sábado, 28 de abril de 2007

Bibliotecas, talante y escenificación democrática




Bibliotecas, talante y escenificación democrática*


En 1982, en los días de campaña “Por el Cambio”, el PSOE hizo la promesa de una “Ley de Bibliotecas” que luego no tuvo voluntad de promover. Y esa misma postura siguieron los distintos gobiernos de España. Esta carencia de una ley-marco de bibliotecas propició un desarrollo desigual de los servicios bibliotecarios en las comunidades autónomas. De hecho, entre la primera ley autonómica de bibliotecas (Cataluña en 1981) y la última (Baleares en 2006)  han transcurrido  25 años de distancia. Puede pensarse  que las leyes no lo son todo, pero constituyen  la premisa para diseñar unas políticas bibliotecarias que garanticen a todas las personas el acceso a unos servicios de lectura pública adecuados a la Sociedad de la  Información y del Conocimiento que aspiramos a construir.
En mayo de 2006 la ministra de Cultura, Carmen Calvo, presentó al Consejo de Ministros un Proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que no había consensuado ni con los sectores profesionales ni con las Comunidades Autónomas. Y formalmente intentó corregir esa falta de participación de la sociedad civil y de los gobiernos regionales. Especialmente era patético, e inútil, el capítulo V del Proyecto, dedicado a las bibliotecas, hasta el punto de que en los informes y alegaciones presentadas por instituciones tan representativas como la Federación Española de Municipios y Provincias o FESABID, que agrupa al conjunto de asociaciones bibliotecarias de todo el país, se pidió nítidamente una Ley específica dedicada a las bibliotecas o una reforma total del texto inicialmente propuesto.
Pero el gobierno de Rodríguez Zapatero, siempre fiel pregonero del talante y la participación, no defraudó sus dotes teatrales  y, sin modificar ningún aspecto del citado capítulo dedicado a las bibliotecas, dijo a los cuatro vientos en los inicios de noviembre de 2006 que el Consejo de Ministros había aprobado el Proyecto de Ley, que enviaba al Parlamento y que recogía las sugerencias aportadas por los sectores profesionales, sociales y políticos. Una gran mentira que ningún medio de comunicación denunció. Pueden compararse los textos y podrá comprobarse cómo el Gobierno de España no recogió ni una sola de las propuestas presentadas.
Y así pasó al Congreso de los Diputados. Nuevamente informes con alegaciones, e incluso bastantes comparecencias de los representantes de los sectores profesionales. Contactos con los grupos parlamentarios y muy buenas palabras. Los grupos políticos del Congreso presentaron 211 enmiendas, con singular presencia de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y Partido Popular. Y la Comisión de Cultura, en un trabajo arduo,  introdujo buena parte de las enmiendas, incluso algunas de cierto calado que acogían propuestas de las asociaciones bibliotecarias. Y llegó el momento decisivo: la ministra de Cultura, maestra de la imagen, resaltó el gran consenso en su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados del día 29 de marzo de 2007. Claro que, como ya estaba previsto, por un voto particular del Grupo Socialista, se modificó el texto que había sido aprobado en la Comisión de Cultura  y que había recogido las propuestas más significativas, por ejemplo, de Izquierda Unida.
Resultado: se ha aprobado un texto, ahora en el Senado, que es perfectamente inútil para resolver los problemas de las bibliotecas españolas. Finalmente, el Proyecto de Ley no regula los servicios básicos que debe prestar toda biblioteca pública ni resuelve el problema de falta de servicios bibliotecarios en los pequeños municipios,  que son unos 3.000 actualmente. Tampoco aclara las competencias de las distintas Administraciones Públicas ni se aborda el problema de la financiación de este servicio público. De igual modo, el texto no indica a quién corresponde la responsabilidad de prestar el servicio de biblioteca pública ni se configura como debe ser básicamente este servicio en función de los niveles de población de los municipios. Paradójicamente, y aunque es un Proyecto con referencias continuas a promover planes de lectura, el Proyecto no puede considerarse una ley integral en políticas de lectura pública, y no aporta tampoco ninguna característica mínima de las bibliotecas escolares. Y, lo más grave, omite totalmente la obligatoriedad de la coordinación bibliotecaria entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales,  y sólo alude a la cooperación como algo voluntario de las distintas administraciones y sectores implicados.
La mayoría de los grupos políticos reconoció que este Proyecto no era una Ley de Bibliotecas. Por ello, Izquierda Unida defendió la denominación de Ley de la Lectura, del Libro y de la Coordinación Bibliotecaria, mientras que Esquerra Republicana y el Partido Popular optaron por la conversión del proyecto en una Ley de la Lectura, del Libro y de la Cooperación  Bibliotecaria.  Pero sólo el Partido Popular ha planteado en sus enmiendas la promulgación de una futura LEY DE BIBLIOTECAS.
El resultado es que se pierde la oportunidad de una Ley que garantice a todos los españoles el derecho a acceder a servicios bibliotecarios de calidad, dignos de nuestro tiempo. Más de dos décadas de espera merecían un Proyecto de Ley que afrontase y resolviese problemas. Pero la ministra Calvo sólo ha resuelto su particular problema político: ha modificado la Ley de Propiedad Intelectual, para que las bibliotecas paguen un canon por cada libro prestado y España pueda cumplir la directiva comunitaria.
Y lo peor es que no se vislumbra que el  Ministerio de Cultura esté dispuesto a convocar a debatir la  situación de las bibliotecas públicas en nuestro país y, mediante el consenso con las Comunidades Autónomas, impulsar una verdadera Política de Estado en materia de lectura y bibliotecas.
Pero si denuncio que el Gobierno y el Congreso de los Diputados no han querido afrontar el problema histórico de la biblioteca pública en España, tengo que reconocer que ambas instituciones merecen una nota de sobresaliente en su calidad de actores: han realizado una brillante representación escénica de un estéril juego democrático. Tal vez así tienen la conciencia tranquila de que sirven al pueblo que les otorgó el privilegio de convertirlos en representantes de los ciudadanos españoles. Pero se equivocan.




