sábado, 1 de mayo de 1999

Hacia la coordinación de las políticas de lectura en España



Hacia la coordinación de las políticas de lectura en España*


            Desde hace años vengo manteniendo que es preciso que se potencie un desarrollo armónico e igualitario de los servicios bibliotecarios en todas las regiones de nuestro país. La dispar situación en cuanto a desarrollo legislativo, interés político, número y calidad de las bibliotecas y población atendida es patente, y resulta urgente que el problema de la lectura pública en España se afronte de forma coordinada por el conjunto de Administraciones Públicas.
            Por reuniones con otros profesionales de la práctica totalidad de comunidades autónomas, por debates en congresos o reuniones técnicas y por la propia lectura de literatura profesional, creo que conozco bien la realidad bibliotecaria española. En Castilla‑La Mancha hemos dado en los últimos años importantes pasos en la consolidación e incremento de la red de lectura pública; y la aprobación, dentro del Plan Estratégico de Cultura de Castilla‑La Mancha,  del Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas  supone una garantía indudable de progresiva modernización de los servicios bibliotecarios así como un acercamiento al objetivo básico de democratizar el acceso a los servicios de lectura e información al conjunto de la población regional.
            Pero en las reuniones con bibliotecarios municipales siempre surge la cuestión de las competencias de las administraciones locales, a veces derivada del diverso plateamiento entre la legislación municipal y la autonómica. Si a esto unimos la falta de una legislación marco sobre las bibliotecas públicas en este país, entenderemos por qué los ciudadanos españoles somos tratados de forma distinta en función de nuestra localidad o región de residencia. El derecho a la lectura, a la información, a la cultura hemos de considerarlo entre los derechos constitucionales y, por ello, ningún ciudadano puede verse marginado para acceder a este servicio público en razón de que viva en una pequeña localidad o en una gran urbe. Serán servicios distintos, pero como en el caso de la educación, la salud, etc. todos los ciudadanos tenemos que tener este acceso a los servicios de lectura pública e información.
            En 1993, en mi artículo “Bibliotecas Públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977‑1993)” propuse la celebración de una Conferencia sectorial de Cultura (reunión del Ministro de Cultura con los Consejeros de Cultura de la totalidad de comunidades autónomas) dedicada a estudiar la situación de la lectura pública en España y sentar las bases de una Ley de Coordinación Bibliotecaria.  Más tarde, en 1995, en la ponencia de apertura del I Simposio de Biblioteconomía y Documentación de Canarias, dentro de un decálogo de propuestas para las bibliotecas españolas, volví a insistir en esta cuestión solicitando esa conferencia sectorial.
            En noviembre de 1996 el Ministerio de Educación y Cultura comenzó a dar los pasos para la celebración anual de las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria,  en las que además de representantes del Ministerio y de la Biblioteca Nacional, asistimos los Jefes de Servicios de bibliotecas de las Comunidades Autónomas y los directores de las Bibliotecas regionales.
            Quizá he sido reiterativo en expresar esa necesidad, por ello creo que hay que felicitarse por el nuevo paso que se ha dado recientemente, en el seno de las III Jorndadas de Cooperación, celebradas en mayo en Murcia: dentro de las conclusiones se ha aprobado una, con el acuerdo de todos los profesionales allí presentes, que “constata la necesidad de que se celebre una Conferencia Sectorial de Cultura centrada en cuestiones esenciales para el desarrollo bibliotecario español...”
            En definitiva, de celebrarse esa Conferencia, se habrá dado un paso importantísimo: si en los últimos tres años se ha conseguido un nivel aceptable de cooordinación técnica entre las regiones, ahora pueden ponerse los cimientos para la coordinación política, que es absolutamente esencial, imprescindible. Ello unido al interés creciente por las políticas bibliotecarias del Consejo de Europa, que está ultimando una recomendación sobre legislación bibliotecaria que pueda inspirar leyes nacionales de bibliotecas,  legislaciones de carácter regional y local, hace que abriguemos esperanzas de que a corto plazo podamos contar cons instrumentos legales que permitan superar este cierto mosaico de desigualdades. Y esto siempre dentro del importante avance que se ha producido en este este ámbito en nuestro país en los últimos años.


*  Anaquel, nº 4 (mayo-junio 1999), pág. 12.

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