viernes, 1 de enero de 1999

Biblioteca de Castilla-La Mancha: de utopía a realidad



Biblioteca de Castilla-La Mancha: de utopía a realidad*


            Escribir estas páginas significa para mí rememorar muchos años de ilusiones, de debates, de trabajo... Muchos años de un esfuerzo colectivo realizado por las instituciones de Castilla‑La Mancha, por los profesionales bibliotecarios y por muchos intelectuales y colectivos socioculturales, especialmente toledanos, junto con ciudadanos que demandaban un servicio bibliotecario más acorde con nuestro tiempo.
            Pero lo importante ahora es que el Gobierno de Castilla‑La Mancha ha convertido en realidad un proyecto que, siendo imprescindible para una joven Comunidad Autónoma como la nuestra, parecía un sueño, una utopía inalcanzable. Este proyecto ha pasado por sucesivas fases y prácticamente, de alguna manera,  ha estado presente en la vida de Castilla‑La Mancha en sus dos décadas de vida, primero como ente pre‑autonómico y luego como Comunidad Autonóma con un gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos.
            La historia del proyecto de Biblioteca Regional ha estado unida a la de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo, o Provincial, que desde los inicios de los años setenta llevaba buscando una solución a la ampliación de sus instalaciones y servicios. Dos instituciones distintas que estaban destinadas a la unidad, a constituir uno de los más importantes centros bibliotecarios de nuestro país. Si la Biblioteca provincial acumulaba dos siglos de historia y una impresionante colección bibliográfica, la Regional apenas había nacido legalmente e iniciaba lentamente su camino de recopilación de fondos pero estaba llamada a constituir el corazón del Sistema Bibliotecario de Castilla‑La Mancha.
            Con la instalación en el Alcázar de Toledo de la Biblioteca de Castilla‑La Mancha ‑que integra ambas bibliotecas y pone a disposición de todos los ciudadanos no sólo unas importantes colecciones bibliográficas sino, además, los más avanzados servicios de acceso a la información que pueden prestarse desde una Biblioteca Pública‑  se consigue que Toledo, y en general la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha, cuenten con un centro bibliotecario de  gran magnitud que trabaja para hacer posible que la información, la cultura, la educación y el ocio sean más accesibles para todos. Con la Biblioteca de Castilla‑La Mancha, la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Educación y Cultura, ha conseguido un gran objetivo: democratizar  el acceso a la información para  los ciudadanos y  posibilitar que los toledanos, y cuantos investigadores de todo el mundo lo deseen, utilicen de forma cotidiana este singular edificio cargado de historia que es el Alcázar.
            Este artículo pretende ofrecer una síntesis del camino recorrido durante todos estos años, trabajos que  ahora se ven recompensados con esta espléndida realidad que ofrece la Biblioteca de Castilla‑La Mancha a todos  sus usuarios:  niños, jóvenes o adultos; hombres o mujeres, investigadores o estudiantes...La Biblioteca de Castilla‑La Mancha ha sido concebida pensando en todas las personas y está abierta a todos los que deseen utilizar sus recursos para ser más creadores, más libres, más tolerantes y más críticos.


1.      Septiembre de 1986...

            Fue el 16 de septiembre de 1986 cuando el ministro Serra visitó Toledo y, tras conocer la sede de la Biblioteca Pública del Estado en el paseo del Miradero, se dirigió al Alcázar y anunció el propósito del Ministerio de Defensa de convertir el Alcázar en un gran centro cultural en el que la base principal lo constituirían los servicios de una biblioteca pública. El informe que se distribuyó entonces a los medios de comunicación constataba las graves carencias que atravesaba la Biblioteca Pública del Estado en Toledo, sus necesidades, y se pretendía poner en marcha el modelo de biblioteca que defendía la UNESCO: "La biblioteca pública es, de un modo habitual, el centro cultural de la comunidad, en el que se reúnen las gentes que tienen intereses semejantes. Ha de poder disponer, pues, de los locales y el material necesarios para organizar exposiciones, debates, conferencias, conciertos y proyecciones cinematográficas, lo mismo para los adultos que para los niños".
            Pero en un edificio de tan grandes dimensiones, el proyecto de instalaciones culturales era muy ambicioso, pensándose en implantar en el Alcázar los fondos y servicios de la Biblioteca Pública del Estado y de la Biblioteca Regional así como el Archivo Regional.  Específicamente el proyecto mencionaba una fototeca, una hemeroteca (aunque esta sección es uno de los servicios básicos de toda biblioteca pública), una gran sala de exposiciones y un salón de actos, además de prever la utilización del patio del Alcázar para la celebración de grandes conciertos, teatro, etc. Y, aprovechando las ricas colecciones bibliográficas y las estanterías históricas, se pretendía ofrecer un Museo del Libro, entonces inexistente en España. En definitiva, junto a las funciones clásicas de una biblioteca, el proyecto pretendía "potenciar el Alcázar como lugar sde encuentros, foco de atracción y centro de cultura viva; y asimismo recuperar todas aquellas tradiciones que le son propias".
            La noticia de la conversión del Alcázar en un gran centro cultural tuvo un poderoso impacto social y fue destacada con grandes titulares y espacios por los más importantes medios periodísticos del país  y por todos los de la región.
            El proyecto redactado por la Consejería de Educación y Cultura, siendo entonces consejero José María Barreda Fontes, incluía la puesta en marcha de un Patronato del Alcázar. Pero toda aquella explosión  informativa fue serenándose y parecía que la instalación de la Biblioteca   en el alcázar no se produciría nunca. Desde luego, aparte de las declaraciones tanto del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha, José Bono, como  del entonces ministro de Defensa, Narcis Serra,   el proyecto no llegó a plasmarse en un acuerdo ratificado documentalmente entre ambas administraciones públicas.
            En septiembre de 1986, cincuenta años después de la Guerra Civil que enfrentó a los españoles, se inició una polémica que probablemente ha repercutido en el largo tiempo que ha sido necesario para hacer realidad este proyecto. La página del asedio del Alcázar en 1936 eclipsó la historia de este edificio, que a lo largo de los siglos tuvo fines muy diversos. En un esclarecedor artículo del historiador Fernando Martínez Gil titulado “Historia del Alcázar de Toledo” publicado en junio de 1987 en la revista Historia 16, este escritor afirmaba: “En un tiempo en que la convivencia democrática apuesta por la superación de los traumas de la Guerra Civil, la decisión del Ministerio de Defensa, permitiendo a la biblioteca  Borbón‑Lorenzana alojarse en el Alcázar toledano, puede representar un bello carpetazo a cincuenta años de intolerancias y discusiones...”  
2.      Los acuerdos del bienio 1990‑1991.

