Bibliotecas,
talante y escenificación democrática*
En 1982, en los días de campaña “Por
el Cambio”, el PSOE hizo la promesa de una “Ley de Bibliotecas” que luego
no tuvo voluntad de promover. Y esa misma postura siguieron los distintos
gobiernos de España. Esta carencia de una ley-marco de bibliotecas propició un
desarrollo desigual de los servicios bibliotecarios en las comunidades
autónomas. De hecho, entre la primera ley autonómica de bibliotecas (Cataluña
en 1981) y la última (Baleares en 2006)
han transcurrido 25 años de
distancia. Puede pensarse que las leyes
no lo son todo, pero constituyen la
premisa para diseñar unas políticas bibliotecarias que garanticen a todas las
personas el acceso a unos servicios de lectura pública adecuados a la Sociedad de la
Información y del Conocimiento que aspiramos a
construir.
En mayo de 2006 la ministra de Cultura, Carmen Calvo, presentó al Consejo
de Ministros un Proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que no
había consensuado ni con los sectores profesionales ni con las Comunidades
Autónomas. Y formalmente intentó corregir esa falta de participación de la
sociedad civil y de los gobiernos regionales. Especialmente era patético, e
inútil, el capítulo V del Proyecto, dedicado a las bibliotecas, hasta el punto
de que en los informes y alegaciones presentadas por instituciones tan
representativas como la Federación Española
de Municipios y Provincias o FESABID, que agrupa al conjunto de asociaciones
bibliotecarias de todo el país, se pidió nítidamente una Ley específica
dedicada a las bibliotecas o una reforma total del texto inicialmente
propuesto.
Pero el gobierno de Rodríguez Zapatero, siempre fiel pregonero del
talante y la participación, no defraudó sus dotes teatrales y, sin modificar ningún aspecto del citado
capítulo dedicado a las bibliotecas, dijo a los cuatro vientos en los inicios
de noviembre de 2006 que el Consejo de Ministros había aprobado el Proyecto de
Ley, que enviaba al Parlamento y que recogía las sugerencias aportadas por los
sectores profesionales, sociales y políticos. Una gran mentira que ningún medio
de comunicación denunció. Pueden compararse los textos y podrá comprobarse cómo
el Gobierno de España no recogió ni una sola de las propuestas presentadas.
Y así pasó al Congreso de los Diputados. Nuevamente informes con
alegaciones, e incluso bastantes comparecencias de los representantes de los
sectores profesionales. Contactos con los grupos parlamentarios y muy buenas
palabras. Los grupos políticos del Congreso presentaron 211 enmiendas, con
singular presencia de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y Partido Popular.
Y la Comisión
de Cultura, en un trabajo arduo, introdujo
buena parte de las enmiendas, incluso algunas de cierto calado que acogían
propuestas de las asociaciones bibliotecarias. Y llegó el momento decisivo: la
ministra de Cultura, maestra de la imagen, resaltó el gran consenso en su
intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados del día 29 de marzo de
2007. Claro que, como ya estaba previsto, por un voto particular del Grupo
Socialista, se modificó el texto que había sido aprobado en la Comisión de Cultura y que había recogido las propuestas más significativas,
por ejemplo, de Izquierda Unida.
Resultado: se ha aprobado un texto, ahora en el Senado, que es
perfectamente inútil para resolver los problemas de las bibliotecas españolas.
Finalmente, el Proyecto de Ley no regula los servicios básicos que debe prestar
toda biblioteca pública ni resuelve el problema de falta de servicios
bibliotecarios en los pequeños municipios,
que son unos 3.000 actualmente. Tampoco aclara las competencias de las
distintas Administraciones Públicas ni se aborda el problema de la financiación
de este servicio público. De igual modo, el texto no indica a quién corresponde
la responsabilidad de prestar el servicio de biblioteca pública ni se configura
como debe ser básicamente este servicio en función de los niveles de población
de los municipios. Paradójicamente, y aunque es un Proyecto con referencias
continuas a promover planes de lectura, el Proyecto no puede considerarse una
ley integral en políticas de lectura pública, y no aporta tampoco ninguna
característica mínima de las bibliotecas escolares. Y, lo más grave, omite
totalmente la obligatoriedad de la coordinación bibliotecaria entre el
Ministerio, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, y sólo alude a la cooperación como algo
voluntario de las distintas administraciones y sectores implicados.
La mayoría de los grupos políticos reconoció que este Proyecto no era una
Ley de Bibliotecas. Por ello, Izquierda Unida defendió la denominación de Ley de la Lectura, del Libro y de la Coordinación Bibliotecaria,
mientras que Esquerra Republicana y el Partido Popular optaron por la
conversión del proyecto en una Ley de la Lectura, del Libro y de la Cooperación Bibliotecaria. Pero sólo
el Partido Popular ha planteado en sus enmiendas la promulgación de una futura
LEY DE BIBLIOTECAS.
El resultado es que se pierde la oportunidad de
una Ley que garantice a todos los españoles el derecho a acceder a
servicios bibliotecarios de calidad, dignos de nuestro tiempo. Más de dos
décadas de espera merecían un Proyecto de Ley que afrontase y resolviese
problemas. Pero la ministra Calvo sólo ha resuelto su particular problema
político: ha modificado la Ley
de Propiedad Intelectual, para que las bibliotecas paguen un canon por cada
libro prestado y España pueda cumplir la directiva comunitaria.
Y lo peor es que no se vislumbra que el Ministerio de Cultura esté dispuesto a
convocar a debatir la situación de las
bibliotecas públicas en nuestro país y, mediante el consenso con las
Comunidades Autónomas, impulsar una verdadera Política de Estado en materia de
lectura y bibliotecas.
Pero si denuncio que el Gobierno y el Congreso de
los Diputados no han querido afrontar el problema histórico de la biblioteca
pública en España, tengo que reconocer que ambas instituciones merecen una nota
de sobresaliente en su calidad de actores: han realizado una brillante
representación escénica de un estéril juego democrático. Tal vez así tienen la
conciencia tranquila de que sirven al pueblo que les otorgó el privilegio de
convertirlos en representantes de los ciudadanos españoles. Pero se equivocan.
* ABC Año
CIV, núm. 33.372 (28-04-2007), pág. 54. Edición nacional. Sección Tribuna
abierta. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-04-2007/abc/Opinion/bibliotecas-talante-y-escenificacion-democratica_1632798178123.html
El Digital de Castilla-La Mancha. Nº 458
(3-05-2007). http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulos.asp?idarticulo=14534
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