo a las
necesidades de la población. En bibliotecas no siempre ha sido así y muchas
veces entendemos que porque una ciudad tenga una biblioteca ya tenemos atendida
la población. La cuestión de las verdaderas redes de bibliotecas en localidades
de más de 25.000 habitantes en una asignatura pendiente en muchas localidades
españolas. Y no estoy poniendo el acento en lo negativo: claro que se ha hecho
mucho en bibliotecas durante los últimos treinta años, pero es insuficiente.
Leer, la información, la educación permanente…todos los servicios que se
prestan desde una biblioteca pública constituyen un derecho de todos los
ciudadanos, independiente de en qué localidad o en qué región vivan. Y no debe
discriminarse a nadie por vivir en un municipio pequeño. En Castilla-La Mancha
hemos sido muy progresistas y nuestra legislación “obliga” a tener biblioteca
en municipios mayores de 1.000 habitantes, frente a lo establecido en todo el
país. Pero no es fácil.
¿Qué medidas concretas pueden impulsarse desde
municipios y CCAA para que las bibliotecas se conviertan en epicentro de la
vida cultural de sus comunidades?
Ahora precisamente
necesitamos que las bibliotecas sean el centro neurálgico de los ciudadanos,
que lance propuestas de regeneración y de cultura para la sociedad a la que
sirve, que disponga de colecciones actualizadas, que sea el lugar de expresión
y de vida cultural de todos los colectivos. La biblioteca debe trabajar en
coalición y complicidad con la sociedad y tener una presencia pública
permanente a través de sus programas y de los medios de comunicación. Pero esto
no es cosa de “magia”. Las bibliotecas
precisan bibliotecarios profesionales y con unos horarios que garanticen un
servicio adecuado a los ciudadanos. No
puede haber bibliotecas que abren unas horas o unos días. Igual ocurre con las
adquisiciones: necesitan un presupuesto que garantice la actualización de la
colección y, consiguientemente, el interés de los usuarios por acudir a la
biblioteca a utilizar sus servicios. Igual ocurre con las nuevas ofertas de
libros electrónicos: han de buscarse fórmulas a nivel nacional para ampliar el
catálogo, sin que ello suponga una concentración del gasto del presupuesto en
esos nuevos servicios.
En época de crisis y de
recortes, hay que exigir a los responsables políticos que no tomen la decisión
fácil de prescindir de biblioteca o del bibliotecario o disminuir sus
presupuestos de forma tal que hagan inviable o poco atractivo el servicio de
biblioteca pública. Cuando hay disminución de presupuestos públicos, los
responsables tienen que hacer una profunda reflexión sobre las prioridades
políticas y sociales que han de seguirse en cuanto a la elección de las
prioridades de actuación. Por ejemplo, no pueden gastarse en actuaciones
culturales de “escaparate· (grandes conciertos y exposiciones,
conmemoraciones…) cantidades enormes mientras que a las bibliotecas se destinan
presupuestos ridículos. A veces dejar de hacer varios kilómetros de autovía garantiza el funcionamiento
de una red regional de bibliotecas con dignidad. Los presupuestos estoy de
acuerdo que no pueden ser inmovilistas pero tiene que haber un equilibro y un
traspaso de partidas a unos servicios como las bibliotecas públicas por los que
pasan cada día millones de personas.
En definitiva, los
bibliotecarios hemos de hacer un esfuerzo pedagógico sobre las bondades de la
biblioteca pública, cada uno en su marco de actuación. Y conseguir la
complicidad de los usuarios: si tenemos el apoyo de la sociedad ningún político
se atreverá a cerrar una biblioteca pública o a disminuir de forma radical sus
presupuestos.
Por todo esto es importante
una presencia pública y una exigencia seria, sobre todo desde las asociaciones
profesionales, para que los partidos políticos incluyan en sus programas
propuestas para las bibliotecas. Yo al menos lo haré para mi región.
¿Es necesario introducir cambios legislativos a
nivel autonómico en relación a las bibliotecas públicas? En caso afirmativo,
¿en qué aspectos?
Durante décadas clamé por
una ley nacional de bibliotecas, exactamente de coordinación bibliotecaria.