            Cuatro años después de las noticias anunciadas por el ministro Serra, cristalizó un acuerdo entre el Gobierno de Castilla‑La Mancha y el Ministerio de Defensa que fue firmado el 19 de julio de 1990. Mediante este protocolo, los fondos históricos de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo se ubicarían en la planta primera del edificio del Alcázar. En el apartado primero del Acuerdo, se indica que en este nuevo espacio, esa “importante colección de indudable valor histórico‑bibliográfico” podrá “cumplir su función social, ya que el lugar que actualmente ocupan resulta totalmente inapropiado...” Y  el punto tercero  es bien significativo   del Acuerdo: “La incorporación al Alcázar de este valiosísimo patrimonio documental, unido al interés museológico que actualmente tiene una parte del edificio, hará que el Alcázar en su conjunto se realce aún más y entronque con la tradición misma de su propia historia, que, a lo largo de siglos de vicisitudes, ha conocido funciones militares y culturales, pasando de ser sede de la principal corte europea en el siglo XVI a Academia de Infantería o Real Casa de Caridad.”  El apartado cuarto señala los fondos concretos objeto del acuerdo:  “...los fondos históricos a que se hace referencia en las manifestaciones anteriores son los integrados por la denominada Biblioteca Borbón‑Lorenzana, por la específica existente sobre la ciudad de Toledo y una tercera biblioteca conocida como 'Donación Javier Malagón'”         
            Poco más tarde, el 13 de septiembre de 1990 se firmó el Acuerdo   entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha sobre la organización de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo.  Según este acuerdo, los fondos de esta Biblioteca se dividen en dos grandes secciones: Históricos y Modernos, estableciéndose que los fondos que se trasladarían a la primera planta del Alcázar serían los de carácter histórico, integrados por las tres colecciones ya citadas en el párrafo anterior. El punto segundo del acuerdo expresa: "...la voluntad del Ministerio de Defensa significa la solución para albergar con dignidad la importante colección histórico‑bibliográfica de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo, enriqueciendo de este modo el valor monumental, cultural e histórico del Alcázar".
            Los sectores intelectuales y los medios de comunicación acogieron muy favorablemente estos acuerdos, que rompían las dudas que  empezaban a caer sobre el futuro de la biblioteca en el Alcázar, especialmente por los cerca de cuatro años que habían pasado sin que, al menos aparentemente, se  diesen pasos significativos. Como ejemplo, recordemos que el periodista Baltasar Magro escribía en Ya el 23 de septiembre de 1990 un artículo titulado "El Alcázar y la ciudad de todos", en el que podía leerse:
            "El reciente acuerdo firmado por el Ministerio de Defensa y el presidente de Castilla‑La Mancha el pasado mes de Julio para instalar en el Alcázar los inestimables fondos de la biblioteca Borbón‑Lorenzana empieza a poner las cosas en su sitio y representa una iniciativa con pocos precedentes en el ámbito de la que fue calificada en algún momento como imperial ciudad. Es una grata noticia para todos los que amamos y nos sentimos cercanos a ese espacio...que hemos visto reducir con criterios partidistas a una especia de frontera de las esencias patrias, muy lejos de su principal característica como ciudad de pacto y encuentro entre todas las creencias y culturas en las fracciones más vitales de su historia... Con buen criterio, a mi entender, se abren ahora las puertas a todos los ciudadanos sin exclusión...Con este paso no se pretende marginar ni restar importancia a los hechos recientes del Alcázar. En el  mismo lugar permanecerá el museo que recordará, a quien lo desee, los acontecimientos de la Guerra Civil.  Es por ello incomprensible que la resistencia de unos pocos para convertir el monumento en patrimonio cultural de todos haya impedido adelantar esta iniciativa. Los que reivindicaban un uso estrictamente militar del conjunto participan del mismo espíritu  que   ha evitado, desde hace bastantes años, cualquier ensayo con sentido moderno en la ciudad...El acuerdo sobre el Alcázar permite revivir parte de su historia y esperar con optimismo el futuro de una ciudad viva, otra vez, y para todos".
            El 1 de marzo de 1991 el presidente de Castilla‑La Mancha, José Bono, y el ministro de Defensa, Narcís Serra, firmaron un nuevo convenio para la instalación de los fondos históricos de la Biblioteca Pública de Toledo en el Alcázar. El nuevo texto ratificaba los acuerdos de 1990, autorizaba la incorporacion al Alcázar de Toledo de los "denominados fondos históricos de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo" y, también, autorizaba a la Consejería de Educación de Cultura de Castilla‑La Mancha a que "efectúe los estudios técnicos, obras y acciones necesarias para una adecuada instalación de los fondos históricos en la ubicación prevista".

