Mostrando entradas con la etiqueta Desiderata. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Desiderata. Mostrar todas las entradas

martes, 1 de enero de 2019

Oda a la Biblioteca Pública


Oda a la Biblioteca Pública


            El 5 de diciembre de 2018 ha abierto sus puertas la nueva Biblioteca  Central de Helsinki: la moderna y grandiosa Oodi (que en finés significa “oda”), La ciudad ha hecho una inversión de 98 millones de euros en sus ciudadanos y eligieron esa fecha para la gran inauguración, enlazándola estratégicamente con el Día de la Independencia, que se celebra el 6 de diciembre. Finlandia se toma muy en serio las bibliotecas y, junto a otras infraestructuras culturales tiene un magnífico sistema de bibliotecas. En esas mismas fechas los españoles hemos celebrado los 40 años de la Constitución que nos ha permitido crecer en tantos aspectos durante el régimen democrático. Y los poderes públicos, las distintas Administraciones, han realizado una gran campaña mediática sobre estas cuatro décadas. Pero ¿qué nos queda como infraestructura que simbolice este período de desarrollo democrático?

Como recuerda Katri Vänttinen, directora de los servicios bibliotecarios de la Ciudad de Helsinki, en Finlandia “Desde principios del siglo XIX, cada pueblo tenía su escuela y su biblioteca, por lo que el acceso a la alfabetización y a una educación básica era igualitario.” No hace falta recordar el gran déficit en bibliotecas y otros servicios públicos que ha padecido España, así como el gran avance experimentado durante la época democrática. Pero, por desgracia, el crecimiento de las bibliotecas públicas no ha ido paralelo a otros servicios y, como he criticado reiteradamente, existe una gran desigualdad en servicios bibliotecarios entre regiones, provincias y localidades. La falta de una Política de Estado en materia de bibliotecas está propiciando esa dispar situación. En mi reciente informe “Lectura pública y bibliotecas en España. Por un Pacto de Estado” (revista CLIP de SEDIC, núm. 78, julio-diciembre 1978, https://clip.sedic.es/article/lectura-publica-y-bibliotecas-en-espana-por-un-pacto-de-estado/pueden verse las principales claves del servicio bibliotecario en nuestro país así como propuestas para salir de este injusto panorama.

En noviembre de 2016  se celebró  en Toledo el VIII Congreso Nacional de bibliotecas públicas con un tema central: los espacios bibliotecarios. Se trataba de analizar las nuevas tendencias en bibliotecas públicas en relación a los espacios, físicos y virtuales, prestando especial atención a los nuevos usos y servicios que demanda una sociedad cada vez más tecnológica. En distintos artículos clamé para que se articulase un plan nacional con participación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales que permitiera el desarrollo de servicios, la paulatina modificación en los espacios para adecuarlos a nuevas necesidades y la reforma de los edificios obsoletos, dentro de una estrategia de planificación planteada con cooperación y coordinación. En definitivo, pedí un  Plan Nacional que permitiría el desarrollo de Planes regionales de infraestructuras bibliotecarias. Pero, como siempre, caso omiso por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas.

En ese año 2016, el  gasto por habitante de las distintas Administraciones Públicas en servicios bibliotecarios fue de 9,95 €. ¡Enorme! Y el total de inversiones realizadas superaba ligeramente los 24 millones de euros, distribuidos así: 9,7 millones por parte de los Ayuntamientos, 4 millones de Diputaciones y Cabildos, 3,1 millones de administraciones autonómicas y 6,9 millones de la Administración General del Estado, con un descenso espectacular respecto a años y períodos anteriores. ¡En todo un año y en el conjunto de España y por la totalidad de Administraciones Públicas, apenas un tercio de lo que Helsinki se ha gastado en su biblioteca Oodi!

Siento sana envidia de esa biblioteca. Situada frente al Parlamento, quiere significar una interacción entre el Estado y sus ciudadanos, “una nueva vía para promover la libertad de expresión y la democracia”. La directora afirma: “Las bibliotecas de hoy necesitan ser pensadas como un espacio físico, una plataforma para actividades como la lectura, el aprendizaje y el debate público. También deben facilitar el acceso a herramientas, a redes de datos o al conocimiento. Incluso disponemos de instructores de lectura, que trabajan igual que un entrenador personal, pero para ayudarte a leer”.

