La Ley que no se aprobó*
El último Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido muy singular.
Finaliza formalmente esta Legislatura, se aprueban de forma controvertida tres
leyes y estalla de nuevo la polémica por la presencia de los familiares de los
fallecidos en el incendio de Guadalajara. Pero hubo una Ley que no se aprobó: la Ley de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha.
Y en esta ocasión no podía
aprobarse, porque la
Consejería de Cultura, responsable de haber materializado
este Proyecto, no ha presentado al Consejo de Gobierno de la Región esta prometida
propuesta legislativa.
Nuestra Región cuenta con la Ley
1/1989, de Bibliotecas. Una Ley que tuvo entonces el consenso de los distintos
grupos parlamentarios de la
Cámara y que ha cumplido su misión inicial. Pero desde
finales de la década de los noventa se vislumbró claramente que había que dar
nuevos pasos legislativos para materializar los importantes proyectos de
política bibliotecaria del Gobierno regional. El Plan Director de Promoción del Libro, Archivos y Bibliotecas no
contempló la nueva Ley, pero sí un Decreto de organización y funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha. Los servicios jurídicos de la Consejería estimaron
que los avances que se planteaban en el Decreto excedían las previsiones de
desarrollo reglamentario de la Ley
vigente, por lo que a finales de los años noventa se empezó a trabajar en la Consejería en borradores
de una nueva Ley de Bibliotecas. Incluso este proyecto llegó a figurar en las
previsiones de algún período de sesiones de las Cortes regionales. Pero los
numerosos cambios de los equipos políticos de la Consejería de Cultura influyeron
para una falta de decisiones al respecto.
En el Plan de Desarrollo
Bibliotecario de Castilla-La Mancha “Bibliotecas Públicas Siglo XXI” se
planteó “disponer de una nueva legislación bibliotecaria en la región que
permita el desarrollo, la transformación y modernización de estos centros para
adecuarlos a las necesidades del siglo XXI” y se asumió el compromiso de
promulgar una nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Así en 2003 se
incluye formalmente esta iniciativa y se comienza inmediatamente a trabajar,
creándose grupos de trabajo y llegándose incluso a producir contactos con diversas
instituciones. Finalmente, por las fechas de fin de legislatura en las que nos
encontrábamos, se decidió posponer este importante proyecto legislativo para el
comienzo de la actual legislatura, porque desde la Consejería de Cultura
se deseaba propiciar una Ley que naciese del consenso de los grupos políticos,
como ya ocurriera en la de 1989. Pero los nuevos y rápidos cambios en los
titulares de la Consejería
y de la Dirección
General impidieron la continuidad de los trabajos, hasta el
punto de que puede afirmarse que en la legislatura que ahora se cierra no se
han dado nuevos pasos políticos para hacer posible esta nueva Ley de
Bibliotecas.
En las II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha que tuvieron lugar
en noviembre de 2005, el equipo técnico del Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas (SERLAB)
presentó una ponencia titulada “Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:
diez propuestas de futuro”; y dentro de
un conjunto de 32 medidas concretas para el desarrollo de los servicios
públicos de bibliotecas en nuestra
región, se volvió a incidir en la necesidad de aprobar esta Ley.
Se decía entonces que debería ser
una Ley de segunda generación, que diese respuesta a las
necesidades de la sociedad regional del siglo XXI, a los ciudadanos de nuestro
tiempo. Una Ley que sirviese de cauce
legal para canalizar el necesario avance de las bibliotecas, para dar respuesta
a los nuevos retos que ha de afrontar la región en materia de bibliotecas.
Otra de las características es que
fuese una Ley integral, que atendiese
las necesidades de la
Comunidad Autónoma, por encima de las administraciones o
instituciones titulares de cada tipo de biblioteca.
La nueva Ley tendría que continuar
refiriéndose al Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha, pero introduciendo
realidades tan importantes como la propia Red
de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha o la Red de Bibliotecas Escolares.
Y entre los objetivos para los que debería servir se citaban la garantía
del acceso de todos los castellano-manchegos a servicios bibliotecarios de
calidad, el compromiso de la gratuidad de los servicios básicos, el desarrollo
de estándares de calidad en todas las bibliotecas de la Red… Además, la Ley debería asignar nítidamente a las distintas
administraciones públicas su papel y compromisos financieros en este servicio
público que es esencial para avanzar en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento que caracteriza nuestro siglo.
También deberían fijarse las
bases para resolver uno de los problemas históricos que ha caracterizado el
servicio bibliotecario en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma: el
personal de las bibliotecas públicas. Castilla-La Mancha ha sido desde mediados
de los años noventa un referente nacional en cuanto a políticas autonómicas de
apoyo a las bibliotecas municipales, y en materia de personal puso en marcha
programas que aún hoy son mirados con respeto desde el conjunto del país. Desde
el Grupo del SERLAB se planteaban en
dichas Jornadas unas propuestas que de haberse puesto en práctica por la Consejería de Cultura
hubiesen supuesto un avance singular en este ámbito.
Con una prestigiosa bibliotecaria al frente de la Consejería de Cultura y
dos bibliotecarias municipales como titulares de direcciones generales, se
pensaba que esta legislatura sería la de la lectura y de las bibliotecas
públicas. Pero nos equivocamos: la Legislatura ha finalizado y el proyecto de nueva
Ley de Bibliotecas duerme, como tantos otros por los que habíamos trabajado
muchos profesionales en Castilla-La Mancha y que incomprensiblemente están
paralizados.
Al parecer se quiere ofrecer como excusa la actual tramitación del
Proyecto de Ley de la Lectura,
del Libro y de las Bibliotecas, que presentó la Ministra de Cultura el
pasado año y que ahora inicia su singladura en el Senado. Pero en nada afecta
este Proyecto, que no debe importar mucho a la Consejería de Cultura
cuando no ha presentado propuesta pública alguna sobre los contenidos de esa
importante Ley estatal.
En definitiva, una Legislatura perdida en materia de bibliotecas
públicas, que hace a Castilla-La Mancha reducir su papel de “Locomotora del
Sistema Español de Bibliotecas”, en palabras de Antonio Basanta, Director
General de la prestigiosa Fundación
Germán Sánchez Ruipérez. Y vemos con
preocupación cómo la congelación de
los más importantes proyectos políticos y técnicos del ámbito bibliotecario que
se habían emprendido apartan a nuestra Región de los caminos de desarrollo
bibliotecario más avanzados.
* Artículo de opinión. Publicado en:
- ABC, Edición Toledo (9-4-2007). Edición
impresa, pág. Edición digital: http://www.abc.es/20070409/toledo-toledo/aprobo_200704090316.html
- La Crónica de Guadalajara (9-4-2007). Edición digital.
http://www.lacronica.net/lanoticia.htm
- El Digital de Castilla-La Mancha.
(10-04-2007).
- Guadalajara Dos Mil Nº 2139
(16-04-2007).mero 2139 16
de abril de 2007
-
El Día de Toledo (16-04-2007), pág.
- Cegal.es
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