Prediqué muchas veces en el desierto, plantee esa necesidad en todos los foros
profesionales e institucionales a los que asistí, escribí artículos de opinión
en prensa nacional y regional…Pero cuando finalmente se aprobó la Ley 10/2007,
de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, resulta que es
un monumento a la estupidez y la escenografía. Es una Ley que no sirve para
corregir ninguno de los problemas de las bibliotecas de nuestro país, a pesar
que en la tramitación se introdujeron
enmiendas presentadas por asociaciones e incluso por otros partidos. Pero
finalmente el PSOE en la última sesión de aprobación en el Congreso deshizo el
camino andado y anuló las modificaciones que incluso ellos mismos habían
presentado. Digo esto porque lo primero que habría que hacer es una
modificación más ambiciosa de esa Ley. Ya sé que algunos hablan de que las
comunidades autónomas tenemos competencias en política de bibliotecas, pero
ello también ocurre en la sanidad o en la educación y sin embargo tiene que
haber una ley-marco que establezca quién debe prestar el servicio de biblioteca
pública y cómo debe ser ese servicio en función de la población a atender.
Eso es lo primero que hay
que hacer. En este sentido sería necesario paralelamente demandar a la Unión
Europea una directiva que obligue a los Estados miembros a prestar el servicio
de biblioteca pública en unas condiciones que se garantice ese derecho de los
ciudadanos de la Unión.
A partir de esas dos
iniciativas legales, habrá que abordar la reforma de algunas de las leyes
autonómicas, especialmente de aquellas que no han desarrollado suficientemente
su legislación y normativa. A veces la ley no es suficiente pero es un paso
necesario. Y luego hay que continuar luchando: por ejemplo, en Castilla-La
Mancha contamos con una Ley que yo creo que es excelente –dentro de las
posibilidades-, una ley que yo llamo de “segunda generación” que se promulgó en
2011. Se aprobó en la anterior legislatura y en la actual está costando mucho
trabajo su desarrollo. Hay un aspecto crucial: la firma de convenios entre la
Administración Autonómica y las Administraciones Locales para garantizar el
servicio de biblioteca pública de forma estable. De momento, a pesar de que la
Junta ha dejado de destinar recursos a
subvencionar programas de las bibliotecas municipales, se está manteniendo la
Red, aunque se hayan producido algunos cierres. Pero es fundamental garantizar
la financiación que garantice que el servicio de biblioteca pública no va a
depender de vaivenes políticos o personales. Tenemos un gran castillo, una gran
red de 500 bibliotecas, que podría desmoronarse como un “castillo de naipes” si
no se garantiza esa estabilidad. Que hubiese un compromiso de las
Administraciones Públicas para la nueva Legislatura ya sería mucho, aunque nos
parezca poco relevante…
¿Cuáles son los grandes errores que se cometen
habitualmente en las políticas municipales y autonómicas respecto de las
bibliotecas y que convendría evitar?
En bastantes
comunidades autónomas y en numerosas ciudades españolas hay grandes carencias
en sus políticas bibliotecarias. La primera
cuestión, de orden conceptual, ya la he expresado: no se da a la biblioteca
pública la importancia y consideración que tiene para los ciudadanos o que debe
tener. En la sociedad de la información las bibliotecas tienen un papel
esencial, crucial, y precisan de recursos. Creo que este primer error es común
a ayuntamientos y comunidades autónomas. El segundo error, en los municipios,
es no considerar a la biblioteca como un centro vertebrador y generador de la
política cultural e informativa del municipio. Un tercer error es la
atomización de espacios culturales (salas de exposiciones, centros de juventud,
centros de mayores centros cívicos y culturales, centros de internet…), que
luego no pueden prestar un servicio adecuado, con horarios insuficientes,
muchas veces cerrados, personal escaso o falto de preparación técnica… Por ello tenemos un mosaico muy grande de
situaciones: ciudades medianas o grandes con unas redes de bibliotecas muy
potentes, que muchas veces son el servicio mejor valorado por los ciudadanos,
frente a ciudades de similar población con un número ridículo de bibliotecas,
sin planes estratégicos, que no programan actividades culturales, con
presupuestos escuálidos y poco personal….