Como cualquier biblioteca avanzada, los libros no son el factor único. Las bibliotecas hoy son lugares de encuentro, creatividad, participación, debate público….Como biblioteca tradicional, Oodi contiene unos 100.000 libros pero apuesta por promover la cultura digital. Se estructura en tres niveles: la planta superior para  las funciones más tradicionales de la biblioteca a través de un espacio adaptable muy diáfano y con amplias vistas de la ciudad. La planta media está dedicada a fomentar la creatividad, a “aprender haciendo” (makerspace); dispone de estudios, talleres y salas de música, y espacios para el trabajo colaborativo, con impresoras 3D y otros dispositivos. La planta baja sirve como extensión de una plaza pública, un lugar para la convivencia y el encuentro,  con sala polivalente para exposiciones, cafeterías y un cine.

La biblioteca abre los siete días de la semana. Y, lógicamente, no sólo destaca por sus espacios abiertos y modernos. Precisa de unos recursos humanos  muy especializados, que sean capaces de promover la interacción con los usuarios. Está destinada a promover el conocimiento, el aprendizaje y la igualdad en un país considerado el más alfabetizado del mundo.

Mientras tanto, en nuestro país, cayeron las inversiones bibliotecarios, no hay un plan de infraestructuras de carácter nacional, los políticos piensan que con google ya sobran los bibliotecarios y en lugar de considerar la dignificación de los profesionales se les tiene sumidos en unas condiciones que desde luego no son las más adecuadas para la alta misión que tienen en nuestra sociedad de la información y el conocimiento. Pero podemos estar contentos: ¡En España, las bibliotecas van bien!


Enlace a la publicación en Desiderata: Oda a la Biblioteca Pública

           

domingo, 9 de septiembre de 2018

¿Dignificar los puestos de trabajo en las bibliotecas públicas?


¿Dignificar los puestos de trabajo en las bibliotecas públicas?

Próximamente se va a celebrar en Logroño el IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, con un tema inicialmente apasionante: “Bibliotecas públicas: profesionales para todos los públicos”. Viendo el avance del programa, entiendo que no se ha querido coger el toro por los cuernos. Se va a hablar de la formación, reglada y no reglada de los profesionales; de los modelos de gestión en las bibliotecas, incluyendo pistas para conseguir financiación en proyectos internacionales; y se finalizará con el tema de inclusión y diversidad, importante y que merecería la pena se tratase monográficamente en un congreso. Pero, al parecer, ni el Ministerio ni las comunidades autónomas quieren abordar el problema histórico de las bibliotecas públicas, sobre todo en los pequeños municipios: el personal.

Claro que es muy importante reflexionar sobre los nuevos perfiles profesionales que se precisan. Es fundamental que las universidades adapten sus programas a la formación de bibliotecarios para nuestro tiempo. También conocer vías de financiación que complementen las de las administraciones públicas gestoras de esas bibliotecas. E incluso insistir en los contenidos y programas sociales que deben hoy desarrollar las bibliotecas y, consiguientemente, los bibliotecarios.  Las bibliotecas están en permanente proceso de cambio, y se visibiliza en muchos ámbitos, incluso en los espacios, en el uso de las tecnologías, en el trabajo en coalición con la sociedad…

Pero, como el VIII Congreso, que se desarrolló en Toledo, tengo la sensación de que va a pecar de lo mismo: se plantea, sobre todo, para las grandes bibliotecas, las de más plantilla y recursos, las que tienen la posibilidad de promover programas de mecenazgo internacional; las que disponen de un personal más estable, perteneciente a cuerpos o escalas profesionales y con retribuciones acordes a la pertenencia a esas categorías de personal. Para las de pequeños municipios siempre nos queda el Premio María Moliner, con sus premios especiales y los 300 por un valor de 1.706,66 €, muchas veces lo único que llega de la Administración General del Estado a las bibliotecas públicas de  localidades de menos de 50.000 habitantes. Las pequeñas bibliotecas, con bibliotecarios contratados como auxiliares, a veces con jornadas completas pero en demasiadas ocasiones con jornadas parciales, son generalmente un ejemplo para todo el país, no sólo en el ámbito de las bibliotecas sino del conjunto de los servicios públicos.

En 2016, había en España un total de 12.483 personas empleadas en las bibliotecas públicas, que equivalen a 10.676 a Tiempo Completo. Ese  dato significa que en cada biblioteca hay una media de 2,30 trabajadores y que en el conjunto de España existe un profesional por cada 4.362 habitantes. El mejor dato lo tienen Castilla-La Mancha y Extremadura, que disponen de un bibliotecario por cada 2.702 habitantes, ambas regiones el mismo indicador.