* ABC Año CIV, núm. 33.372 (28-04-2007), pág. 54. Edición nacional. Sección  Tribuna abierta. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-04-2007/abc/Opinion/bibliotecas-talante-y-escenificacion-democratica_1632798178123.html
El Digital de Castilla-La Mancha. Nº 458  (3-05-2007). http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulos.asp?idarticulo=14534

martes, 24 de abril de 2007

Día del Libro y decálogo de propuestas para las Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha




Día del Libro y decálogo de propuestas para las  Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha*

Cada año, por estas fechas, muchas plazas y calles se llenan de libros y los medios de comunicación recogen bellas palabras sobre la lectura, los libros y las bibliotecas. Y es un ritual que hay que seguir cumpliendo, aunque sepamos que Días del Libro deben ser los 365 del año, y dediquemos el 23 de abril a celebrar su fiesta.
Pero este año tiene algo de especial. Se celebra prácticamente a un mes vista de la cita electoral. Ya los partidos políticos van desgranando algunas de sus propuestas-estrellas, se celebran actos con colectivos sociales e imagino que los partidos terminan de pulir los programas electorales que mostrarán como compromiso con los ciudadanos, tanto para las elecciones autonómicas como para los municipios de Castilla-La Mancha.
En los últimos años Castilla-La Mancha ha sido un referente para el conjunto del país en materia de bibliotecas públicas, y sería bueno que quienes tienen actualmente responsabilidades políticas supiesen que la sociedad castellano-manchega no va a conformarse con el pasado: los bibliotecarios siempre fueron un colectivo dinámico, implicado socialmente y exigente con los dirigentes públicos. E imagino que van a pedir cuentas a quien genere incumplimientos y desesperanzas.
Insisto en ideas que he repetido hasta la saciedad: crear o mejorar bibliotecas es el mejor instrumento para democratizar el acceso a la lectura y la información. Pero como todo servicio público exige importantes recursos financieros, humanos y técnicos es  más complejo desarrollar servicios bibliotecarios estables que organizar actividades de animación. Por ello hay políticos que en lugar de comprometerse a realizar políticas bibliotecarias planificadas y progresistas, prefiere iniciativas mediáticas.
Como ha ocurrido en anteriores citas electorales, no abundan las palabras dedicadas a las bibliotecas. Es más, hasta el momento no he escuchado a ningún político castellano-manchego una propuesta para las bibliotecas. Tal vez constituya el secreto mejor guardado y algún día los medios de comunicación nos sorprendan gratamente. Si me lo permiten, este año, como ciudadano amante de los libros y las bibliotecas, no voy a hacer el Elogio de la biblioteca pública sino algo más prosaico: enumerar algunas propuestas que prestaré, gratuitamente y sin percibir canon alguno, al partido que esté dispuesto a asumirlas. La mayoría de estas iniciativas forman parte de planes que, tal vez por no estar en los programas electorales de ningún partido, fueron incumplidos o abandonados por responsables culturales que optaron por los fuegos de artificio más que por continuar la consolidación de la Red de Bibliotecas Publicas de Castilla-La Mancha.

  
1. Desarrollo de un Pacto Regional por la Lectura y las Bibliotecas. Esta propuesta debe resumir la filosofía de trabajo público por las bibliotecas y la lectura en la región,   con la participación de todas las instituciones políticas, sociales, educativas y culturales, así como los sectores profesionales (bibliotecarios, editores, libreros,...) y las asociaciones de  madres y padres, las federaciones de alumnos y del resto de organizaciones implicadas en el fomento de la lectura. Desde ese Pacto deberían abordarse las medidas que enuncio a continuación, y otras muchas que durante los últimos años hemos defendido buena parte de los bibliotecarios de Castilla-La Mancha.
2. La universalización de los servicios bibliotecarios para el conjunto de municipios y población de la región. Desde mediados de los años noventa se luchó por este  objetivo, que fue asumido políticamente. Pero esta utopía puede convertirse en realidad, y para ello  la inclusión de este objetivo en los programas electorales sería la mejor forma de tener la certeza de que se aborde desde las instituciones un plan que realmente permita un reto que sólo Castilla-La Mancha ha planteado en España.  Según el Censo de Bibliotecas de 2005, todavía 366 municipios (un 40% del total) no tienen acceso alguno a servicios bibliotecarios.

3. Plan de Bibliotecas Móviles. Es preciso completar la flota de bibliobuses para asegurar poder dar cobertura a toda la región. Dado que la mayoría de los municipios sin servicio son localidades de población inferior a 400 habitantes, la solución pasa por bibliotecas móviles que lleguen semanalmente a esos municipios.  Las carencias son especialmente graves en las provincias de Cuenca y Guadalajara, donde los servicios bibliotecarios sólo llegan  al 92%  y al 86% de la población, respectivamente.


