Pongamos una biblioteca pública en nuestras vidas

Pongamos una biblioteca pública en nuestras vidas

España ha vivido un fuerte desarrollo de los servicios de biblioteca pública en las últimas décadas. Pero es un resultado heterogéneo y desigual en cada comunidad autónoma. Al no existir una política de Estado de bibliotecas públicas, se ha creado un marco de desigualdades entre ciudadanos, entre ciudades, entre regiones. En muchos casos no ha habido  política bibliotecaria y se ha trabajado a golpe de ocurrencias; en ocasiones se han planteado políticas muy serias y estables que han dado fruto; pero demasiadas veces se ha caído en las iniciativas personales, en el voluntarismo. Reclamé con insistencia durante dos décadas una Ley de Bibliotecas para el conjunto del país: lo hice en artículos de prensa, en foros profesionales, ante políticos y personalidades con posibilidades de tomar iniciativas…Y fue predicar en el desierto: cuando a nivel estatal se planteó por fin la ley se crearon expectativas pero en el último suspiro parlamentario el gobierno socialista, que había admitido bastantes enmiendas, dio marcha atrás y aprobó una ley que no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista de resolver los problemas históricos de la biblioteca pública en España. Incluso tuvieron el cinismo de decir que era una ley que había incorporado las propuestas profesionales, pero lo cierto es que finalmente hicieron sólo un ejercicio de escenificación democrática. 

Para agravar la situación,  la modificada legislación municipal española deja a las bibliotecas y a otros servicios públicos a los pies de los caballos, pues los ayuntamientos sólo pueden prestar aquellos servicios para los que tengan financiación. En este nuevo panorama  se corre el riesgo de que al no haberse clarificado a quién compete la financiación de las bibliotecas públicas algunas puedan desaparecer, sobre todo en municipios pequeños. La política de subvenciones como sistema estable ya la puse en entredicho hace una década, y ahora se comprueba que las administraciones están dejando de apoyar a una serie de servicios municipales, entre ellos las bibliotecas. Hace falta un debate político, democrático, serio. En Castilla-La Mancha disponemos de una legislación bibliotecaria avanzada, que sitúa en los 1.000 habitantes la obligatoriedad de disponer de biblioteca municipal pero unas veces los ayuntamientos carecen de recursos y otros tienen otras prioridades. Es sangrante el caso de Guadalajara, la única capital de provincia en España que carece de biblioteca municipal, y no es cosa de ahora: gobernaron antes IU y PSOE pero no consideraron conveniente cumplir la obligación legal de crear una biblioteca. Entre las pequeñas bibliotecas suprimidas en los últimos tiempos están tres del ayuntamiento de Valdepeñas, uno de nuestros grandes municipios. Y en la capital regional, el ayuntamiento no es precisamente un ejemplo en su política bibliotecaria. Afortunadamente sólo cuatro ayuntamientos de más del millar de habitantes que establece la Ley han cerrado su biblioteca, pero siempre he defendido que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen el derecho a recibir servicios bibliotecarios, bien mediante bibliotecas móviles o bien desde bibliotecas municipales. Lo contrario va contra los derechos recogidos en nuestra Constitución de 1978.

Menciono  estos casos pero podría citar muchos más. Se está desarrollando la ley de bibliotecas de Castilla-La Mancha de 2011, pero es preciso que el conjunto de las administraciones públicas consideren a la biblioteca pública un centro básico para los ciudadanos, la puerta democrática de acceso a la cultura, la información y la educación permanente. La biblioteca no puede ser un servicio público de segunda división: como un centro educativo o sanitario, la biblioteca debe ser sufragada por las administraciones públicas y no depender de vaivenes políticos, financieros o personales. Los ciudadanos necesitan bibliotecas en sus vidas: nos va en ello el desarrollo de la cultura democrática, la participación ciudadana, la educación en valores, la formación de niños y jóvenes, la acogida de las personas en situación de exclusión social. Las bibliotecas no acaban en la era del desarrollo tecnológico e internet, ni siquiera contando con la evolución de los libros electrónicos: la biblioteca es un centro de encuentro, debate y convivencia, el centro fundamental para la comunidad local, el lugar donde se respira libertad y solidaridad, el núcleo cívico en el que se rompen todo tipo de barreras y se crece como personas y como ciudadanos, teniendo como base la lectura y la información.

             Estamos en muchos casos como cuando en una ciudad capital de provincia había un instituto o un hospital. Nada tiene que ver, en general, el desarrollo de los servicios sanitarios o educativos con el de las bibliotecas públicas. Y poco tiene que ver el desarrollo y la prestación de los servicios bibliotecarios en España con el de los países más avanzados: Noruega, Finlandia, Reino Unido, Alemania…. En esos países, además de las importantes colecciones, lo que destaca es sobre todo la importancia institucional que se otorga a la biblioteca pública y no existen los vaivenes que vivimos en nuestro país: podría hasta cierto punto considerarse normal la disminución de presupuestos en el contexto de la crisis económica y financiera que afecta a nuestro país; pero no es normal que se cierren bibliotecas, que haya centros que se quedan sin bibliotecario, que haya drásticas disminuciones de horarios de apertura…

            A las puertas de las inminentes elecciones europeas del 25 de mayo, creo que el problema de las bibliotecas públicas ha de plantearse en el ámbito de la Unión Europea. Existe una cierta desprotección de las bibliotecas públicas y
no se han afrontado  directivas sobre las bibliotecas públicas. ¿No tenemos los profesionales la sensación de que la brecha se va agigantando? Cuando hay ciudadanos de miles de pequeñas poblaciones que no tienen acceso alguno a servicios de lectura e información pública,  preocupa el estancamiento que está sucediendo en las ciudades, en las regiones y en los propios países. Las estadísticas, al menos en España, son bien elocuentes, igual que en los países con similar situación financiera y social. 

           Es dramático que existan ciudadanos sin derecho a la lectura, sin derecho a la información. No hay ciudadanos sin derecho a servicios educativos (mejores o peores) ni ciudadanos sin acceso a servicios sanitarios (también mejores o peores); pero sí hay miles de ciudadanos desprotegidos, sin acceso a servicios de biblioteca pública.
Sería conveniente que los europarlamentarios recibieran informes sobre la situación de las bibliotecas públicas en la Unión Europea y la necesidad de que existan directivas concretas regulando tan importante servicio público y exigiendo políticas de información de carácter nacional en todos los Estados y no dejando la cuestión exclusivamente a los políticos locales o regionales.  Una directiva comunitaria debería establecer claramente que la financiación de las bibliotecas constituye una responsabilidad de las administraciones públicas y que, consiguientemente,
los organismos políticos deben “garantizar la existencia de condiciones jurídicas y financieras que aseguren a los ciudadanos un acceso sin restricciones a la información cultural, científica, educativa y social a través de las bibliotecas, con independencia del formato en que se almacene, transporte o distribuya.” Estamos ante un problema que excede a nuestra región e incluso a nuestro país: la Unión Europea debe regular las bibliotecas públicas y garantizar que podamos poner y disfrutar bibliotecas en nuestras vidas.