No hace falta recordar que una de las claves del éxito de las bibliotecas públicas son los profesionales. Pero, además de los datos cuantitativos que he recordado, hay otros aspectos que deberían ser tenidos en cuenta. El entusiasmo, la imaginación, la profesionalidad, la adecuada formación de los bibliotecarios españoles… creo que no se pone en duda. Generalmente aquellos tiempos en los que en un municipio alguna persona, con mayor o menor formación o voluntad, se hacía cargo de la biblioteca ya pasó. Los procesos de oposición o de concurso se fueron imponiendo y la gran mayoría de los profesionales tienen su contrato laboral. Otra cosa es el tipo de contrato, la categoría profesional de las plazas que existen en muchas de las bibliotecas españolas.

En mi artículo “La dignidad de los bibliotecarios y las bibliotecas públicas”, publicado en numerosos medios de comunicación de Castilla-La Mancha en enero de este año, hice un análisis detallado de la situación en esta región.  Sin duda, la cuestión del  personal, como en otros servicios públicos, fue siempre esencial en las bibliotecas. Pero, desde mi punto de vista no se acaba de resolver. Voy a decir alguna obviedad que llevo repitiendo décadas pero que ningún gobernante acepta el reto: los centros educativos, los consultorios médicos o los centros de salud, disponen de profesionales sin tener en cuenta la población a la que atienden.  Creo que nadie se imagina que un consultorio médico en lugar de con un médico contase con un “Auxiliar Sanitario”. Y lo mismo en un colegio: en todos los casos, hay maestros y no “Auxiliares Docentes” Los profesores, los médicos, las enfermeras…que prestan servicio en localidades pequeñas tienen que haber obtenido la plaza en idénticos procesos de selección, pertenecer a los mismos cuerpos o escalas y ser retribuidos con idénticas condiciones. ¿Por qué se discrimina a las bibliotecas públicas? No es sólo un problema presupuestario, que sabemos existe; no se plantea un objetivo nacional con carácter progresivo que permita dignificar los puestos bibliotecarios y les otorgue la debida consideración social, profesional y retributiva.

Los mapas de bibliotecas, que se van publicando en algunas comunidades autónomas, son demasiado respetuosos con un pasado que no fue bueno para las bibliotecas. Hay que dar el salto. Cualquier biblioteca pública tiene que contar con un técnico de bibliotecas, que sea retribuido acorde con esa categoría. Y luego habrá los auxiliares de bibliotecas y el personal de otras categorías que establezcan los mínimos de la normativa. Los ayuntamientos aducen que no cuentan con recursos suficientes, lo que ocurría cuando, por ejemplo, las escuelas dependían de los ayuntamientos. Pero de eso hace ya muchas décadas….

            Una solución es la firma de convenios a tres, entre comunidad autónoma, diputación provincial y ayuntamiento, que garantice recursos para que las bibliotecas puedan prestar dignamente sus funciones, entre ellas el pago del personal. Pero si esa vía no es posible, la única garantía es que las administraciones autonómicas asuman la retribución del personal bibliotecario, al menos del director. Tal vez podría hacerse en el caso de los municipios menores de 5.000 habitantes, que son los que la Ley de Bases de Régimen Local no incluye para prestar el servicio de biblioteca de forma obligatoria. Por supuesto, que una nueva ley de coordinación bibliotecaria podría afrontar éste y otros temas que son básicos para que los servicios de biblioteca pública se puedan prestar en condiciones similares en todo el país. Necesitamos, realmente, una Política de Estado en materia bibliotecaria. Pero, para que esa política y esa nueva legislación puedan nacer,  necesitamos políticos que sepan soñar y pensar en el bienestar y la educación permanente de los ciudadanos.

            ¿No era el IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas una buena oportunidad para haber reflexionado sobre estas cuestiones, que afectan a buena parte de los profesionales de las bibliotecas españolas? Están bien los planteamientos pedagógicos, conocer las innovaciones, los nuevos tiempos en las bibliotecas…. Pero ¿cuándo la dignificación profesional de los bibliotecarios? Al parecer, el cielo puede esperar





martes, 10 de abril de 2018

¿Una tabla de salvación para invertir en bibliotecas municipales?


¿Una tabla de salvación para invertir en bibliotecas municipales?