4. Plan de redes urbanas de bibliotecas en municipios con población superior a 25.000 habitantes. Pocas ciudades y localidades de la región cuentan con una red bibliotecaria que ofrezca servicio cercano, continuado y de calidad a sus distintos barrios. Frente al desarrollo de Albacete, es lamentable que la ciudad de Guadalajara siga sin abrir una biblioteca pública municipal y sólo cuente con la biblioteca pública del Estado. Y ciudades como Talavera de la Reina o Toledo tienen aún graves déficits para garantizar el servicio bibliotecario a todos los barrios. En la capital regional zonas como  Santa Teresa o Antequeruela-Covachuelas necesitan una Biblioteca; Santa María de Benquerencia no puede seguir sólo con los actuales servicios y en urbanizaciones como Valparaíso nadie habla de bibliotecas… Estos servicios no pueden ser exclusivamente responsabilidad municipal. Desde otras administraciones hay que diseñar estrategias que permitan a los municipios apostar por estos servicios públicos.
5. Plan Regional de Infraestructuras Bibliotecarias. Es básico para abordar las graves carencias de espacio, la modernización de los edificios y la apertura de nuevas bibliotecas. Según el  citado Censo de Bibliotecas un 45% de las bibliotecas tienen una superficie inferior a los 100 m² y un 40% oscila entre los 100 y los 249 m². Y lo peor es que los datos están estancados, por la carencia de planes. Si comparásemos los metros cuadrados nuevos o las bibliotecas construidas con otro tipo de servicios públicos, como centros de salud o centros docentes, veríamos cómo las bibliotecas no han constituido últimamente una prioridad en la región.
6. Una nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Tampoco este clásico compromiso figuró nunca en los programas electorales autonómicos, aunque en el parlamento regional sí están recogidas las palabras de políticos que prometieron esta ley. Es urgente para delimitar con claridad las competencias y financiación de las distintas Administraciones Públicas y desarrollar la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha con parámetros de calidad y servicio público adecuados al siglo XXI.
7. Plan de recursos humanos de las Bibliotecas Públicas Municipales.. Castilla-La Mancha ha afrontado el problema histórico de los bibliotecarios municipales, y se ha comenzado a resolver su situación, ahora más digna. Pero es preciso poner en marcha nuevas medidas que garanticen la consolidación y normalización de estos puestos de trabajo, verdaderos mediadores sociales. Para ello, la Junta debe asumir la cofinanciación permanente de los bibliotecarios municipales de localidades con población inferior a 3.000 habitantes. Y hay que proseguir, mediante ayudas por tiempo limitado, la transformación de los contratos hacia jornadas completas y categorías de técnicos, más acordes con el trabajo especializado que realizan.
  8. Puesta en marcha del Catálogo Colectivo de la Red. Tampoco esta propuesta fue recogida en ningún Programa Electoral, aunque sí en planes de bibliotecas y convocatorias.  Ya no admite demoras este proyecto, y no abordarlo significa que nuestra Región  se aleja de las regiones más avanzadas en políticas bibliotecarias.  
9. Aprobación de Pautas para Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, unos estándares que determinen los niveles de servicio que han de cumplir las bibliotecas de la región en cuanto a colecciones, espacios, horarios de apertura, personal, etc.
10. Desarrollo  de la Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. Vivimos tiempos en los que, aunque existen sectores sociales sin acceso a la información y la lectura pública, cada vez más se ponen a disposición de la sociedad bibliotecas virtuales o digitales a cuyos fondos se puede acceder libremente a través de las redes de comunicación. Castilla-La Mancha tiene unos espléndidos tesoros bibliográficos y unas fuentes bibliográficas que muestran la riqueza humana, cultural, espiritual y artística de esta Comunidad Autónoma. Sin embargo, aunque se diseñaron y prometieron iniciativas que ayuden a difundir Castilla-La Mancha, como en otros casos los proyectos están paralizados. Que los partidos políticos presenten compromisos electorales en este ámbito es una indudable necesidad.
            En definitiva, sigo defendiendo que la mejor celebración cotidiana del Día del Libro sería la consolidación de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, con medidas como las enumeradas y que permitirían  unas políticas bibliotecarias que  otorgaron a nuestra Región un liderazgo ideológico en este ámbito en España. Pero, para esto, es la hora de los partidos políticos: tienen en sus manos comprometerse con la sociedad regional para que la Sociedad de la Información y del Conocimiento pueda llegar democráticamente a todos los sectores sociales a través de un servicio público esencial: la biblioteca pública. Los partidos políticos tienen la palabra.







* Artículo de opinión, publicado en los siguientes medios:
El Digital de Castilla-La Mancha.  Nº 450 (25-04-2007) http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulos.asp?idarticulo=14134
Noticias Toledo. Nº 22 (27-04-2007). Pág. 2.  http://www.noticiastoledo.com/semanal/upload/22/opinion.pdf
Noticias Digital. (27-04-2007)  
El Bibliotecario conquense.  Espacio de encuentro de la Asociación de Bibliotecarios de Cuenca (26-4-2007)




























