Desinterés por las Bibliotecas
Públicas del Estado.*
En una investigación de próxima
publicación sobre las políticas bibliotecarias en España, basada en el análisis
de los programas electorales de los partidos políticos en las elecciones
generales del período 1977‑1993, demuestro el desinterés general de la clase
política española hacia la lectura pública. Pero no sólo para los políticos no
son prioridad las bibliotecas: la sociedad española, en su conjunto, con las excepciones que confirman la regla,
no está suficientemente sensibilizada sobre la necesidad de acceder a la
información y la cultura a través de la
biblioteca pública. Por ello, y aunque
las comparaciones son siempre odiosas, no es extraño que el pasado año nadie
pusiera reparos a la adquisición por el Estado
de la colección de arte Thyssen‑Bornemisza; incluso algunos críticos
destacaron la verdadera ganga de esa compra, que supuso al
Estado un gasto de 44.100 millones de pesetas, frente a los 300.000 en que
valoraban la colección los especialistas. Pero, ¿podía permitirse el Estado ese
lujo, considerando las todavía tremendas lagunas de nuestro país en infraestructura cultural,
especialmente en el campo de las bibliotecas públicas? Admitiendo la
importancia de esa colección, ¿alguien tuvo en cuenta si en estos momentos de
crisis socioeconómica era justo destinar tan altas cantidades del presupuesto
nacional a su adquisición? ¿era prioritaria para la formación de los españoles?
Ya sé que son situaciones que se presentan una sola vez y que el Gobierno
estaba ante una verdadera encrucijada, pero ¿dedicar esa cifra a ese patrimonio
artístico no es un gesto propio del hidalgo pobre que describe El Lazarillo de Tormes? Lo cierto es que
esa decisión contrasta con las cantidades destinadas por el Ministerio de
Cultura a inversiones en las Bibliotecas Públicas del Estado: en el amplio
período 1983‑1993, entre nuevos edificios y remodelaciones de los existentes,
el total invertido ha sido de 11.686 millones de pesetas, es decir apenas un
25% de lo que el Estado gasta en las 775 obras que integran la colección. A
primera vista, estos once mil millones pueden parecer una cifra muy elevada,
pero cuando se sabe lo que aún falta para, al menos, dignificar la red de estas
Bibliotecas y el escaso presupuesto anual del Ministerio al efecto, aterra
pensar los años necesarios para poder disponer de una red de Públicas del
Estado ‑la gran mayoría de ellas teórica
cabecera del correspondiente Sistema Bibliotecario Provincial‑ adecuada
y que preste los servicios que la sociedad demanda o precisa.
Estos días, paralelamente al debate
de los Presupuestos del Estado para 1995, se alzan voces contra la inversión
del Ministerio de Cultura en el Liceo de Barcelona, frente a las partidas
previstas para rehabilitar las catedrales. Las propias autoridades hablan, por
ejemplo del Museo del Prado o del Reina Sofía; pero pocas veces rompen su
habitual silencio sobre las bibliotecas.
Y, desde luego, a la hora de poner reparos a los presupuestos, tampoco la
oposición muestra interés por las
políticas bibliotecarias.
¿Por qué el Ministerio, con el apoyo
solidario de todo el Gobierno, no proyecta un Plan de Bibliotecas que permita
completar el programa inversor básico antes del año 2000? La respuesta es muy
simple: porque las bibliotecas públicas no son prioritarias para el Gobierno
español. Si no, ¿cómo entender que en el
conjunto de países integrados en la Unión Europea mantengamos esa vergonzosa
penúltima posición que desde hace décadas denuncian las estadísticas europeas
sobre bibliotecas públicas?
Claro es que en este aspecto, como
en otros, el Gobierno escuda su poco interés en el desinterés bastante generalizado que gran parte de la sociedad
española muestra hacia las bibliotecas. Pero ello no es ni ética ni
políticamente justificable. Es
sintomático, por ejemplo, que las empresas especializadas en estudios y
sondeos de opinión no incluyen a las bibliotecas entre las posibles cuestiones
que preocupan o interesan a los ciudadanos. Y no quiero decir que nunca son
mencionadas en algún porcentaje significativo: me refiero a que, incluso, ni
siquiera se incluyen como opción de respuesta, como sí se hace con el
patrimonio histórico‑artístico, la educación, etc. También parece un signo el
hecho de que casi nunca se produzcan demandas organizadas, por asociaciones
vecinales u otros colectivos ciudadanos, solicitando de las administraciones
públicas correspondientes la instalación o mejora de una biblioteca pública, al
contrario de lo que ocurre en el caso de centros de salud, escuelas u otros
servicios públicos.
Claro que en los últimos años ha
habido avances, pero insuficientes, sobre todo por las expectativas que el
triunfo del PSOE en 1982 tuvo para el mundo de la cultura. Pero, dentro de la
mala situación general, el caso de Castilla‑La Mancha es verdaderamente
gravísimo. Las llamadas “Bibliotecas Públicas del Estado” (que deberían
llamarse Bibliotecas Públicas Provinciales), de titularidad estatal aunque
gestionadas por la Junta de Comunidades, han padecido el olvido por parte del
Ministerio. Sólo la de Albacete tiene un nuevo edificio, pero, abierta en 1984,
su construcción se había iniciado antes de la llegada al poder de los
socialistas. Las restantes tienen unos problemas de espacio y de medios que
impiden que cumplan con su misión ante la sociedad: en los actuales edificios
de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo no sólo no cabe un libro; es que
no es posible que se pongan en marcha servicios al público totalmente
imprescindibles hoy en una biblioteca.
Se abren, no obstante, ventanas de
esperanza: la oposición ciudadana que hubo en Toledo a la división de los
fondos de esta Biblioteca, y la actual lucha que una plataforma cívica plantea
en Guadalajara para que la biblioteca permanezca en el emblemático Palacio del
Infantado, ampliando sus espacios con la adquisición de un edificio anejo, son
posiciones que nos hacen pensar que, poco a poco, la sociedad está
reaccionando. Sin duda, en ello tienen bastante que ver los bibliotecarios; de
la calidad y el esfuerzo de estos profesionales sí que puede sentirse orgullosa
nuestra Región.