3.      Los intelectuales y el cambio de proyecto de 1994.

            Probablemente pocos temas han experimentado en Toledo la toma de posiciones de los ciudadanos, especialmente del mundo de la cultura y la educación, como la biblioteca pública. Basta acudir a las hemerotecas para comprender que los toledanos han luchado en las dos últimas décadas para conseguir la dignificación del servicio de lectura pública en nuestra ciudad. En los inicios de los años ochenta se constituyó un Comité Permanente de Apoyo a la Biblioteca Pública que mediante manifiestos y gestiones ante el Ministerio de Cultura luchó para que la entonces proyectada ampliación de la Biblioteca se llevase a cabo utilizando la totalidad el convento de Santa  Fe, contiguo a la sede de la Biblioteca en el paseo del Miradero, y no sólo una parte como pretendía el Ministerio, que había decidido que otra parte de ese edificio fuese para el museo de Santa Cruz.
            En 1994, ya adjudicadas las obras de remodelación de la primera planta del Alcázar, más de un centenar de toledanos se posicionó claramente en contra de la división de los fondos de la Biblioteca y luchó para que, en caso de trasladarla al Alcázar, se hiciese de todos sus fondos y servicios. La proyectada división había propiciado la oposición al proyecto de una biblioteca dividida en el Alcázar de numerosas instituciones culturales y científicas, así como de los profesionales de bibliotecas. El manifiesto publicado en la práctica totalidad de medios de comunciación de la ciudad en febrero de 1994 dejaba claro el apoyo de los intelectuales a la ubicación de la Biblioteca en el Alcázar pero, al mismo tiempo, rechazaba el proyecto tal y como se había convenido entre las Administraciones públicas: "...la división de la Biblioteca de Toledo supone un atentado contra nuestro patrimonio histórico, además de una duplicación de recursos económicos, técnicos y humanos. El hecho, además, de que se traslade la colección de fondos antiguos significa que se invierte precisamente en la sección de la biblioteca menos necesitada, mientras que los ciudadanos seguirán careciendo de un servicio bibliotecario público, moderno y amplio". Los firmantes del manifiesto, que se autocalificaban como "personas a las que nos une nuestra preocupación por la cultura, por la integridad de nuestra Biblioteca y por el deseo de que en el futuro los toledanos, y en general todos sus usuarios, podamos disponer de una gran y moderna biblioteca", concluían el texto hecho público con tres claros mensajes:
            ‑ Su oposición a la división de la Biblioteca Pública Provincial de Toledo.
            ‑ Solicitan "un proyecto global de ampliación, mejora y modernización de las instalaciones de la Biblioteca, efectuado de manera coordinada por las Administraciones Públicas implicadas y que cuente con la colaboración de los profesionales bibliotecarios"
            ‑ Finalmente, "para que no se malgasten los fondos públicos, exigimos la paralización del actual proyecto de instalación en el Alcázar de una parte de los fondos de la Biblioteca".  Los  intelectuales declaraban que aceptarían cualquier ubicación de la Biblioteca, bien en el Miradero utilizando para la ampliación el contiguo convento de Santa Fe, como en el Alcázar, pero con una clara condición: "todas las instalaciones y servicios bibliotecarios deberán permanecer unidos."
            Estoy convencido de que la cercanía entre los administradores públicos y los ciudadanos ayuda a resolver los problemas. Esta  creo ha sido una de las claves del éxito  del Estado de las Autonomías. Si en la polémica generada  en 1981 el Ministerio no arbitró solución alguna y su única iniciativa fue archivar cualquier proyecto de mejora de la Biblioteca de Toledo, castigando así a los toledanos a no poder disponer de un servicio bibliotecario moderno y de calidad por la carencia de espacio y servicios en la biblioteca del Miradero, ahora el Gobierno de Castilla‑La Mancha, desde la cercanía, reaccionó con prontitud. Creo que hay que decirlo en justicia: a principios de abril, el Consejero de Educación y Cultura, Santiago Moreno, anunció la rectificación e hizo público el nuevo proyecto de la que calificó como Biblioteca del futuro".    El Consejero, en una comparecencia ante los medios de comunicación,  expresó su satisfacción porque próximamente se firmaría un nuevo convenio con Defensa por el que se conseguían más metros cuadrados de superficie de los inicialmente contemplados y ello facilitaba el traslado de la totalidad de los fondos de la Biblioteca al Alcázar.  Es cierto que esto suponía el cambio de ubicación en planta, que en lugar de hacerse en la primera se pasaba a la segunda. Pero, sin duda, esta sensibilidad del Gobierno de Castilla‑La Mancha provocó la satisfacción entre los toledanos.   Además, esta importante iniciativa tenía dos consecuencias más:
            ‑ Quedó claro que los toledanos apoyaban la utilización del Alcázar para sede de la Biblioteca, y mucha de la oposición que algunos querían ver hacia esta iniciativa era en realidad sólo hacia el tipo de prouyecto que se había articulado inicialmente, de división de fondos.
            ‑ De nuevo, las autoridades culturales de Castilla‑La Mancha pensaron en integrar los servicios de biblioteca pública del Estado y Biblioteca Regional, como  se pensó originariamente en 1986. Es decir, y desde mi punto de vista, los toledanos, y especialmente los creadores, educadores y pensadores,  habían impulsado al Gobierno Regional hacia un proyecto de biblioteca mucho más ambicioso y más acorde con las recomendaciones técnicas biblitecarias de los organismos internacionales (UNESCO, IFLA,...)
            El 12 de mayo de 1994 se firmó el anunciado convenio, entre el presidente Bono y el ministro de Defensa, Julián García Vargas. El apartado segundo  del convenio era  suficientemente explícito: en el protocolo de 1991 "no se contemplaba el traslado de toda la Biblioteca Pública del Estado, considerándose posteriormente conveniente este traslado integral, a fin de evitar los problemas y dificultades que se derivarían de la separación de los fondos de la ...Biblioteca". Y en el apartado tercero se decía: "...el Alcázar no sólo realzará de este modo sus contenidos museológicos y culturales, mediante la incorporación de ciertos fondos de carácter histórico...sino que también enriquecerá los usos y valores culturales del inmueble, a través de la integración de una biblioteca de carácter general e incuestionable importancia". La solución para los problemas de la Biblioteca de Toledo, paralizada desde el inicio de los años setenta, y el camino hacia la Biblioteca Regional eran ahora más correctos técnicamente: nos acercábamos al proyecto de Biblioteca de Castilla‑La Mancha que pronto podrán disfrutar tantos miles de ciudadanos.
           