lunes, 9 de abril de 2007

La Ley que no se aprobó*



La Ley que no se aprobó*
             

El último Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido muy singular. Finaliza formalmente esta Legislatura, se aprueban de forma controvertida tres leyes y estalla de nuevo la polémica por la presencia de los familiares de los fallecidos en el incendio de Guadalajara. Pero hubo una Ley que no se aprobó: la Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
            Y en esta ocasión no podía aprobarse, porque la Consejería de Cultura, responsable de haber materializado este Proyecto, no ha presentado al Consejo de Gobierno de la Región esta prometida propuesta legislativa.
            Nuestra Región cuenta con la  Ley 1/1989, de Bibliotecas. Una Ley que tuvo entonces el consenso de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara y que ha cumplido su misión inicial. Pero desde finales de la década de los noventa se vislumbró claramente que había que dar nuevos pasos legislativos para materializar los importantes proyectos de política bibliotecaria del Gobierno regional. El Plan Director de Promoción del Libro, Archivos y Bibliotecas no contempló la nueva Ley, pero sí un Decreto de organización y funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Los servicios jurídicos de la Consejería estimaron que los avances que se planteaban en el Decreto excedían las previsiones de desarrollo reglamentario de la Ley vigente, por lo que a finales de los años noventa se empezó a trabajar en la Consejería en borradores de una nueva Ley de Bibliotecas. Incluso este proyecto llegó a figurar en las previsiones de algún período de sesiones de las Cortes regionales. Pero los numerosos cambios de los equipos políticos de la Consejería de Cultura influyeron para una falta de decisiones al respecto.
            En el Plan de Desarrollo Bibliotecario de Castilla-La Mancha “Bibliotecas Públicas Siglo XXI” se planteó “disponer de una nueva legislación bibliotecaria en la región que permita el desarrollo, la transformación y modernización de estos centros para adecuarlos a las necesidades del siglo XXI” y se asumió el compromiso de promulgar una nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Así en 2003 se incluye formalmente esta iniciativa y se comienza inmediatamente a trabajar, creándose grupos de trabajo y llegándose incluso a producir contactos con diversas instituciones. Finalmente, por las fechas de fin de legislatura en las que nos encontrábamos, se decidió posponer este importante proyecto legislativo para el comienzo de la actual legislatura, porque desde la Consejería de Cultura se deseaba propiciar una Ley que naciese del consenso de los grupos políticos, como ya ocurriera en la de 1989. Pero los nuevos y rápidos cambios en los titulares de la Consejería y de la Dirección General impidieron la continuidad de los trabajos, hasta el punto de que puede afirmarse que en la legislatura que ahora se cierra no se han dado nuevos pasos políticos para hacer posible esta nueva Ley de Bibliotecas.
            En las II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha que tuvieron lugar en noviembre de 2005, el equipo técnico del Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas (SERLAB) presentó una ponencia titulada “Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: diez propuestas de futuro”;  y dentro de un conjunto de 32 medidas concretas para el desarrollo de los servicios públicos de bibliotecas en  nuestra región, se volvió a incidir en la necesidad de aprobar esta Ley.
            Se decía entonces que debería ser una Ley de segunda  generación, que diese respuesta a las necesidades de la sociedad regional del siglo XXI, a los ciudadanos de nuestro tiempo. Una Ley que sirviese de  cauce legal para canalizar el necesario avance de las bibliotecas, para dar respuesta a los nuevos retos que ha de afrontar la región en materia de bibliotecas.
            Otra de las características es que fuese una Ley integral, que atendiese las necesidades de la Comunidad Autónoma, por encima de las administraciones o instituciones titulares de cada tipo de biblioteca.
La nueva Ley tendría que  continuar refiriéndose al Sistema Bibliotecario de Castilla-La Mancha, pero introduciendo realidades tan importantes como la propia Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha o la Red de Bibliotecas Escolares.
Y entre los objetivos para los que debería servir se citaban la garantía del acceso de todos los castellano-manchegos a servicios bibliotecarios de calidad, el compromiso de la gratuidad de los servicios básicos, el desarrollo de estándares de calidad en todas las bibliotecas de la Red… Además, la Ley debería  asignar nítidamente a las distintas administraciones públicas su papel y compromisos financieros en este servicio público que es esencial para avanzar en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento que caracteriza nuestro siglo.
      También deberían fijarse las bases para resolver uno de los problemas históricos que ha caracterizado el servicio bibliotecario en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma: el personal de las bibliotecas públicas. Castilla-La Mancha ha sido desde mediados de los años noventa un referente nacional en cuanto a políticas autonómicas de apoyo a las bibliotecas municipales, y en materia de personal puso en marcha programas que aún hoy son mirados con respeto desde el conjunto del país. Desde el Grupo del SERLAB se planteaban en dichas Jornadas unas propuestas que de haberse puesto en práctica por la Consejería de Cultura hubiesen supuesto un avance singular en este ámbito.
Con una prestigiosa bibliotecaria al frente de la Consejería de Cultura y dos bibliotecarias municipales como titulares de direcciones generales, se pensaba que esta legislatura sería la de la lectura y de las bibliotecas públicas. Pero nos equivocamos: la Legislatura ha finalizado y el proyecto de nueva Ley de Bibliotecas duerme, como tantos otros por los que habíamos trabajado muchos profesionales en Castilla-La Mancha y que incomprensiblemente están paralizados.
Al parecer se quiere ofrecer como excusa la actual tramitación del Proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que presentó la Ministra de Cultura el pasado año y que ahora inicia su singladura en el Senado. Pero en nada afecta este Proyecto, que no debe importar mucho a la Consejería de Cultura cuando no ha presentado propuesta pública alguna sobre los contenidos de esa importante Ley estatal.
En definitiva, una Legislatura perdida en materia de bibliotecas públicas, que hace a Castilla-La Mancha reducir su papel de “Locomotora del Sistema Español de Bibliotecas”, en palabras de Antonio Basanta, Director General de la prestigiosa  Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  Y vemos con preocupación cómo la congelación de los más importantes proyectos políticos y técnicos del ámbito bibliotecario que se habían emprendido apartan a nuestra Región de los caminos de desarrollo bibliotecario más avanzados. 


