¿Qué ocurre
en las bibliotecas públicas de Andalucía?
Madrugó Andalucía para dotarse de una legislación bibliotecaria para la
región. El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, mediante la cual se
establecieron los principios generales que habrían de regir la política
bibliotecaria.
Y en los inicios del siglo XXI se aprobó una nueva Ley, que yo llamo de
“segunda generación”: la Ley 16/2003, de
22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
En la exposición de motivos de esta Ley se dice que la aplicación de la primera “ha permitido durante estos casi cuatro lustros modificar la realidad
de los servicios bibliotecarios en Andalucía, al compás del cambio social y
tecnológico que se ha ido produciendo”. Y el segundo párrafo de la nueva
Ley resulta esperanzador: “Desde la
promulgación de la citada Ley, la extensión de la educación formal y la
generalización del acceso a los medios de comunicación han hecho de la cultura
un concepto menos reverencial y más libre y, al propio tiempo, la sociedad
andaluza ha incrementado su demanda en cuanto a calidad de vida y a la
prestación de servicios. Las recientes tecnologías abren nuevas posibilidades
para satisfacer tal demanda a través de los servicios bibliotecarios, poniendo
al alcance de la mano el viejo deseo del Plan de María Moliner en la Segunda
República Española: que cualquier ciudadano en cualquier lugar pueda disponer
de cualquier registro cultural o de información.”
Pero no sería oro
todo lo que relucía según los gobernantes y parlamentarios andaluces. Pues poco
antes, en diciembre del año 2000, el Defensor del Pueblo Andaluz, prestigiosa institución, proclamó en un informe sobre las Bibliotecas
Públicas Municipales de Andalucía el
derecho de todos a acceder a la cultura.
Lo hacía precisamente tomando como base el artículo 44.1 de la
Constitución Española de 1978: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Ese Informe Especial al Parlamento fue un fuerte detonante sobre la situación de
las bibliotecas públicas en Andalucía y, en general, en España y reflejaba
dramáticamente la desigual situación de este servicio público, demasiadas veces
todavía obsoleto y con precariedad de personal,
débiles presupuestos y colecciones y en muchos casos con falta de estabilidad y
penetración social. El estudio se realizó en una franja de población
(localidades de más de 5.000 habitantes) que tiene legalmente, por la Ley de
Bases de Régimen Local, obligación de crear y mantener el servicio de
biblioteca pública.
La
denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz no encontró demasiado eco ni sirvió de
estímulo para que desde Instituciones similares se luchase por resolver este problema histórico en España. Nos queda ese espléndido informe así como el
historial de los debates y las estadísticas que sirvieron de base para ese
informe único, que yo personalmente agradecí y agradezco. En este enlace del Defensor del Pueblo
podemos descargarnos el informe y acceder a toda la información.
Dos décadas después,
la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios inicia una campaña para concienciar a la
sociedad y especialmente a las Administraciones Públicas de Andalucía sobre
la precariedad laboral y el olvido del personal de Bibliotecas. Recuerda la
Asociación que “Las Bibliotecas
garantizan el acceso público y sin discriminación alguna a la información
(Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Agenda 2030 de la ONU) y ayudan a la
población a su uso y transformación en conocimiento. Un papel necesario y
fundamental para la sociedad democrática actual. En ellas se interactúa, se
aprende y se ejerce una función social importante, siendo en la mayoría de los
casos único foco cultural de su municipio. A su cargo están bibliotecarias y
bibliotecarios con contratos precarios y con cualificaciones profesionales
inferiores a las funciones que desempeñan.” Y se dirigen especialmente a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a los ayuntamientos de esta
comunidad autónoma, pidiéndoles que se adhieran a las “Recomendaciones para el personal de las bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 de la Ley
16/2003….”
Imagino la cara de sorpresa de los políticos andaluces,
felices y contentos por la legislación y los programas que tienen. Pero la
realidad es otra. No pongo en duda la vitalidad de las bibliotecas andaluzas y
desde luego conozco la entrega y la profesionalidad de los bibliotecarios y
bibliotecarias de Andalucía. Pero la situación en la que desarrollan su labor
no es envidiable. De hecho, los datos estadísticos reflejan nítidamente la
triste situación bibliotecaria de Andalucía. Y la responsabilidad no es sólo de
los ayuntamientos: la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales tienen
buena parte de culpa en la situación de las bibliotecas públicas andaluzas.