4.      La realidad  de la Biblioteca de Castilla-La Mancha

            La Biblioteca de Castilla-La Mancha constituye el centro bibliográfico y cultural más importante de la región. Las obras realizadas en el Alcázar de Toledo no sólo permiten acoger el importantísimo tesoro bibliográfico depositado en la Colección Borbón‑Lorenzada sino que, además, han hecho  posible contar con una biblioteca que presta servicio a la sociedad regional y, en particular, a la comunidad científica. Por supuesto, el interés de sus colecciones patrimoniales hacen que la Biblioteca situada en el histórico edificio del Alcázar sirva de referencia a investigadores en las materias humanísticas y sociales en todo el mundo.
             La Biblioteca está llamada a ser el centro de recursos bibliográficos e informativos más importante de la región y, paralelamente, un centro de actividad cultural relacionado con la creación literaria, la historia del libro y la reflexión científica en asuntos básicos para la cultura y la sociedad de Castilla‑La Mancha.
            Pero, aun con esa dimensión regional, nacional e internacional de la Biblioteca, no debemos olvidar que los primeros grandes beneficiarios de este servicio público serán los ciudadanos de Toledo. La capital de la Comunidad Autónoma se beneficia directamente no sólo de un mejor acceso a sus importantes colecciones bibliográficas sino que, además, cuenta con un centro bibliotecario que, sin duda alguna, constituye la Biblioteca Pública que más amplios y modernos servicios preste en el país. Un centro cultural vivo y dinámico, abierto a todos, que conjuga  los servicios de acceso a la información con el valor añadido de poder disfrutarlos en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, cuidadosamente adaptado -en la planta que ocupa- para este servicio esencial para la comunidad.
            En el pórtico del tercer milenio, la Biblioteca Regional armoniza también la imagen de la historia de las bibliotecas. Librerías del siglo XVIII que pertenecieron a la primitiva biblioteca arzobispal de Lorenzana, que ahora acogen en libre acceso fondos relativos a Castilla-La Mancha; una librería del siglo XIX constituirá la sala de investigadores, denominada "Borbón-Lorenzana" como homenaje a estos arzobispos; espectacular resulta la nueva sala general de lectura, que entronca con la tradición más clásica pero con un uso funcional; y las nuevas tecnologías están muy presentes en la biblioteca, democratizando a todos los ciudadanos el acceso a las bases de datos (CD-ROM,...) y a las redes mundiales de información (INTENET), además de a los soportes ya más convencionales (Compact Disc, video, etc.) en una moderna mediateca. Pero la biblioteca se concibe de forma muy integral, de modo que en todas las salas de lectura se cuenta con diversos puestos de acceso a la red informática de la biblioteca, a las bases de datos en CD-ROM   e incluso a INTERNET, de modo que los usuarios que están utilizando servicios generales puedan en un momento determinado hacer las consultar que precisen a través de esos soportes y  redes. Finalmente, es reseñable que la biblioteca está realmente dirigida a todo tipo de públicos, cumpliendo su carácter de biblioteca pública o general, aunque también se trate en buena medida de una biblioteca especializada por el tipo de fondos que conserva. Los niños y los más jóvenes disponen de sus propias salas, tambiénn con acceso a los nuevos soportes y redes. Y las personas mayores, como el resto de adultos,  podrán disfrutar de una cómoda y relajada lectura de prensa diaria y de información general sin ningún tipo de limitaciones.
            La Biblioteca de Castilla-La Mancha acogerá dos importantes archivos fotográficos: el fondo Rodríguez, fundamental para la historia, el arte y la vida cotidiana de Toledo, y el de Escobar, importante testimonio de la vida de Albacete. De igual modo se irán incorporando a la Biblioteca reproducciones fotográficas relativas a nuestra región y que se conservan en distintos archivos y bibliotecas del país; y se ha iniciado un plan de conservación y difusión del patrimonio fotográfico que existe en las localidades de nuestra región, y muchas de esas fotografías se están reproduciendo para que integren la importante fototeca de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que constituirá una sección denominada Centro Regional de Fotografía.
            La biblioteca se ha concebido sin barreras, muy diáfana, con el atractivo añadido de las maravillosas vistas de Toledo que pueden contemplarse desde sus instalaciones. Y con una circulación muy fluida, de modo que todas las generaciones de toledanos y, en general, de ciudadanos que acudan a la Biblioteca puedan siempre contemplar a otros ciudadanos que aman el libro y la información, que creen en la fuerza transformadora de la cultura y la educación y que en la biblioteca pueden encontrar un buen servicio para el ocio. En esta Biblioteca se cumple fielmente el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994: "Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres".





*Revista de Abenzoares, nº 6 (1999-2000); págs. 25-36. Escrito en 1998, este texto fue escrito originariamente para el libro colectivo El Alcázar de Toledo: Palacio y Biblioteca. Un proyecto cultural para el siglo XXI (Toledo: Consejería de Educación y Cultura. Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1998), que coordinó mi buen amigo Fernando Martínez Gil y que proyectamos desde la Consejería para su edición con motivo de la apertura de la Biblioteca Regional.  Por diversas circunstancias, mi texto no fue incluido finalmente en el libro, publicándose un tiempo después en esta revista.

Biblioteca de Castilla‑La Mancha: de utopía a realidad




“Biblioteca de Castilla‑La Mancha: de utopía a realidad”. Revista de Abenzoares, nº 6 (1999-2000); págs. 25-36.

 

domingo, 5 de octubre de 1997

Lectura pública en la provincia de Toledo (1771-1997)



“Lectura pública en la provincia de Toledo (1771-1997)”. Toletvm. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Año LXXX, Segunda época núm. 38 (1998); págs. 9-42.

Enlace: Lectura pública en la provincia de Toledo (1771-1997)

 



martes, 1 de octubre de 1996

miércoles, 26 de junio de 1996

La legislación bibliotecaria y el Estado de las Autonomías. El camino de la Comunidad de Castilla-La Mancha


“La legislación bibliotecaria y el Estado de las Autonomías. El camino de la Comunidad de Castilla-La Mancha”. Actas del VI Congreso Nacional de ANABAD. Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación y Museos en el Estado de las Autonomías. Murcia, 26, 27 y 28 de junio de 1996. Murcia: ANABAD-Murcia: Consejería de Cultura y Educación, 1997. Págs. 297-324.