* Artículo de opinión. Publicado en:
- ABC, Edición Toledo (9-4-2007). Edición impresa, pág.  Edición digital: http://www.abc.es/20070409/toledo-toledo/aprobo_200704090316.html
-  La Crónica de Guadalajara (9-4-2007). Edición digital. http://www.lacronica.net/lanoticia.htm
- El Digital de Castilla-La Mancha. (10-04-2007).
- Guadalajara Dos Mil Nº 2139 (16-04-2007).mero 2139    16 de abril de 2007
- El Día de Toledo (16-04-2007), pág.
- Cegal.es


jueves, 22 de marzo de 2007

Carta de Mateo Gómez a Su Majestad el Rey



Mateo Gómez es un bibliotecario creado por Juan Sánchez, del que se habla en otras entradas del blog. Carta de Mateo Gómez a Su Majestad el Rey se publicó en la revista Mi Biblioteca. La revista del mundo bibliotecario. Año III, nº 9 (Primavera 2007), págs. 32-36.Fue recogida también en el libro En defensa de la biblioteca pública, págs. 126-132.





Carta de Mateo Gómez a Su Majestad el Rey

Señor:

            Se han cumplido dos años desde que Su Majestad me encargó un informe sobre las causas que determinaban que la nación española no pudiera calificarse como una sociedad lectora.  Desde entonces, y con la mayor discreción posible, he viajado por centenares de municipios españoles, me he entrevistado con autoridades públicas y con profesionales y he consultado numerosos estudios elaborados por las distintas Administraciones Públicas y por entidades especializadas. La experiencia me ha permitido, además, dialogar ampliamente  con la gente.

 Por supuesto, he cumplido fielmente el mandato que me disteis y en ningún caso he relacionado a Su Majestad con este estudio, ni a ninguna Institución Pública.  Mis credenciales como autor de una hipotética Tesis Doctoral sobre Lectura, Información y Bibliotecas Públicas en la Sociedad Española de  comienzos del Siglo XXI  fueron siempre suficientes a la hora de abrir puertas y de recibir fructíferas colaboraciones. Reconozco  que he encontrado mucha sensibilidad y ayuda, que me han permitido realizar el informe con un grado de descripción elevado y formular una serie de recomendaciones y propuestas que en realidad laten en los sectores más implicados y que en buena medida muchos ciudadanos reclaman de los poderes públicos.

Tengo, Señor, disponible el Informe para entregárselo en el Palacio de la Zarzuela en la fecha que estime, y nadie conoce el estudio ni imagina quién es el destinatario.  Espero me disculpen las personas, a veces con altas responsabilidades públicas, a quienes  he tenido que silenciar la verdad de este trabajo y en muchos casos engañar para que no hubiera sospecha alguna. Especialmente compleja ha sido mi relación con altos responsables del Ministerio de Cultura, que a toda costa deseaban el informe, y a quienes he tenido que decir que pasarán no menos de tres años antes de que concluya la Tesis Doctoral y que no deseaba dar ninguna conferencia ni escribir artículos ni nada parecido para congresos y otros eventos. Han sido también frecuentes las llamadas desde distintos medios de comunicación pidiéndome opinión, al hilo de noticias relativas a los servicios de lectura pública españoles o a polémicas puntuales que surgían en regiones y ciudades; pero he dicho siempre que yo era un observador, un espectador que tenía que centrarme en realizar mi trabajo académico y no podía permitirme el lujo de estar opinando sobre lo divino y lo humano. De igual modo he visto con sorpresa cómo representantes de algunos partidos políticos, entre ellos los dos partidos mayoritarios de nuestro país, me han realizado distintos ofrecimientos: desde participar en sus respectivas Conferencias Políticas hasta colaborar en la redacción de sus Programas Electorales para las próximas elecciones autonómicas y municipales, asumiendo unas propuestas que en realidad desconocían.  Sin duda, Señor, es una de las ventajas de ser un  perfecto desconocido en España, tras mi vuelta a mi país  para realizar este trabajo académico. Todos sospechaban que “soy” de su partido, o al menos que tengo buena sintonía con ellos, y aunque les reiteraba que yo era un bibliotecario-profesor y militaba en la independencia más absoluta, pienso que no me creían.  Por supuesto, he rechazado estos generosos ofrecimientos, con la documentada excusa de mi pronta vuelta a Helsinki.

Permítame, Señor, que le adelante algunas de las conclusiones más relevantes del Informe.

1) Conforman la población más lectora aquellos que tuvieron la posibilidad de leer. No es cierto ese tópico de que los españoles no aman la lectura: sólo hay que ofrecerle buenos servicios que hagan a todas las personas accesibles el libro y los demás soportes  de nuestro tiempo que contienen información. En las ciudades y pueblos en los que hay buenas bibliotecas públicas, los índices de lectura son mucho más altos que en las localidades que carecen de este servicio público. Da verdaderamente gusto acceder a bibliotecas modernas y cómodas, llenas de vida, con colecciones actualizadas y con profesionales que efectúan un trabajo de apoyo y asesoramiento espléndido. En estas bibliotecas encontramos personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales y constituyen el espacio integrador de las minorías así como de la población inmigrante.