Con una población de
8,3 millones de habitantes, Andalucía cuenta con 806 bibliotecas públicas y un
número de visitas de 13,1 millones. Datos que deslumbran. Pero si analizamos al
detalle la situación y, sobre todo, si la comparamos con otras regiones, el
mundo se nos viene encima. Veamos algunos ejemplos: el gasto total conjunto de
las Administraciones Públicas en las bibliotecas de Andalucía fue de 48,3
millones de euros. Ello significa que el gasto corriente por habitante era en
ese año de 5,76 €, de los más bajos de España. El gasto medio en el conjunto de
España fue de 9,45 € y sólo era más bajo que en Andalucía en Canarias (5,27 €)
y Murcia (5,34. €). Las bibliotecas son servicios públicos y lógicamente
necesitan recursos para actualizar la colección, realizar actividades, retribuciones
del personal…
Los datos relativos a
la colección también son manifiestamente mejorables. Con un total de 10,6
millones de documentos (libros, audiovisuales, publicaciones periódicas…), la
media por habitantes en Andalucía era sólo de 1,27, cuando la media española es
de 1,85 documentos. Este dato sitúa a la comunidad andaluza en el tercer lugar
por la cola, sólo mejor que Madrid (1,22) y Canarias (1,15). Pero lo más
lamentable es que no se ve una evolución positiva: el gasto de adquisición
bibliográfica por habitante, en 2015 era de sólo 0,15 €, el más bajo de todas
las comunidades autónomas, cuando en 2011 era de 0,28 €. La media nacional es
de 0,63 € por habitante.
Probablemente la falta
de recursos está incidiendo en los bajos índices de socios de las bibliotecas
andaluzas. Tienen tarjeta de socio sólo el 25,39% de la población, ocupando en
este indicador Andalucía también los últimos lugares (el tercero por la cola).
Con una media nacional del 36,23%, Andalucía sólo aventaja a Canarias (17,98 %) y a Cantabria (22,16 %).
En cuanto a espacios,
si cogemos el indicador “Superficie útil bibliotecaria (m²) por 1.000
habitantes”, con una media nacional de
34, Andalucía está también en el furgón de cola, con
26 m2, sólo por delante de Canarias (21
m2) y Baleares (22 m2)
Un poco mejor parada
sale Andalucía en el indicador “Actividades organizadas por las bibliotecas por
1.000 habitantes”. Con una media nacional de 4,64 Andalucía figura con 3,88,
por delante de las siguientes comunidades: Canarias (1,65), La rioja (2,15), Murcia (2,25), Madrid (2,26), País vasco (2,45), Baleares (2,57) y Cantabria (2,87). Pero desde luego muy lejos
de las bibliotecas de Castilla-La Mancha, que tienen el indicador más alto de
España (17,16 actividades por 1.000 habitantes).
Y llegamos a la
encrucijada: el personal. La estadística de 2015 recoge que en las bibliotecas
públicas de Andalucía trabajan 1.783, con la siguiente distribución:
profesionales 355, auxiliares 927, personal especializado 92 y otro personal
409). Pero si hacemos este dato equivalente en Personal ETC (jornada completa) se rebaja a 1.465
trabajadores. No voy ahora a realizar un estudio ni a compararlo con las
recomendaciones de la Ley de Bibliotecas de 2003, pero es evidente, que como en
la mayoría de las regiones, se utiliza a personal altamente cualificado con un
contrato de inferior categoría, incluso en las bibliotecas en las que es el
único bibliotecario. Hay otro dato muy significativo: Mientras que la media
nacional de habitantes por trabajador ETC es de 4.365, en Andalucía hay un
trabajador ETC por cada 5.723 habitantes, figurando de nuevo en el tercer lugar
por la cola de todas las comunidades autónomas. Sólo Baleares, con 6.056, y
Canarias, con 6.332 tienen peor indicador que Andalucía.
No
entro a analizar las condiciones profesionales de buena parte de estos
trabajadores, que sé que en muchísimos casos son muy deficientes, pero lo que
está claro es que hay que afrontar de una vez esta situación. El personal es el
verdadero corazón de una biblioteca pública, junto con los usuarios; pero para
realizar su trabajo no sólo requiere recursos: también precisa de una situación
que le permita desarrollar su actividad en unas condiciones que le muestren que
la comunidad local valora su trabajo y le trata con la dignidad que indican las
legislaciones y precisa este servicio público esencial que es una biblioteca.
Puede
consultarse la estadística Las
bibliotecas españolas en cifras, en el enlace:
¿Qué
ocurre en las bibliotecas públicas de Andalucía? Los datos son preocupantes y
reflejan que la política bibliotecaria de la Junta de Andalucía no está siendo
la adecuada y que las palabras que utilizaron en la introducción de la Ley de
Bibliotecas, con esa magnífica alusión a María Moliner, no se compadecen con la
realidad. Pero, con ser esta realidad preocupante, no puedo olvidarme de los
dos centenares de municipios andaluces que no tienen biblioteca y que tampoco
reciben los servicios de un bibliobús. Son 211.985 habitantes que carecen de
servicios bibliotecarios y que, consiguientemente, no tienen acceso a un
derecho de tenemos todos los españoles.