 

miércoles, 15 de noviembre de 1995

Bibliotecario y archivero, dos profesiones de hoy



Bibliotecario y archivero, dos profesiones de hoy*

            El día 20 de mayo de 1935, en plena II República, José Ortega y Gasset pronunció en Madrid un discurso, publicado después con el título de Misión del bibliotecario. Fue con motivo de la apertura del segundo Congreso de la IFLA  y constituye un magnífico ensayo, no sólo sobre el concepto y funciones del libro y la misión de quienes han de organizar los procesos técnicos de acceso a la lectura sino, en general,  sobre la misión del hombre, tanto desde el punto de vista personal como  profesional.
            Siempre me ha impresionado comprobar cómo, normalmente, las personas más sabias son al mismo tiempo humildes y, en sus contactos cotidianos, así lo hacen, respetando  al otro, valorando al otro. Al contrario, hay  personas que creen saberlo todo y, por supuesto, mientras consideran su propia profesión imprescindible no sienten el menor sonrojo en sentenciar que otras tareas laborales (no las consideran profesiones) pueden ser desempeñadas por cualquier persona sin más requisito que su buena voluntad o su nombramiento para tal o cual función. En este sentido son admirables las palabras del filósofo español, que se encontró en el programa del Congreso con ese “enorme y pavoroso” título de Misión del Bibliotecario, dijo que ”aceptarlo sin más sería una pretensión abrumadora” y concluyó: “No puedo intentar enseñaros nada sobre las técnicas complejísimas que integran vuestro trabajo, las cuales vosotros conocéis tam bien y que son para mí hermético misterio”.
            Sin duda en España dos de las profesiones menos consideradas socialmente, sobre todo en las regiones menos desarrolladas culturalmente, son las de bibliotecario y archivero. Y digo conscientemente dos profesiones, porque son distintas y, aunque en el pasado fueran muchos los casos donde un mismo profesional ejercía conjuntamente ambas profesiones, hoy el grado de especialización ha llegado a tal nivel que es preciso separarlas, como de hecho está ocurriendo. Existe un punto de partida ineludible: No podemos hablar de biblioteca sin hablar de bibliotecario y no podemos hablar de archivo sin considerar al archivero. Estas sencillas formulaciones parecen una perogrullada pero creo que es poner el dedo en la llaga: hay mucha gente que no para de destacar el papel fundamental que las bibliotecas tienen en la formación integral de la personas o que aceptan que el archivo es fundamental para su Institución, pero luego, en la teoría o en la práctica, piensan:  ¿bibliotecarios?, ¿archiveros?  Son caros, no podemos seguir incrementando el capítulo I de los presupuestos... Se precisan economistas, abogados, administrativos, maestros, médicos, asistentes sociales, animadores socioculturales, barrenderos...pero...bibliotecarios y archiveros...Cualquiera sirve para ello.  Por encima de las dificultades presupuestarias, que sabemos existen, creo que está el concepto, su consideración social y profesional.
            Creo que nadie con un poco de sentido común pensaría en un Centro de salud sin médico, ATS, etc. Igual que nadie pensaría en poner en marcha un centro docente sin los correspondientes profesores titulados y retribuídos adecuadamente. No ha sido así en el caso de muchas bibliotecas públicas, especialmente municipales. Históricamente, la Corporación municipal designaba a una persona para “encargarse” de la biblioteca por algunas horas y “gratificaba” a ese “encargado” con pequeñas cantidades, que servían para complementar su salario de maestro u otra profesión. En 1993 todavía más de la tercera parte de los bibliotecarios municipales eran “colaboradores”, sin contrato ni seguridad social, muy pocas horas de trabajo y unas retribuciones sonrojantes. Pero el resto, en la mayoría de los casos con un contrato temporal, no tenía mucho mejor situación: titulados superiores contratados y pagados como ordenanza o auxiliar administrativo, contratos de media jornada que imposibilitan dar un buen servicio a los ciudadanos y vivir de esa “profesión”, etc.
            Por ello cuando, en octubre de 1991 la Consejería de Educación legisló los mínimos de las bibliotecas públicas municipales en cuanto a superficies, colecciones, personal, etc. lo hizo con un doble planteamiento: a corto y medio plazo contar con profesionales en todas las bibliotecas. En las de localidades con población superior a 5.000 habitantes, que según la legislación de régimen local tienen obligación de prestar el servicio público de biblioteca, el bibliotecario debería estar contratado y retribuído como técnico de bibliotecas; y en las bibliotecas de poblaciones  menores a 5.000 habitantes, el primer objetivo era contar con bibliotecarios estables, con formación adecuada y contratado al menos como Auxiliar de Bibliotecas, del grupo C de funcionarios. Este proceso está en marcha, impulsado por la Consejería de Educación y Cultura mediante las ayudas a la contratación de bibliotecarios municipales que han tenido lugar en los años 1994 y 1995. Pero falta mucho camino por recorrer. Y, por supuesto, en la medida que la biblioteca pone en marcha nuevos servicios (fonoteca, etc.) el número de personal debe ir creciendo paralelamente.
            Los ayuntamientos ya son conscientes de la importancia de contar con biblioteca pública en su localidad. No están obligados a tenerla, y por eso la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha que en su legislación ha planteado que existan bibliotecas en todas las localidades mayores de 2.000 habitantes, ha  invertido en  esos municipios, construyendo casas de cultura o bibliotecas públicas. Pero la vida de esas bibliotecas depende en gran parte de la voluntad de los propios municipios. No puede haber biblioteca si un ayuntamiento no está dispuesto a asumir la correcta contratación de un bibliotecario y los gastos de mantenimiento de esa biblioteca.
            En el futuro, en todas las bibliotecas, con independencia de la población de su localidad, deberán tener un bibliotecario titulado y retribuído como técnico de bibliotecas. Porque en la educación y, en general en cualquier servicio público, los ciudadanos no pueden estar discriminados por el hecho de vivir en poblaciones pequeñas: ¿se imagina alguien que en un Centro de salud sólo hubiese enfermera? ¿o que en un colegio los maestros no tuvieran la correspondiente titulación? ¿o que un médico hiciese de abogado o un jurista de arquitecto?
            Perdonen las simplezas anteriores, pero les aseguro que están basadas en opiniones reales. E igual ocurre en el caso de los archiveros: como el número es inferior se nota menos, pero también está latente la tentación de convertir  en flamante archivero a cualquier persona, por supuesto respetable y que, sin duda, al cabo de los años podrá convertirse en un buen profesional si tiene interés y se forma. Pero, de nuevo las preguntas, ¿se pondría usted en manos de un médico sin titulación y que, con buena voluntad, desea formarse en el ejercicio de su profesión? ¿llevaría usted a sus hijos a un colegio en el que los profesores sean amables y voluntariosas personas vecinas de esa localidad pero que carecen de la formación y reconocimiento oficial pertinente? En Castilla‑La Mancha deberían tener un archivero titulado, contratado al menos como Técnico de archivos (grupo B), los ayuntamientos de localidades mayores de 10.000 habitantes. Para el resto, una vez realizado el inventario del archivo municipal y organizados básicamente estos archivos con la ayuda de la Consejería de Educación y Cultura, los ayuntamientos deberían contratar un archivero de zona, que de forma similar a los trabajadores sociales o a los secretarios de ayuntamiento prestarían servicio archivístico a una agrupación de municipios (mancomunidad u otro conjunto de ayuntamientos).
            Otro día especificaré la tareas que ambos profesionales tienen que realizar. Hoy me basta con la idea de que para organizar el acceso a la información en bibliotecas y archivos no sirve cualquiera. Y finalizo con una nueva cita del discurso de Ortega: “Por eso ahora encontramos el cuidado de los libros constituido impersonalmente como carrera o profesión y, por eso, al mirar en derredor, lo vemos tan clara y sólidamente como un monumento público. Las carreras o profesiones son tipos de quehacer humano que, por lo visto, la sociedad necesita. Y uno de éstos es desde hace un par de siglos el bibliotecario. Toda colectividad ha menester hoy de cierto número de médicos, de magistrados, de militares...y de bibliotecarios. Y ello porque, según parece, esas sociedades tienen que curar a sus miembros, administrarles justicia, defenderles y hacerles leer”. Y de igual forma podríamos referirnos al archivero.
            Han transcurrido sesenta años desde las palabras de Ortega y siguen plenamente vigentes. Pero las tareas de ambos profesionales son hoy mucho más complejas y precisan incluso de mayor cualificación. Las crecientes nuevas tecnologías, y su necesario desarrollo en Castilla‑La Mancha; los nuevos soportes de la información (hasta hace unos años vídeo y Compact Disc; pero ahora, el CD‑ROM, el CD‑I, etc.); el acceso a las autopistas de la información; y la propia Constitución, que menciona como derechos de todos los españoles la información, la educación y la cultura; todo ello son algunas de las razones para que, en los umbrales del siglo XXI, las bibliotecas y los archivos de nuestra Comunidad Autónoma tengan unos profesionales con la formación y el reconocimiento laboral y social necesarios.