            2) La familia y la biblioteca escolar tienen decisiva influencia en la creación y desarrollo de hábitos lectores.  Junto a la biblioteca pública, el ámbito familiar resulta determinante para crear en los niños la pasión por la lectura. Pero se precisa una continuidad cotidiana en los espacios de referencia educativa, y para ello sigue pendiente una política que consagre la biblioteca escolar como un servicio para el conjunto de la comunidad educativa. Debe ser un centro de recursos informativos pero también de motivación a la lectura, y de apoyo no sólo a los alumnos sino a los docentes. Los estudios indican que en muchos casos la “lectura obligada” incide negativamente en el descubrimiento del placer de leer.

            3) Más de 3.000 municipios españoles carecen de servicios de lectura pública.  Esto me ha sorprendido, pues aunque es cierto que la dispersión territorial y el pequeño número de habitantes de muchas localidades influyen negativamente a la hora de establecer cualquier servicio público, no podía imaginarme que en los inicios del siglo XXI, en plena Sociedad de la Información y del Conocimiento, existan tantos pueblos sin biblioteca y sin cualquier otro servicio bibliotecario, como el Bibliobús. El problema sociológico que significan estos pueblos ha sido resuelto en España en otros servicios esenciales, como la educación o la sanidad, pero no en el caso de la biblioteca pública. Ello sin duda  es un obstáculo para el desarrollo de una sociedad lectora y un ejemplo de que las barreras de la desigualdad no se han eliminado plenamente en nuestro país.  He visto con mis ojos, y con mi corazón, cómo pequeñas localidades que cuentan con biblioteca pública propician que las personas lean y constituyen firmes  pilares para el diálogo, el trabajo creativo, la solidaridad y la creación de un espíritu crítico que es determinante para vivir en esos lugares con esperanza y abiertos a nuestro tiempo.

            4) Los municipios son claves para promover la lectura.  Junto a esos tres millares de pequeños pueblos que carecen de servicios bibliotecarios, he encontrado enormes diferencias en cuanto a la extensión y a la calidad de los servicios  de biblioteca pública. En conjunto,  los peores indicadores se dan en las grandes ciudades, con estadísticas que se alejan de los países más avanzados en servicios bibliotecarios. Hay municipios que no sólo han realizado planes modélicos, y ello se percibe en el porcentaje de ciudadanos que son usuarios estables de las bibliotecas, sino que además han diseñado unas políticas culturales que tienen a la lectura y la biblioteca como el verdadero eje de la vida ciudadana. Pero son muchas las ciudades en las que las autoridades locales no han considerado importante este servicio y cuando se presta se hace con condiciones que desde luego no  representan a la sociedad de la información en la que hoy estamos inmersos. Como la legislación nacional sólo obliga a que presten servicio de biblioteca a los ayuntamientos de municipios mayores de 5.000 habitantes, este servicio aparece en demasiadas ocasiones como algo voluntarista, y muchas veces la biblioteca tiene muy difícil cumplir su  misión de integración en la comunidad local y de constituir un verdadero motor de la vida ciudadana. La propia demanda social ha propiciado la creación de bibliotecas en pequeños municipios, a veces sujetas a vaivenes políticos y a subvenciones de otras administraciones públicas. Sus carencias se perciben en todo tiempo: escasos horarios, jornadas reducidas del bibliotecario, pequeñas colecciones que se quedan obsoletas, ... A veces la pasión de  los profesionales hace que veamos impresionantes ejemplos de buenos servicios bibliotecarios a pesar de los pequeños medios;  pero también las escasas retribuciones, no acordes con la titulación y responsabilidad social del bibliotecario, inciden en cambios demasiado frecuentes y envuelve a la biblioteca en una gran inestabilidad. En verano, he encontrado muchas bibliotecas cerradas para que el bibliotecario pudiera disfrutar de su período de vacaciones; este mismo hecho es significativo de la falta de mayoría de edad de este servicio público.

            5. Las librerías son un eslabón crucial en la vida del lector. Muchas son las amenazas a las que tienen que enfrentarse las librerías españolas. A la queja unánime respecto a la competencia que efectúan las grandes superficies comerciales, hay que unir un factor que me parece preocupante:  demasiadas veces nos encontramos con establecimientos que parecer “uniformados”, con idénticas novedades en sus escaparates, con estrategias comerciales que invitan sólo a leer a determinados autores...Las librerías de aeropuertos, centros comerciales, grandes superficies, aparecen como meros lugares de consumo, impersonales, sin comunicación posible con el lector. Son sin duda las reglas del mercado. Pero creo que hay otro tipo de librerías, ya sean generales o especializadas, que hay que proteger: librerías donde puedes respirar mejor desde que cruzas el umbral de su puerta, donde recibes información, lugares en los que el autor se mezcla de forma muy personal con el autor, librerías que realizan actividades de difusión y de promoción lectora con un cariño que resulta sobrecogedor,... Muchas veces estas librerías han puesto en marcha iniciativas conjuntas con la biblioteca pública y con centros docentes, y en localidades en las que la biblioteca se ha consolidado como un servicio esencial esas librerías han recibido también un importante apoyo. Quienes han entendido que no hay enfrentamiento entre ambas actividades culturales, hoy han conformado una realidad de promoción lectora que resulta muy creativa y firme. Sería aconsejable crear una figura de librería que, por su trayectoria y los servicios que realiza de forma continuada a la sociedad, pudiera percibir determinadas ventajas fiscales y financieras.

