Historia
imaginaria de las bibliotecas públicas en España (3)
2. El encargo al Defensor del Pueblo
(noviembre
2002)
El 15 de noviembre de 2002, apenas dos
semanas después de finalizado el I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas,
el Defensor del Pueblo recibió un encargo de las Cortes: elaborar un informe especial sobre la
situación de las bibliotecas públicas en España y, en general, del estado del
derecho de acceso de los españoles a la lectura pública y a la información.
Probablemente, en esa decisión influyó un precedente: en
diciembre del año 2000, a punto de abrirse las puertas del siglo XXI y del
tercer milenio, una prestigiosa institución, el Defensor del Pueblo Andaluz,
proclamó en un espléndido informe sobre las Bibliotecas Públicas Municipales de
la Comunidad
de Andalucía, el derecho de todos a
acceder a la cultura (Sevilla:
Defensor del Pueblo Andaluz, 2000). Lo hizo precisamente tomando
como base el artículo 44.1 de la Constitución Española
de 1978: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a
la que todos tienen derecho”. Ese Informe
Especial al Parlamento supuso un
fuerte detonante sobre la situación de las bibliotecas públicas en Andalucía y,
en general, en España. El estudio se realizó sobre 169 bibliotecas andaluzas de
localidades comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes y refleja con
fidelidad la desigual situación de este servicio público, demasiadas veces
todavía obsoleto y con tintes dramáticos por la precariedad del personal, las
débiles colecciones y la falta de consistencia y penetración social de la
biblioteca pública. Es importante recordar que se realizó en una franja de
población que tiene legalmente, por la
Ley de Bases de Régimen Local, obligación de crear y mantener
el servicio de biblioteca pública.
Pero el informe andaluz no tuvo demasiadas consecuencias
prácticas ni fue imitado por otras regiones. Tal vez por ello, y con el peso de
las palabras del Rey, las Cortes tomaron la decisión de realizar un mandato
similar a nivel nacional.