* Diario 16 Castilla-La Mancha   (30-11-1995), p. 4.

lunes, 30 de octubre de 1995

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública



Manifiesto de la UNESCO  sobre la Biblioteca Pública*

            En noviembre de 1994 fue aprobada la nueva redacción del Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, y  en estos días la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que tan espléndida labor hace por la promoción del libro y la lectura en España, está difundiendo este importante documento, que en buena medida sirve de guía a los profesionales de todo el mundo a la hora de planificar y desarrollar el servicio bibliotecario desde una biblioteca pública.
            Afortunadamente, va creciendo la sensibilización hacia este servicio público. Pero falta mucho camino por recorrer: para muchos la biblioteca pública sigue siendo un servicio secundario, bastante menos importante que un centro docente o un hospital, por ejemplo; en muchos casos la biblioteca parece seguir con la consideración de guardería  de niños, bastando con que sea el sector de población infantil el que utiliza la biblioteca y aceptando que los adultos no encuentren en este servicio un atractivo suficiente para convertirse en usuarios estables. Un indicador bastante representativo de la estima en que se tiene a la biblioteca pública puede verse en la situación laboral que históricamente han tenido la mayoría de las personas encargadas de las bibliotecas: en buena parte de las bibliotecas municipales, el bibliotecario carecía de todo tipo de contrato, dedicándose a esta labor como segunda ocupación o simplemente como un trabajo de varias horas al día por el que se le entregaba una pequeña gratificación, etc. En este sentido, el programa iniciado en 1994 por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha para ayudar económicamente a los ayuntamientos a contratar al bibliotecario municipal, está siendo muy eficaz: se han abierto bibliotecas que permanecían cerradas desde hacía años y se empieza a corregir  en  parte de los casos esa situación tan injusta que padecían numerosos bibliotecarios. Lo más importante es que, mejorando las condiciones profesionales, las autoridades municipales están comprobando en qué medida está también mejorando el servicio bibliotecario. Todavía no estamos en una buena situación pero, sin duda,  se está poniendo un peldaño para dignificar y profesionalizar nuestras bibliotecas.
            No es la sociedad castellano‑manchega precisamente muy lectora. Por ello, contar con una red de centros y servicios que garanticen el derecho constitucional a la cultura y a la información de cuandos vivimos en nuestra Comunidad Autónoma tiene que ser uno de los grandes retos que han de afrontarse. La Consejería de Educación y Cultura ha hecho en los últimos años un importante esfuerzo inversor, que hay que continuar no sólo para completar la red de bibliotecas públicas sino para que estos centros cuenten con las colecciones bibliográficas que precisan los ciudadanos que viven en esas localidades y, además, constituyan un verdadero centro público de acceso a la información a través de los distintos soportes y, en el futuro, estén preparadas para que todas las personas, con independencia de su situación socioeconómica, puedan acceder a las autopistas de la información que en nuestro tiempo están desarrollándose. Por otro lado, una región como la nuestra, con un porcentaje tan elevado  de pequeños municipios, ha de encontrar fórmulas que sustituyan a la biblioteca pública para que esos ciudadanos no estén en la realidad discriminados por vivir en localidades de pocos habitantes.
            Esta tarea compete a todos: desde luego no sólo a las distintas Administraciones Públicas, aunque éstas tengan un papel fundamental por ser, en sus distintos ámbitos territoriales, responsables de que el derecho a la lectura pública, a la información y la cultura, se haga realidad en todos los rincones de nuestra tierra. También los partidos políticos tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de ese derecho, aunque corresponda a una cuestión normalmente no demandada ni reclamada por los ciudadanos. De igual forma, los educadores, los creadores, las asociaciones culturales o vecinales y otros  profesionales o sectores sociales, están obligados a preocuparse por este servicio público esencial que es una biblioteca.
            Invito a leer el Manifiesto de la UNESCO, institución que proclama su fe en la biblioteca pública “como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres”. La UNESCO resume  las misiones de la biblioteca pública: “crear y consolidar los habitos de lectura en los niños desde los primeros años”; servir de apoyo al sistema educativo; posibilitar a todas las personas “el desarrollo personal creativo”, estimulando la imaginación de niños y jóvenes; “fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de los logros e innovaciones científicas” así como el “diálogo intercultural”; apoyar a la “tradición oral”; “garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad”, prestando además un servicio adecuado de información a empresas y asociaciones de su localidad; “facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios informáticos” y prestar apoyo y participar en “programas y actividades de alfabetización para todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos”.
            Concebida la biblioteca pública como “centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información”, sus servicios han de prestarse gratuitamente y debe garantizarse la igualdad de acceso para todas las personas, “sin tener en cuenta su edad, sexo, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social”. Todos los grupos de edad han de disponer del “material adecuado a sus necesidades” y las colecciones y servicios “han de incluir todo tipo de soportes...,tanto en modernas tecnologías como en materiales tradicionales”. Es decir, además de libros, prensa diaria, revistas... la biblioteca pública ha de contar con  colecciones de vídeos educativos, culturales,...; Compact Disc, CD‑ROM o CD‑I , etc., así como conservar cuantos materiales tengan interés para la historia de esa comunidad (periódicos locales, obras o artículos referidos a la localidad, fotografías, grabaciones musicales o videográficas de temática local, etc.).
            Muy significativos son los párrafos introductorios del Manifiesto. Recuerda que es primordial contar con “ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad”. Y concreta aún más: “La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información”. Y en todo ello aparece determinante el papel que debe ejercer la biblioteca pública.
            También me parece significativo el insistente llamamiento dirigido a las autoridades: al finalizar la introducción, “...la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a dar soporte y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas”; y  en el párrafo final del documento: “Se insta a quienes toman las decisiones a nivel nacional y local y a la comunidad bibliotecaria en general, en todo el mundo, a que apliquen los principios expuestos en el presente Manifiesto”.
            Comprendo que, en éste como en tantos otros casos, las teorías, las palabras, no bastan. Ningún defensor mejor de  un biblioteca pública que quien durante buena parte de su vida se ha servido de ella, se ha beneficiado de los servicios que presta, incluso tan llenas de limitaciones como ocurre en muchos centros. Por ello, me permito una  sugerencia: acudan a la biblioteca pública más próxima.


