¿Una
política de Estado en Bibliotecas Públicas?
¿Pero
hay alguien pensando en una política de Estado en materia de
bibliotecas públicas?
Desde luego nadie habla de ello, y es tan importante como en el
ámbito de la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales…Ahora,
a las puertas de una nueva edición de las Elecciones Generales, me
permito recordar a los partidos políticos que las bibliotecas
públicas también existen.
Las bibliotecas son
lugares maravillosos, que tienen su mayor fortaleza en los ciudadanos
que las visitan: en 2014 eran socios de una biblioteca pública
16.080.515 personas, lo que supone que el 34,49 % de los españoles
es socio. A pesar de los recortes, desde 2010 ha crecido este
indicador en casi un 6%. Ello muestra la necesidad de este servicio
público que es esencial y además gratuito para los ciudadanos,
porque se financia con los impuestos de todos. Las bibliotecas
españolas recibieron ese año un total de 109.061.703
visitantes. No hace falta recordar que las bibliotecas no sólo son
lugares de libertad, de valores, de debate, de encuentro, de
fortaleza democrática, de solidaridad, de cultura, de información,
de educación permanente…Es que, además, a las bibliotecas, al
contrario de lo que sucede con nuestra visita a un hospital o un
centro de educación obligatoria, vamos libremente. Y estas cifras
son realmente espectaculares.
Pero a pesar de los
indudables avances experimentados en España, las bibliotecas
españolas no acaban de incorporarse de forma generalizada a los
servicios que deben prestar para que constituyan realmente la puerta
democrática para acceder a la Sociedad de la Información para todos
los ciudadanos españoles. Desde los inicios de los años ochenta del
siglo XX clamé por una Ley
de Coordinación Bibliotecaria que
sirviese de marco para el desarrollo de los servicios públicos de
lectura e información en todo el país.
Cuando,
por fin, se planteó esa Ley estatal, mostré una esperanza que
pronto derivaría en frustración: se
aprobó y entró en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la
lectura, del libro y de las bibliotecas, pero no resolvió ninguno de
los problemas prácticos que nos preocupaban a los que habíamos
clamado por esa Ley. Es
una Ley que señala vías
de cooperación,
a través fundamentalmente del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria, pero no
aborda
la
imprescindible y obligada
coordinación en
la que debieran trabajar
los sistemas
bibliotecarios de nuestro país. La Ley
recogió
principios pero no concretó
estándares de servicio público ni responsabilidades de
financiación. Como
he escrito reiteradas veces, fue una oportunidad perdida.
A finales de enero
de 2006 publiqué un artículo periodístico con el mismo título del
que ahora escribo, pero sin interrogantes, y apenas un año más
tarde disponíamos de la Ley. Una década después, no sólo no ha
mejorado la situación sino que la crisis económica ha motivado una
parálisis de
muchas
bibliotecas y un importante descenso presupuestario que no tiene
parangón con el que han tenido otros ámbitos de los servicios
públicos.
A
las desigualdades padecidas por los ciudadanos por razón de su
localidad o región de residencia, se han sumado el cierre de algunas
bibliotecas, la falta de presupuestos para adquisiciones de libros y
audiovisuales en las bibliotecas, la paralización de las inversiones
y la preocupante situación de buena parte de los profesionales,
especialmente en bibliotecas de municipios pequeños. Por supuesto,
no se ha resuelto tampoco el problema histórico de los ciudadanos
que carecen de servicios bibliotecarios por el “delito” de vivir
en localidades menores de 5.000 habitantes, aunque en regiones como
en Castilla-La Mancha siempre trabajamos con la idea de universalizar
este servicio a todos los habitantes y en la legislación y programas
trabajamos en la línea de que dispongan de biblioteca pública todos
los pueblos mayores de 1.000 habitantes y los mejores que estuviesen
dispuestos a financiar ese servicio.
En 2014, un total de
2.995 municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a
servicios de biblioteca pública, que supone sólo un 3,22% de la
población pero que corresponde al 37% de los municipios españoles.
Es decir, que apenas el 63% de los municipios de nuestro país cuenta
con un algún servicio de biblioteca pública. Aunque los españoles
no pueden sufrir discriminación en razón de su residencia, no hay
un plan para ofrecer servicios bibliotecarios a los municipios
pequeños. La alternativa son los bibliobuses, pero no todas las
regiones están dispuestos a asumir un servicio pensado para esas
localidades que no pueden disponen de biblioteca fija. Podemos
afirmar que a los españoles de los pequeños municipios
se les niega el derecho a leer y a la información.
Además, aunque se
considere que una ciudad tiene cubierto el servicio porque exista una
biblioteca para 50.000, 70.000 o incluso más habitantes, no podemos
aceptar esta hipocresía estadística. Nadie acepta que una localidad
de esa población disponga sólo de un único Instituto de
Bachillerato, un único Centro de Salud…Cosa que en bibliotecas es
bastante corriente.
Estas localidades deberían tener una verdadera Red de
Lectura Pública que atienda a los ciudadanos de los distintos
barrios, con horarios amplios y una plantilla suficiente y adecuada
de profesionales, y muchas veces cuentan sólo con una biblioteca. Al
faltar las obligaciones legales precisas, encontramos ciudades con
planes modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública
junto a casos verdaderamente dramáticos en bastantes ciudades
españolas.
Otros
indicadores son expresivos también de desigualdad: en
cuanto a colecciones la media nacional es de de 1,81 libros u otros
soportes por habitante. Los mejores datos corresponden a Navarra
(3,38) y Castilla-La Mancha (3,09), mientras que las comunidades más
deficitarias son Canarias (1,17), Madrid (1,20), Murcia (1,27) y
Andalucía (1,29).
