¿Dignificar
los puestos de trabajo en las bibliotecas públicas?
Próximamente se
va a celebrar en Logroño el IX Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas, con un tema inicialmente apasionante: “Bibliotecas
públicas: profesionales para todos los públicos”. Viendo el avance del
programa, entiendo que no se ha querido coger el toro por los cuernos. Se va a
hablar de la formación, reglada y no reglada de los profesionales; de los
modelos de gestión en las bibliotecas, incluyendo pistas para conseguir
financiación en proyectos internacionales; y se finalizará con el tema de
inclusión y diversidad, importante y que merecería la pena se tratase
monográficamente en un congreso. Pero, al parecer, ni el Ministerio ni las
comunidades autónomas quieren abordar el problema histórico de las bibliotecas
públicas, sobre todo en los pequeños municipios: el personal.
Claro que es muy
importante reflexionar sobre los nuevos perfiles profesionales que se precisan.
Es fundamental que las universidades adapten sus programas a la formación de
bibliotecarios para nuestro tiempo. También conocer vías de financiación que
complementen las de las administraciones públicas gestoras de esas bibliotecas.
E incluso insistir en los contenidos y programas sociales que deben hoy
desarrollar las bibliotecas y, consiguientemente, los bibliotecarios. Las bibliotecas están en permanente proceso
de cambio, y se visibiliza en muchos ámbitos, incluso en los espacios, en el
uso de las tecnologías, en el trabajo en coalición con la sociedad…
Pero, como el VIII Congreso, que se desarrolló en
Toledo, tengo la sensación de que va a pecar de lo mismo: se plantea, sobre
todo, para las grandes bibliotecas, las de más plantilla y recursos, las que
tienen la posibilidad de promover programas de mecenazgo internacional; las que
disponen de un personal más estable, perteneciente a cuerpos o escalas
profesionales y con retribuciones acordes a la pertenencia a esas categorías de
personal. Para las de pequeños municipios siempre nos queda el Premio María
Moliner, con sus premios especiales y los 300 por un valor de 1.706,66 €,
muchas veces lo único que llega de la Administración General del Estado a las
bibliotecas públicas de localidades de
menos de 50.000 habitantes. Las pequeñas bibliotecas, con bibliotecarios
contratados como auxiliares, a veces con jornadas completas pero en demasiadas
ocasiones con jornadas parciales, son generalmente un ejemplo para todo el país,
no sólo en el ámbito de las bibliotecas sino del conjunto de los servicios
públicos.
En 2016, había
en España un total de 12.483 personas empleadas en las bibliotecas públicas,
que equivalen a 10.676 a Tiempo Completo. Ese
dato significa que en cada biblioteca hay una media de 2,30 trabajadores
y que en el conjunto de España existe un profesional por cada 4.362 habitantes.
El mejor dato lo tienen Castilla-La Mancha y Extremadura, que disponen de un
bibliotecario por cada 2.702 habitantes, ambas regiones el mismo indicador.
No hace falta
recordar que una de las claves del éxito de las bibliotecas públicas son los
profesionales. Pero, además de los datos cuantitativos que he recordado, hay
otros aspectos que deberían ser tenidos en cuenta. El entusiasmo, la
imaginación, la profesionalidad, la adecuada formación de los bibliotecarios
españoles… creo que no se pone en duda. Generalmente aquellos tiempos en los
que en un municipio alguna persona, con mayor o menor formación o voluntad, se
hacía cargo de la biblioteca ya pasó. Los procesos de oposición o de concurso
se fueron imponiendo y la gran mayoría de los profesionales tienen su contrato
laboral. Otra cosa es el tipo de contrato, la categoría profesional de las
plazas que existen en muchas de las bibliotecas españolas.
En
mi artículo “La dignidad de los bibliotecarios y las bibliotecas públicas”,
publicado en numerosos medios de comunicación de Castilla-La Mancha en enero de
este año, hice un análisis detallado de la situación en esta región. Sin duda, la cuestión del personal, como en otros servicios públicos,
fue siempre esencial en las bibliotecas. Pero, desde mi punto de vista no se
acaba de resolver. Voy a decir alguna obviedad que llevo repitiendo décadas
pero que ningún gobernante acepta el reto: los centros educativos, los
consultorios médicos o los centros de salud, disponen de profesionales sin
tener en cuenta la población a la que atienden. Creo que nadie se imagina que un consultorio
médico en lugar de con un médico contase con un “Auxiliar Sanitario”. Y lo
mismo en un colegio: en todos los casos, hay maestros y no “Auxiliares
Docentes” Los profesores, los médicos, las enfermeras…que prestan servicio en
localidades pequeñas tienen que haber obtenido la plaza en idénticos procesos
de selección, pertenecer a los mismos cuerpos o escalas y ser retribuidos con
idénticas condiciones. ¿Por qué se discrimina a las bibliotecas públicas? No es
sólo un problema presupuestario, que sabemos existe; no se plantea un objetivo
nacional con carácter progresivo que permita dignificar los puestos
bibliotecarios y les otorgue la debida consideración social, profesional y
retributiva.
Los
mapas de bibliotecas, que se van publicando en algunas comunidades autónomas,
son demasiado respetuosos con un pasado que no fue bueno para las bibliotecas.
Hay que dar el salto. Cualquier biblioteca pública tiene que contar con un
técnico de bibliotecas, que sea retribuido acorde con esa categoría. Y luego
habrá los auxiliares de bibliotecas y el personal de otras categorías que
establezcan los mínimos de la normativa. Los ayuntamientos aducen que no
cuentan con recursos suficientes, lo que ocurría cuando, por ejemplo, las
escuelas dependían de los ayuntamientos. Pero de eso hace ya muchas décadas….
Una solución es la firma de
convenios a tres, entre comunidad autónoma, diputación provincial y
ayuntamiento, que garantice recursos para que las bibliotecas puedan prestar
dignamente sus funciones, entre ellas el pago del personal. Pero si esa vía no
es posible, la única garantía es que las administraciones autonómicas asuman la
retribución del personal bibliotecario, al menos del director. Tal vez podría
hacerse en el caso de los municipios menores de 5.000 habitantes, que son los
que la Ley de Bases de Régimen Local no incluye para prestar el servicio de
biblioteca de forma obligatoria. Por supuesto, que una nueva ley de
coordinación bibliotecaria podría afrontar éste y otros temas que son básicos
para que los servicios de biblioteca pública se puedan prestar en condiciones
similares en todo el país. Necesitamos, realmente, una Política de Estado en
materia bibliotecaria. Pero, para que esa política y esa nueva legislación
puedan nacer, necesitamos políticos que
sepan soñar y pensar en el bienestar y la educación permanente de los
ciudadanos.
¿No era el IX Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas una buena oportunidad para haber reflexionado
sobre estas cuestiones, que afectan a buena parte de los profesionales de las
bibliotecas españolas? Están bien los planteamientos pedagógicos, conocer las
innovaciones, los nuevos tiempos en las bibliotecas…. Pero ¿cuándo la
dignificación profesional de los bibliotecarios? Al parecer, el cielo puede
esperar
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