Por
una política de Estado en Bibliotecas Públicas*
En los últimos tiempos
afloran nuevas desigualdades entre los ciudadanos por motivo de su lugar de
residencia. Una de las que menos sale a la luz es la de la biblioteca pública:
a pesar de los notables avances experimentados en el desarrollo de servicios
bibliotecarios durante las últimas décadas, España presenta un variado mosaico
en este servicio público derivado de la inexistencia
de una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para la
prestación de servicios de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país.
Si a esta carencia añadimos la dispar situación de las legislaciones
autonómicas y la insuficiente regulación del
servicio de biblioteca pública para los municipios, la desigualdad está
servida.
Y aunque altos
responsables públicos insisten en que
“todos los españoles tenemos los mismos derechos”, o “debemos velar para
que todos los españoles tengan los mismos derechos”, referido normalmente a
temas como la educación, la sanidad, la
vivienda,…, son sin embargo pocos los políticos que se pronuncian sobre el
derecho de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse permanentemente
mediante la biblioteca pública.
Los indicadores
(año 2003) son expresivos de esta desigualdad: En cuanto a colecciones, con una
media nacional de 1,21 libros u otros soportes por habitante, las comunidades
autónomas oscilan entre 0,751 de Murcia y
2,318 de Castilla-La Mancha, con muchas regiones que
siguen sin alcanzar la media de 1 documento por habitante. En cualquier caso,
pese a los avances, estamos demasiado lejos de los países europeos más
avanzados, con medias en torno a 10 libros por habitante. El gasto en adquisición de colecciones es
también significativo: con una media de 1 euro/habitante, también está a la
cabeza Castilla-La Mancha con 1,91 euros
frente a 0,43 euros de Andalucía, 0,51
en Canarias y otras seis regiones que no llegan al gasto medio.
Respecto
al gasto total en bibliotecas por habitante, paulatinamente va ascendiendo,
pero las cifras son francamente bajas. Continúan a la cabeza Cataluña y Castilla-La Mancha,
respectivamente con 14,75 y 14,38 euros por habitante, mientras que Galicia
(4,20), Andalucía (4,27), Baleares (4,34), Canarias (4,89), Comunidad
Valenciana (5,08), Murcia (5,25) y otras comunidades están con unas cifras no
sólo muy bajas sino con crecimientos anuales escasos y lentos. Este desigual
gasto, que sitúa a regiones tradicionalmente pobres como Castilla-La Mancha a
la cabeza en muchos de los indicadores, refleja las políticas estables y de
decidido apoyo a las bibliotecas municipales, frente a regiones en las que los
municipios no han gozado de similares apoyos de su correspondiente
Administración Autonómica. El mayor
gasto en bibliotecas se corresponde con unas bibliotecas más dinámicas y con
mejores servicios. Por ejemplo, en préstamos por habitante, Castilla y León
tiene la primacía, con 2,5, mientras que es la cuarta comunidad por gasto en
bibliotecas; Castilla-La Mancha es la segunda en préstamo (2,16), y también es
la segunda en gasto; Cataluña es la tercera en préstamo (1,726) y la primera en
gasto. Igual ocurre si analizamos las
actividades culturales de las bibliotecas: con una media del 74% de bibliotecas
que organizan actividades, están en los
puestos más altos País Vasco, Cataluña (96%), Baleares (89%), Castilla-La
Mancha (85%) y Canarias (84%) frente a
Aragón (63%), Castilla y León (67%) y Galicia y Andalucía (ambas con el 68%).
La biblioteca pública, con todas las luces de los
últimos años, sigue siendo una asignatura pendiente en las políticas
culturales. Aunque la cifra aceptada de población atendida es teóricamente del
97% mientras que el 3% carece de servicios bibliotecarios, si miramos a los
municipios sólo el 68% de los municipios cuentan con algún tipo de servicio
bibliotecario o están atendidos por bibliobuses, mientras que el 38% de los
municipios españoles carece de cualquier acceso a servicios bibliotecarios. El
dato es más escalofriante así: más de 3.000 municipios españoles no tienen
acceso a servicios bibliotecarios de ningún tipo. Podríamos enunciar el
problema de esta forma: a los españoles
residentes en pequeños municipios se les sigue negando en muchos casos el
derecho a leer y a la información.
Pero
las ciudades tampoco se salvan de los
graves problemas. Muchas
localidades, que deben tener una verdadera Red de Lectura Pública que atienda a
los ciudadanos de los distintos barrios, cuentan sólo con un centro
bibliotecario. Como faltan obligaciones legales precisas y la cuestión de la
financiación municipal sigue sin resolverse, encontramos ciudades con planes
modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos
verdaderamente dramáticos en muchas de las ciudades españolas.
Siendo estos indicadores
preocupantes, es más grave la falta de una política de Estado para afrontar el
reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la Información y el
Conocimiento; pero la actual Ministra de Cultura, como sus antecesores,
mantiene un cierto complejo que le incapacita para ofrecer soluciones
estructurales. La
Constitución Española reconoce el “acceso a la cultura” como
un derecho de todos los españoles (art.
44) y también el derecho a “recibir libremente información veraz” (art.
20.1.d) o, genéricamente, el “derecho a la educación” (art. 27); y estos tres pilares que constituyen la misión
de la biblioteca pública (cultura, información y educación permanente) no han logrado convertirse jurídicamente en un derecho que revierta en la universalización o
democratización del acceso de los españoles a servicios de biblioteca pública.
Aunque defiendo el Estado de las Autonomías e
incluso hay quien proclama que el
Ministerio nada tiene que hacer en esta tarea, nuestra Constitución dejó muy
clara la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia
exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos…” (art.
149.1.1ª), que incluso “… podrá dictar leyes que establezcan los principios
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades
Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas,
cuando así lo exija el interés general…” (art. 150.3).
Consiguientemente, la Ministra de Cultura, que no destaca por
iniciativas que puedan dar idea de que el Ministerio va a tener entre sus
prioridades una política bibliotecaria acorde con las necesidades de los
ciudadanos del siglo XXI, no puede seguir argumentando que este problema
compete sólo a las Comunidades Autónomas. La biblioteca pública es un derecho
de todos los ciudadanos, y al Ministerio de Cultura corresponde abordar un plan
coordinado con los gobiernos autonómicos que garantice este derecho al conjunto
de la población española.
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