* Diario 16 de Castilla-La Mancha  (30-10-1995), p. 4.

domingo, 2 de abril de 1995

Lapiceros eternos



Lapiceros eternos*

            Todos tenemos experiencia de cómo los niños son remisos muchas veces a dejar sus lapiceros, goma de borrar,...a sus compañeros. Y la razón suele ser bien sencilla: se gastan. Son pequeños egoísmos, reflejo de las tacañerías más importantes que en tantas ocasiones mostramos los mayores. Pero, al mismo tiempo, cada día conocemos la historia de personas eminentemente solidarias, entregadas a los demás, generosas, hombres y mujeres que vuelcan sus energías en el otro. En una sociedad como la nuestra, tan desprestigiada por los numerosos hechos negativos como se suceden, sería necesario que cada jornada los medios de comunicación rescatasen del silencio y el anonimato una historia de amor, las pinceladas básicas que permitieran a las gentes conocer los rasgos vitales de unas biografías que normalmente pueden  motivar y animar a salir de la mediocridad y la vida cómoda.
            Y no estoy hablando de perfecciones. Todos sabemos que hasta los santos oficiales participaron en  ocasiones de las miserias, errores y limitaciones humanas; fueron santos a pesar de sus debilidades y nunca se consideraron a sí mismo héroes ni mártires, sino personas que necesitaban imperiosamente cumplir una misión, dar a los demás gratuitamente un poco al menos de lo que reconocían haber recibido. Los ejemplos son múltiples.
            Hace unos días conocí a una monja concepcionista que ha entregado toda su vida al convento. Era una visita  profesional, con motivo  del Catálogo del Patrimonio Bibliográfico. Salí verdaderamente impresionado, no sólo por la sabiduría de estas religiosas sino por su dedicación y por el cariño con que conservan su patrimonio histórico‑artístico. Y me admiré por la serenidad con que afrontan tanto la vida como la muerte: “Yo no quiero morirme ‑me decía‑, porque creo que aún puedo hacer muchas cosas; pero, al mismo tiempo, deseo morir porque sé que voy con Cristo”. En definitiva, contenta con todo, aceptando gozosamente todo.
            También entre los profesionales encontramos personas que no han escatimado esfuerzos para servir a los demás con una intensidad superior a la normalmente habitual en un trabajo retribuído. He sido testigo de la jubilación de Julia Méndez Aparicio, directora de la Biblioteca Pública Provincial desde el año 1958 hasta el pasado 25 de marzo. Indudablemente sin ella no contaríamos los toledanos ni la comunidad investigadora con unas colecciones bibliográficas tan importantes, recopiladas con inaudito tesón por esta mujer de raíces leonesas que nos deja importantes catálogos sobre los incunables y las obras del siglo XVI, estudios sobre las encuadernaciones mudéjares, etc. Su libro La Biblioteca Pública, ¿índice del subdesarrollo español?  es ya un clásico en los estudios de biblioteconomía; y todos los profesionales reconocen el trabajo modélico que Julia hizo dirigiendo el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas o formando a nuevos bibliotecarios. 
            Y estos días hay un caso bien peculiar: el cardenal de Toledo, don Marcelo, con sus 77 años,  está recorriendo todos los arciprestazgos. La carta que escribió anunciando esta visita cuaresmal es bien explícita: “Quisiera recorrer toda la diócesis y agotar mis energías predicando el Evangelio de Jesucristo...”
            Seguro que todos ustedes conocen muchísimas más vidas así, que merecen ser contadas. Son personas, en definitiva, que han descubierto que su lapicero, su vida, goza de eternidad y no tienen miedo alguno de que se gaste. ¡Y qué suerte sacar punta a un lápiz que sabemos no se termina nunca...!