            6. Leer es un derecho de todos.  El acceso a la lectura, a la información, a las fuentes de la cultura tiene que constituir de forma positiva un derecho de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. Una de las constataciones más lamentables es que existe una creciente desigualdad de los españoles en el acceso a los servicios bibliotecarios. La débil e insuficiente legislación nacional, las desigualdades en las políticas y en las legislaciones autonómicas y, finalmente, la falta de regulación de los servicios de biblioteca pública en los municipios españoles, han acuñado un mapa de desigualdades que no se dan de forma tan acusada en otros servicios comunitarios. Tengo el convencimiento de que la biblioteca  pública es la puerta de acceso a la sociedad de la información y es la vía más democrática para que todas las personas puedan leer en libertad.  Los hábitos lectores no pueden medirse por el número de libros existente en cada hogar o por el número de libros que compra  una familia anualmente. Los indicadores más determinantes para ver el carácter lector de una sociedad son el porcentaje de población que es socio activo de una biblioteca, el número de libros que consulta en préstamo cada año o el gasto percápita que realiza un país, una región o un municipio en sostener sus servicios bibliotecarios. Consiguientemente los poderes públicos tienen la alta responsabilidad de diseñar un sistema nacional de lectura pública que facilite el acceso a toda la población, y que desde el consenso garantice la participación técnica y financiera de todas las administraciones públicas.

            7. Los Planes de Lectura, una estrategia de comunicación. He visto también con sorpresa la proliferación de Planes de Lectura promovidos normalmente por las Administraciones Públicas. Tras su análisis pormenorizado, tengo que concluir que me parecen positivos, aunque frecuentemente son una estrategia de comunicación. Por mi experiencia en los países bibliotecariamente más desarrollados, el mejor Plan de Lectura es contar con una Red de Bibliotecas Públicas moderna y amplia, dotada de todos los medios tecnológicos y de colecciones renovadas, y con un personal muy capacitado profesionalmente. Esta Red será la garantía de un buen servicio de forma estable a la sociedad y permitirá medir con indicadores establecidos internacionalmente las verdaderas características de la población en cuanto a su perfil de sociedad lectora. Las personas crecen y la biblioteca puede conformar buena parte de ese crecimiento integral.  He comprobado cómo los niños fueron haciéndose adultos de la mano de los libros en la biblioteca pública, y cómo se convirtieron en ciudadanos con capacidad de elegir y de discernir, en ciudadanos críticos que fueron empapándose de la sabiduría y del conocimiento que está en las bibliotecas.  Concluyendo, parecería conveniente que se propicie la articulación de un verdadero PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, que cuente con la participación del Ministerio de Cultura y la totalidad de las Comunidades Autónomas y ponga las bases legales y financieras para consolidar el desarrollo de la biblioteca pública en el conjunto de los municipios españoles.

            8. La lectura pública, una cuestión de Estado. De lo anterior parece obvio que la lectura pública, es decir los servicios de biblioteca pública, han de constituir una obligada cuestión de Estado. La lectura influye decisivamente en la formación de las personas, y por ello no se trata sólo de que los ciudadanos “consuman” libros. Se trata de que sean personas que puedan educarse desde la lectura y la información, que la lectura conforme en buena medida la estructura existencial de una persona. Y esta exaltación de la biblioteca como servicio público esencial no significa que estemos en contra de uno de los ámbitos comerciales más importantes en nuestro país: el libro y el sector editorial constituyen un factor económico muy importante, al que la potenciación de la red de bibliotecas públicas le ocasionaría sólo influencias positivas. Autores, editores, librerías y bibliotecas conforman un tejido que se necesita recíprocamente  y pueden potenciarse si se interrelacionan.  

            En fin, Señor, espero que el trabajo realizado durante estos dos años pueda serle útil. Yo ahora sólo he esbozado algunas de las ideas-fuerza que con más insistencia emanan del Informe, y cuya lectura completa espero pueda resultar de utilidad a Su Majestad.

            Quedo lealmente a su disposición.
            Un afectuoso abrazo de.
                                                          
                                                                       Mateo Gómez.





lunes, 19 de marzo de 2007

Combates por la biblioteca pública. Comparecencia de Mateo Gómez en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el 19 de Marzo de 2007

Combates por la biblioteca pública. Comparecencia de Mateo Gómez en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el 19 de Marzo de 2007”. Ponencia publicada en las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: La Biblioteca, motor de la transformación social.  (XIV Jornadas. 2007. Antequera [Málaga]) CD-ROM. 



jueves, 7 de septiembre de 2006

¿Ley de Bibliotecas? No, gracias



¿Ley de Bibliotecas? No, gracias*


Apenas 8 euros por habitante dedican  en España el conjunto de las Administraciones Públicas a los servicios de bibliotecas públicas. Este bajísimo gasto es más preocupante porque los crecimientos anuales son escasos y lentos y porque las desigualdades entre las regiones no sólo no se resuelven sino que se incrementan. Y ello se percibe en las estadísticas de préstamo de libros y otros soportes, en el número de actividades culturales y de animación a la lectura, en la renovación e incremento de las colecciones,...Un ejemplo: las colecciones bibliotecarias españolas ofrecen una triste media de 1,2 títulos por habitante. En general, junto a Comunidades Autónomas con unas  políticas estables y de apoyo a las bibliotecas públicas, en otras regiones las bibliotecas parecen abandonadas a su suerte y al voluntarismo de los profesionales que trabajan en ellas. Aunque es fructífero el camino recorrido en las últimas décadas, los indicadores bibliotecarios nos sitúan muy lejos de los países europeos más desarrollados y el avance experimentado en bibliotecas públicas es muchísimo más débil que el desarrollado por otros servicios públicos esenciales para la comunidad, como los centros sanitarios y educativos, por poner sólo dos ejemplos clásicos.