Hay
también desigualdad entre regiones en el número de bibliotecas. Si
consideramos el indicador “Habitantes
por biblioteca”,
las comunidades autónomas con mejor situación y que están a la
cabeza en el país son Extremadura (que tiene una biblioteca por cada
2.471 habitantes) y Castilla-La Mancha (una biblioteca por cada
3.764 habitantes). En el polo opuesto están Madrid (una biblioteca
por 29.102 habitantes), Cataluña (una biblioteca por 20.943
habitantes), La Rioja (una biblioteca por 14.042 habitantes) y Murcia
(una biblioteca por 13.126 habitantes). En otro indicador, “Puestos
de lectura por 1.000 habitantes”,
figura a la cabeza Castilla-La Mancha (con 13,35 puestos por cada
1.000 habitantes), seguido por Extremadura (12,13) y Navarra (8,90).
En los peores puestos en este indicador están Cataluña (3,80),
Madrid (4,11) y Canarias (4,16).
Respecto
al gasto corriente total en bibliotecas por habitante -que incluye
personal, instalaciones, colecciones bibliotecarias, automatización
y actividades- la media nacional es verdaderamente ridícula: 9,32
euros/habitante. Están a la cabeza País Vasco (17,23), Cataluña
(13,53) y Castilla-La Mancha (12,87 euros), mientras que las regiones
que están en el furgón de cola son: Baleares (4,14), Andalucía
(5,63) y Murcia (6,25 euros). Este desigual gasto, sitúa a regiones
tradicionalmente ricas junto a otras con PIB muy bajos como,
Castilla-La Mancha, a la cabeza en algunos de los indicadores, signo
de políticas estables y de decidido apoyo a las bibliotecas
municipales, frente a Comunidades en las que los municipios no han
gozado de similares apoyos de su correspondiente Administración
Autonómica.
El
gasto en adquisición de colecciones es también significativo, y se
ha reducido considerablemente en los últimos años: la media es
verdaderamente lamentable: 0,56 euros/habitante. País Vasco figura a
la cabeza con 1,29 frente a 0,16 de Andalucía, 0,18 de Canarias o
0,23 de Murcia.
El
mayor gasto en bibliotecas se corresponde con unas bibliotecas más
dinámicas y con mejores servicios. Así, por ejemplo, si analizamos
las actividades culturales de las bibliotecas, si cogemos el
indicador “Actividades
organizadas por las bibliotecas por 1.000 habitantes”,
con una media nacional de 3,84 actividades, están en los puestos
más altos Castilla-La Mancha (15,55), Cataluña (6,73), Asturias
(4,84) y Castilla y León (3,65) frente a Comunidad Valenciana
(0,17), Canarias y Baleares (con 1,61), Murcia (1,92) y País Vasco
(2,25). Pero junto a los presupuestos, sin duda el mayor factor de
éxito y dinamismo de una biblioteca lo consiguen los profesionales.
Por cierto, es sorprendente la capacidad de los bibliotecarios de
tantísimas pequeñas bibliotecas que con su dedicación, imaginación
y complicidad con la sociedad consiguen que esos centros sean
verdaderamente ejemplares.
En
resumen, y para no seguir enumerando más datos, culmino diciendo que
estos
indicadores son preocupantes pero me parece más grave la falta de
una política de Estado para afrontar el reto de las bibliotecas
públicas en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento.
La Constitución Española reconoce el “acceso a la cultura” como
un derecho de todos los españoles (art. 44) y también el
derecho a “recibir libremente información veraz” (art. 20.1.d)
o, genéricamente, el “derecho a la educación” (art. 27);
y estos tres pilares que constituyen la misión de la
biblioteca pública (cultura, información y educación
permanente) no han logrado convertirse jurídicamente en un derecho
que revierta en la universalización o democratización del acceso de
los españoles a servicios de biblioteca pública.
Me
declaro defensor del Estado de las Autonomías, pero reconozco y
valoro el papel que tiene el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en esta tarea; nuestra Constitución dejó muy clara la
resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia
exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos…” (art. 149.1.1ª), que incluso “… podrá dictar
leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el
caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así
lo exija el interés general…” (art. 150.3). Estamos, pues, ante
un problema que no compete sólo a las Comunidades Autónomas. La
biblioteca pública es un derecho de todos los ciudadanos, y al
Estado corresponde abordar un plan coordinado con los gobiernos
autonómicos que garantice este derecho al conjunto de la población
española.
Sin duda ha habido regiones que han sido más democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública. Leyes autonómicas más avanzadas, planes bibliotecarios más progresistas y programas regionales de apoyo financiero o técnico para el desarrollo de bibliotecas públicas municipales, han sido los factores diferenciadores que han articulado un mapa bibliotecario muy desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros.
En
2004 publiqué un artículo que titulé “Derecho
a no leer”
y que concluía con un texto dirigido a la clase política y a la
sociedad en general. Voy a recordarlo ahora, en vísperas de las
Elecciones Generales: “Una
de las virtudes de la democracia es que los mediocres y quienes no
desempeñan correctamente su cargo público suelen sufrir un varapalo
de los ciudadanos en las siguientes elecciones. Por ello… un
consejo: no voten a quienes desdeñan la biblioteca pública; no
apoyen a quienes teniendo responsabilidades en las políticas
culturales consideran que la biblioteca pública es un servicio que
no precisa recursos y que es un lujo que no puede estar al alcance de
todos los ciudadanos. Vamos, que quienes no creen en la biblioteca
pública se alejen de responsabilidades públicas que no se merecen…
“