* Ya (2-4-1995), pág. VIII

martes, 29 de noviembre de 1994

Desinterés por las Bibliotecas Públicas del Estado




Desinterés por las Bibliotecas Públicas del Estado.*

            En una investigación de próxima publicación sobre las políticas bibliotecarias en España, basada en el análisis de los programas electorales de los partidos políticos en las elecciones generales del período 1977‑1993, demuestro el desinterés general de la clase política española hacia la lectura pública. Pero no sólo para los políticos no son prioridad las bibliotecas: la sociedad española, en su conjunto,  con las excepciones que confirman la regla, no está suficientemente sensibilizada sobre la necesidad de acceder a la información y la cultura a través  de la biblioteca pública. Por ello, y  aunque las comparaciones son siempre odiosas, no es extraño que el pasado año nadie pusiera reparos a la adquisición por el Estado  de la colección de arte Thyssen‑Bornemisza; incluso algunos críticos destacaron la  verdadera ganga de esa compra, que supuso al Estado un gasto de 44.100 millones de pesetas, frente a los 300.000 en que valoraban la colección los especialistas. Pero, ¿podía permitirse el Estado ese lujo, considerando las todavía  tremendas lagunas de nuestro  país en infraestructura cultural, especialmente en el campo de las bibliotecas públicas? Admitiendo la importancia de esa colección, ¿alguien tuvo en cuenta si en estos momentos de crisis socioeconómica era justo destinar tan altas cantidades del presupuesto nacional a su adquisición? ¿era prioritaria para la formación de los españoles? Ya sé que son situaciones que se presentan una sola vez y que el Gobierno estaba ante una verdadera encrucijada, pero ¿dedicar esa cifra a ese patrimonio artístico no es un gesto propio del hidalgo pobre que describe El Lazarillo de Tormes? Lo cierto es que esa decisión contrasta con las cantidades destinadas por el Ministerio de Cultura a inversiones en las Bibliotecas Públicas del Estado: en el amplio período 1983‑1993, entre nuevos edificios y remodelaciones de los existentes, el total invertido ha sido de 11.686 millones de pesetas, es decir apenas un 25% de lo que el Estado gasta en las 775 obras que integran la colección. A primera vista, estos once mil millones pueden parecer una cifra muy elevada, pero cuando se sabe lo que aún falta para, al menos, dignificar la red de estas Bibliotecas y el escaso presupuesto anual del Ministerio al efecto, aterra pensar los años necesarios para poder disponer de una red de Públicas del Estado ‑la gran mayoría de ellas teórica  cabecera del correspondiente Sistema Bibliotecario Provincial‑ adecuada y que preste los servicios que la sociedad demanda o precisa.
            Estos días, paralelamente al debate de los Presupuestos del Estado para 1995, se alzan voces contra la inversión del Ministerio de Cultura en el Liceo de Barcelona, frente a las partidas previstas para rehabilitar las catedrales. Las propias autoridades hablan, por ejemplo del Museo del Prado o del Reina Sofía; pero pocas veces rompen su habitual  silencio sobre las bibliotecas. Y, desde luego, a la hora de poner reparos a los presupuestos, tampoco la oposición  muestra interés por las políticas bibliotecarias.
            ¿Por qué el Ministerio, con el apoyo solidario de todo el Gobierno, no proyecta un Plan de Bibliotecas que permita completar el programa inversor básico antes del año 2000? La respuesta es muy simple: porque las bibliotecas públicas no son prioritarias para el Gobierno español. Si no, ¿cómo  entender que en el conjunto de países integrados en la Unión Europea mantengamos esa vergonzosa penúltima posición que desde hace décadas denuncian las estadísticas europeas sobre bibliotecas públicas?
            Claro es que en este aspecto, como en otros, el Gobierno escuda su poco interés en el desinterés bastante generalizado que gran parte de la sociedad española muestra hacia las bibliotecas. Pero ello no es ni ética ni políticamente justificable. Es  sintomático, por ejemplo, que las empresas especializadas en estudios y sondeos de opinión no incluyen a las bibliotecas entre las posibles cuestiones que preocupan o interesan a los ciudadanos. Y no quiero decir que nunca son mencionadas en algún porcentaje significativo: me refiero a que, incluso, ni siquiera se incluyen como opción de respuesta, como sí se hace con el patrimonio histórico‑artístico, la educación, etc. También parece un signo el hecho de que casi nunca se produzcan demandas organizadas, por asociaciones vecinales u otros colectivos ciudadanos, solicitando de las administraciones públicas correspondientes la instalación o mejora de una biblioteca pública, al contrario de lo que ocurre en el caso de centros de salud, escuelas u otros servicios públicos.
            Claro que en los últimos años ha habido avances, pero insuficientes, sobre todo por las expectativas que el triunfo del PSOE en 1982 tuvo para el mundo de la cultura. Pero, dentro de la mala situación general, el caso de Castilla‑La Mancha es verdaderamente gravísimo. Las llamadas “Bibliotecas Públicas del Estado” (que deberían llamarse Bibliotecas Públicas Provinciales), de titularidad estatal aunque gestionadas por la Junta de Comunidades, han padecido el olvido por parte del Ministerio. Sólo la de Albacete tiene un nuevo edificio, pero, abierta en 1984, su construcción se había iniciado antes de la llegada al poder de los socialistas. Las restantes tienen unos problemas de espacio y de medios que impiden que cumplan con su misión ante la sociedad: en los actuales edificios de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo no sólo no cabe un libro; es que no es posible que se pongan en marcha servicios al público totalmente imprescindibles hoy en una biblioteca.
            Se abren, no obstante, ventanas de esperanza: la oposición ciudadana que hubo en Toledo a la división de los fondos de esta Biblioteca, y la actual lucha que una plataforma cívica plantea en Guadalajara para que la biblioteca permanezca en el emblemático Palacio del Infantado, ampliando sus espacios con la adquisición de un edificio anejo, son posiciones que nos hacen pensar que, poco a poco, la sociedad está reaccionando. Sin duda, en ello tienen bastante que ver los bibliotecarios; de la calidad y el esfuerzo de estos profesionales sí que puede sentirse orgullosa nuestra Región.


* Diario 16 Castilla-La Mancha (29-11-1994), p.8

sábado, 1 de octubre de 1994

Los aliados de las bibliotecas

‑ “Los aliados de las bibliotecas”. En colaboración con Begoña Marlasca Gutiérrez. Educación y Biblioteca. Año 6, núm. 50 (octubre 1994), págs. 62‑63 y núm. 52 (diciembre 1994), págs.13‑19.

1ª) parte del artículo:   Los aliados de las bibliotecas

2ª) parte del artículo:    Los aliados de las bibliotecas





miércoles, 1 de junio de 1994

Bibliotecas Públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977‑1993)


“Bibliotecas Públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977‑1993)”. Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Año XLIV (1994), núm. 2 (abril‑junio), págs.123‑175.


Enlace:  Bibliotecas públicas y partidos políticos...