La realidad es que en 2006 más de 3.000 municipios españoles no tienen acceso a servicios bibliotecarios, por lo que a los españoles residentes en pequeños municipios se les niega el derecho a la lectura y a la información.  Las  ciudades tampoco se salvan de los graves problemas: muchas, que deben tener una verdadera Red Municipal de Bibliotecas que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, cuentan sólo con un centro bibliotecario. Como faltan obligaciones legales precisas y la cuestión de la financiación municipal sigue sin resolverse, conviven ciudades con planes modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos verdaderamente dramáticos. En conjunto, la biblioteca pública, sigue siendo una asignatura pendiente en las políticas culturales españolas.

            Quienes creímos y apoyamos el cambio político de 1982, escuchamos esperanzados la promesa de que el PSOE llevaría al Congreso una Ley de Bibliotecas;  pero éste fue uno de los grandes incumplimientos de aquel período ilusionante y, a la vez, decepcionante, especialmente en política cultural. Luego los responsables ministeriales,  tanto de gobiernos socialistas como populares,  empezaron a echar balones fuera y a proclamar que las competencias bibliotecarias eran de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales. Hoy seguimos exigiendo que se apruebe una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para la prestación de servicios de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país, desde el consenso entre las Regiones.  Si a esta carencia añadimos la dispar situación de las legislaciones autonómicas y la insuficiente regulación del servicio de biblioteca pública para los municipios, la desigualdad está servida.  Y aunque altos responsables públicos insisten en que  todos los españoles tenemos los mismos derechos en temas como  la educación, la sanidad, la vivienda,… son pocos los políticos que se pronuncian sobre el derecho de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse permanentemente mediante la biblioteca pública.
Parecía que el Ministerio de Cultura modificaba sus planteamientos:  anunció una Ley del Libro y la Lectura, añadiendo después el ámbito de las bibliotecas, y asumió políticamente que el Ministerio tenía algo que decir no sólo en su papel de coordinación sino también en los tres niveles competenciales posibles: legislativo, desarrollo legislativo y ejecución. De forma contundente, Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, proclamó en el Senado el 29 de septiembre de 2005 que “el Estado tiene competencias sobre las bibliotecas y puede actuar en esta materia en el territorio de cualquier comunidad autónoma...” Pero el anteproyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que presentó la Ministra de Cultura al Consejo de Ministros el día 12 de mayo suena a broma.

Este anteproyecto no ha seguido el necesario camino de participación  en un documento legal de tal importancia y  está repleto de buenas voluntades y de generalidades propias de otro tipo de declaraciones programáticas. Así que  no puedo más que mostrar mi decepción: no se garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a servicios bibliotecarios ni se aclaran las competencias de las distintas Administraciones Públicas; no se incluyen  compromisos concretos ni mínimos que resulten clarificadores y sirvan de mandato a los responsables competentes... A pesar de las buenas intenciones del preámbulo e incluso de alguno de los artículos, este anteproyecto de Ley nada aporta a las bibliotecas y, lo más importante, a los ciudadanos.  Las asociaciones profesionales y otros sectores afectados han presentado alegaciones y se están mostrando muy críticos con este anteproyecto. Percibimos que estamos ante  una legislación de salón,  y  que la Ministra de Cultura quiere presumir y pasar a la historia como la política que hizo una Ley de Bibliotecas, que articuló la lectura entorno a las bibliotecas. En la realidad, será la ministra que quiso vendernos el cuento de una Ley de Bibliotecas, pero que no resuelve ninguno de los problemas que las bibliotecas tienen en el conjunto de España.

            Hay dos opciones:  modificar los capítulos relativos a bibliotecas o exigir una Ley específica de Bibliotecas, independiente de la Ley del Libro y la Lectura, que realmente se ve era la preocupación del Ministerio. Con este anteproyecto, las bibliotecas seguirán siendo un servicio público de segunda división, demasiadas veces voluntario y al arbitrio del interés o desinterés del político de turno, y, en la práctica, los servicios bibliotecarios no serán un derecho de todos los ciudadanos. Junto a  los preocupantes indicadores, es más grave la falta de una política de Estado para afrontar el reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento, pero la Ministra de Cultura, como sus antecesores, mantiene un cierto complejo que le incapacita para ofrecer soluciones estructurales.  La biblioteca pública es un derecho de todos, y al Ministerio de Cultura corresponde abordar un plan coordinado con los gobiernos autonómicos que garantice este derecho al conjunto de la población española. El primer eslabón de ese Plan tiene que ser una Ley de Coordinación Bibliotecaria que dé respuesta a las necesidades reales de la sociedad española, garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios bibliotecarios y afronte el problema histórico de la biblioteca pública en España.   Aunque esta Ley es  urgente, el anteproyecto presentado no resuelve ninguno de los  problemas de las bibliotecas españolas. Clamo por una Ley de Bibliotecas,  pero así no, gracias.