He criticado hasta la saciedad la  brecha que existe en el desarrollo de los servicios bibliotecarios en  nuestro país. A falta de  una política de Estado en materia de bibliotecas públicas y de una legislación nacional que señale los servicios bibliotecarios que deben prestar los municipios españoles de acuerdo a sus características y población, España presenta un grave mosaico de desigualdad. Uno de los aspectos más notables son los espacios, sobre los que ahora hablamos frecuentemente por la necesidad de adaptar las bibliotecas a las nuevas funciones sociales, educativas, informativas y culturales que realizan y que precisan de actuaciones que piensen en la presencia de los ciudadanos en nuestros centros.
Los indicadores clásicos de los espacios bibliotecarios (“Superficie útil bibliotecaria  por biblioteca”, “Puestos de lectura por 1.000 habitantes”, “Superficie útil bibliotecaria por 1.000 habitantes” y otros)  proporcionados por la Estadística de Bibliotecas elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con las comunidades autónomas, reflejan nítidamente las enormes diferencias entre unas y otras regiones o incluso entre provincias y localidades de una misma comunidad. Pero la situación se agrava porque la mayoría de las regiones no cuenta con  planes de infraestructuras bibliotecarias. La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció que el superávit alcanzado por las distintas administraciones públicas debía destinarse a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Esa norma, unida a la gravísima crisis económica, fue una buena excusa para  paralizar hace más de un quinquenio las inversiones en nuevas bibliotecas o en la ampliación, remodelación o modernización de las bibliotecas existentes, especialmente de las municipales.
Es verdad que en muchas ciudades se inauguraron nuevas bibliotecas, pero en general se ha producido un estancamiento considerable. Junto a nuevas bibliotecas, con espacios bibliotecarios magníficos y algunas  remodelaciones y reformas para adecuar bibliotecas a las nuevas necesidades, la mayoría de las bibliotecas españolas han vivido una parálisis. Las cifras son elocuentes: si en el año 2011 el conjunto de Administraciones Públicas dedicó a programas inversores de bibliotecas 120,9 millones de euros, en 2015 esa inversión fue de sólo 56 millones de euros: ¡un descenso del 54%! Los gobiernos regionales ralentizaron su apoyo presupuestario a las bibliotecas y los ayuntamientos, siempre con dificultades financieras, encontraron una buena coartada en la normativa presupuestaria para no invertir en bibliotecas.
La mayoría de los municipios españoles han intentado sobrevivir a la crisis con edificios bibliotecarios que a muchas veces no cuentan con las más imprescindibles instalaciones o que resultan inadecuadas a los nuevos usos de los usuarios. Con motivo del VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas pedí que en sus  conclusiones se planteara la necesidad de  un Plan Nacional de infraestructuras bibliotecarias realizado con la coordinación y la cooperación del conjunto de Administraciones Públicas. Pero el Ministerio no estás dispuesto a desarrollar una iniciativa política de mejorar las redes bibliotecarias de nuestro país. Tampoco parece factible que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria asuma entre sus objetivos impulsar estrategias que permitan  desarrollar en España la modernización y adaptación a nuevas funciones de los edificios bibliotecarios.
Por ello, en un país en el nadie parece dispuesto a liderar fórmulas que permitan disminuir la brecha en los espacios bibliotecarios, la decisión del ministro Montoro no deja de ser una buena noticia. La aprobación en el Consejo de Ministros del 23 de marzo de 2018 del Real Decreto que permite a los ayuntamientos la inversión de sus superávits presupuestarios en una serie de servicios públicos dejará sin coartadas a los políticos municipales. Las inversiones no sólo pueden dedicarse a seguridad, ordenación del tráfico, prevención de incendios, vías públicas y carreteras, parques y jardines, asistencia social, creación de centros docentes…. También se citan expresamente las bibliotecas y archivos y en general los equipamientos culturales, así como la protección del patrimonio histórico y las instalaciones deportivas.
En definitiva, con la normativa aprobada por el Gobierno de España se habilita a los ayuntamiento a que arranquen con sus actuaciones inversoras y puedan ejecutarlas hasta abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales, tal y como se estableció entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. Según señala el propio Gobierno tenemos ahora las circunstancias que conducen “a la aprobación de la prórroga de la norma que permite a las Corporaciones Locales destinar su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles.”
Las bibliotecas no sólo son sostenibles sino totalmente imprescindibles en nuestra sociedad. Por ello, los profesionales debemos insistir ante los políticos municipales en la oportunidad que se abre ahora para hacer esas pequeñas o no tan pequeñas inversiones que nuestras ciudades necesitan. ¿Es este Real Decreto una tabla de salvación para invertir en bibliotecas municipales? El tiempo lo dirá… Pero, desde luego, los profesionales debemos apoyarnos en esta iniciativa legal del Gobierno de España para recordar a los políticos locales que las bibliotecas también existen y precisan inversiones para hacerlas más atractivas, cercanas y creativas.