¿Bibliotecas
municipales en Guadalajara? No, gracias
Guadalajara despega.
Con 83.633 habitantes su proximidad a la capital de España ha
influido sin duda para su desarrollo demográfico y económico. La
ciudad alcarreña se ha ido llenando de servicios educativos,
sanitarios, sociales, comerciales e incluso culturales. Pero hay una
excepción, que supone que esta ciudad sea la única capital de
provincia española que carece de servicios bibliotecarios
municipales. Perdonen que lo diga así de tajante: ¡Esa carencia es
una verdadera vergüenza! En mis artículos e intervenciones sobre
bibliotecas en Castilla-La Mancha e incluso en jornadas y congresos
nacionales aludo siempre a esta vergonzosa carencia. Entre los
servicios que según la Ley de Bases de Régimen Local deben prestar
los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes con carácter
obligatorio está el de biblioteca pública. Es una ley estatal
promulgada en 1985, a la que se han realizado distintas correcciones:
pero la obligación para los ayuntamientos de prestar ese servicio
está intacta y su incumplimiento puede llevar a que los presupuestos
anuales del Ayuntamiento sean impugnados por no prestar servicios
obligatorios. La legislación regional, mucho más progresista en
bibliotecas, establece que “todos
los municipios de Castilla-La Mancha mayores de 1.000 habitantes
deberán disponer de biblioteca de titularidad pública y uso
general”,
que en el caso de municipios mayores de 20.000 habitantes han de
constituir una red municipal de bibliotecas.
Ahora, que la ciudad
acaba de recibir el título de “Ciudad
Europea del Deporte”
para el año 2018, lo que me parece muy importante, resulta penoso
que una ciudad que aspira a formar ciudadanos mediante la actividad
física no se plantee la necesidad de fabricar ciudadanos libres,
críticos, tolerantes y constructores de la realidad social, que es
lo que hacen las bibliotecas. No hay actividad más importante para
la educación integral de las personas que la lectura. Y como
servicio público el acceso a la lectura, el portal democrático a la
información y la educación permanente está en las bibliotecas
públicas, que además son el núcleo para la convivencia ciudadana,
las propuestas de la sociedad civil y el compromiso social. La única
biblioteca pública con que cuenta Guadalajara es la Provincial,
llamada “Biblioteca Pública del Estado” por ser de titularidad
estatal aunque sea gestionada por la Junta de Comunidades. Pero con
una única biblioteca pública se está atendiendo a toda la ciudad y
a la provincia, por ser la cabecera de la red provincial de
bibliotecas públicas. ¿Bastaría en Guadalajara un único centro
educativo de Bachillerato? ¿Sería suficiente con un centro de
salud? Esta era la situación de hace décadas, pero afortunadamente
los servicios públicos han experimentado un desarrollo notable, que
sin embargo no se ha producido en el ámbito de las bibliotecas
públicas.
Si comparamos esta
situación con la de, por ejemplo, los servicios educativos veremos
que tenemos razones para que se nos caiga la cara de vergüenza: en
Guadalajara hay actualmente 28 centros educativos, de los cuales 8 se
dedican íntegramente a la ESO, Bachillerato y FP. Guadalajara, como
otras ciudades de la región y españolas, ha visto un desarrollo de
servicios públicos para asegurar la prestación de los mismos en
todos los barrios y a todos los ciudadanos. Pero, ¿por qué en
bibliotecas es distinto? Las bibliotecas son el centro cultural y
social básico en cualquier municipio, y tienen similar importancia a
los servicios educativos y sanitarios, pues forman la faceta más
importante de la persona, además de ser un complemento
imprescindible para la educación. Si visualizamos la web municipal
comprobaremos el desierto tanto del Ayuntamiento como del Patronato
Municipal de Cultura en cuanto a servicios bibliotecarios y de
fomento de la lectura. El incumplimiento es municipal: desde 1979
hasta el momento presente han gobernado todos los partidos políticos
mayoritarios. Incluso fue alcaldesa durante varios años la directora
de la biblioteca pública del Estado en Guadalajara. Pero los
servicios de biblioteca municipal no son objeto de deseo de los
políticos de la ciudad. Ha habido algunas propuestas electorales al
respecto que no lograron fuesen asumidas por la Corporación: en 2015
el candidato a la alcaldía por el PSOE,
Daniel Jiménez, propuso crear en el Fuerte de San Francisco una
biblioteca municipal, además de otros servicios. El mismo político,
en 2008, ya iniciada la legislatura, hizo la propuesta de crear una
biblioteca municipal. Y hace unos meses Ahora
Guadalajara
ha presentado al Ayuntamiento la iniciativa de que las pedanías de
la capital contasen con servicios bibliotecarios a través del
Bibliobús y que en un barrio se optase por una biblioteca de doble
uso, es decir para el público en general y para el centro docente
correspondiente. Pero para nada hablan de crear bibliotecas en los
barrios de la ciudad.
La responsabilidad
de este incumplimiento legal, que afecta a toda la ciudad, es sin
duda del Ayuntamiento. Pero no ayuda el hecho de que el Gobierno
Regional esté de perfil respecto a la política bibliotecaria. La
Consejería de Educación, Cultura y Deportes debe tener un papel más
activo en el desarrollo bibliotecario de la región, como siempre
tuvo. El recientemente aprobado Mapa
de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
es un instrumento público que revela bien el contraste entre los
servicios mínimos que deben tener los municipios y la oferta real.
En el caso de las capitales de provincia no están definidos todavía
los servicios a crear pero está claro que debe haber una Red
Municipal que ofrezca servicio a los distintos barrios y pedanías. Y
el Gobierno Regional tiene la obligación legal de colaborar, pues lo
expresa claramente el artículo 21 de la Ley 3/2011 de la Lectura y
de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando recoge las
competencias de la Junta de Comunidades: “Apoyar
la financiación de la construcción, equipamiento y mantenimiento de
los servicios de las bibliotecas de titularidad municipal y uso
público general…”
Tal vez los
políticos alcarreños, e incluso de la región, aduzcan que no
existe una demanda social que justifique invertir en servicios
públicos bibliotecarios. Y ese es su error y su responsabilidad. Los
políticos, como hicieron los ilustrados del siglo XVIII, tienen que
pensar en el modelo de sociedad, en el tipo de formación, en los
servicios públicos que deben crearse, aunque los ciudadanos no los
pidan. La política bibliotecaria en Castilla-La Mancha tiene mucho
de Ilustración.
Cuando la gente no pedía bibliotecas, el Gobierno Regional estimuló
su demanda y uso. Fue una decisión acertada que ahora debe
continuar, con ayudas para equipamiento, colecciones, personal,
actividades culturales... Pero para ello se necesita creer con
firmeza en la necesidad de la educación y la lectura como los
aspectos más importantes de las inversiones que han de realizarse en
la construcción de las personas. Y en esta órbita las bibliotecas
públicas son esenciales e imprescindibles.
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