Hacia la coordinación de las políticas de lectura en España*
Desde
hace años vengo manteniendo que es preciso que se potencie un desarrollo
armónico e igualitario de los servicios bibliotecarios en todas las regiones de
nuestro país. La dispar situación en cuanto a desarrollo legislativo, interés
político, número y calidad de las bibliotecas y población atendida es patente,
y resulta urgente que el problema de la lectura pública en España se afronte de
forma coordinada por el conjunto de Administraciones Públicas.
Por
reuniones con otros profesionales de la práctica totalidad de comunidades
autónomas, por debates en congresos o reuniones técnicas y por la propia
lectura de literatura profesional, creo que conozco bien la realidad
bibliotecaria española. En Castilla‑La Mancha hemos dado en los últimos años
importantes pasos en la consolidación e incremento de la red de lectura
pública; y la aprobación, dentro del Plan
Estratégico de Cultura de Castilla‑La Mancha, del Plan
Director del Libro, Archivos y Bibliotecas supone una garantía indudable de progresiva
modernización de los servicios bibliotecarios así como un acercamiento al
objetivo básico de democratizar el acceso a los servicios de lectura e
información al conjunto de la población regional.
Pero en
las reuniones con bibliotecarios municipales siempre surge la cuestión de las
competencias de las administraciones locales, a veces derivada del diverso
plateamiento entre la legislación municipal y la autonómica. Si a esto unimos
la falta de una legislación marco sobre las bibliotecas públicas en este país,
entenderemos por qué los ciudadanos españoles somos tratados de forma distinta
en función de nuestra localidad o región de residencia. El derecho a la
lectura, a la información, a la cultura hemos de considerarlo entre los derechos
constitucionales y, por ello, ningún ciudadano puede verse marginado para
acceder a este servicio público en razón de que viva en una pequeña localidad o
en una gran urbe. Serán servicios distintos, pero como en el caso de la
educación, la salud, etc. todos los ciudadanos tenemos que tener este acceso a
los servicios de lectura pública e información.
En
1993, en mi artículo “Bibliotecas Públicas y partidos políticos. Las políticas
bibliotecarias en los programas electorales (1977‑1993)” propuse la celebración
de una Conferencia sectorial de Cultura (reunión
del Ministro de Cultura con los Consejeros de Cultura de la totalidad de
comunidades autónomas) dedicada a estudiar la situación de la lectura pública
en España y sentar las bases de una Ley
de Coordinación Bibliotecaria. Más
tarde, en 1995, en la ponencia de apertura del I Simposio de Biblioteconomía y Documentación de Canarias, dentro
de un decálogo de propuestas para las bibliotecas españolas, volví a insistir
en esta cuestión solicitando esa conferencia sectorial.
En
noviembre de 1996 el Ministerio de Educación y Cultura comenzó a dar los pasos
para la celebración anual de las Jornadas
de Cooperación Bibliotecaria, en las
que además de representantes del Ministerio y de la Biblioteca Nacional,
asistimos los Jefes de Servicios de bibliotecas de las Comunidades Autónomas y
los directores de las Bibliotecas regionales.
Quizá
he sido reiterativo en expresar esa necesidad, por ello creo que hay que
felicitarse por el nuevo paso que se ha dado recientemente, en el seno de las III Jorndadas de Cooperación, celebradas
en mayo en Murcia: dentro de las conclusiones se ha aprobado una, con el
acuerdo de todos los profesionales allí presentes, que “constata la necesidad
de que se celebre una Conferencia Sectorial de Cultura centrada en cuestiones
esenciales para el desarrollo bibliotecario español...”
En
definitiva, de celebrarse esa Conferencia, se habrá dado un paso
importantísimo: si en los últimos tres años se ha conseguido un nivel aceptable
de cooordinación técnica entre las regiones, ahora pueden ponerse los cimientos
para la coordinación política, que es absolutamente esencial, imprescindible.
Ello unido al interés creciente por las políticas bibliotecarias del Consejo de
Europa, que está ultimando una recomendación sobre legislación bibliotecaria
que pueda inspirar leyes nacionales de bibliotecas, legislaciones de carácter regional y local,
hace que abriguemos esperanzas de que a corto plazo podamos contar cons
instrumentos legales que permitan superar este cierto mosaico de desigualdades.
Y esto siempre dentro del importante avance que se ha producido en este este
ámbito en nuestro país en los últimos años.
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